La insolvencia catalana encarrila la intervención total del Estado español. En el momento de escribir este artículo ya nadie duda de que el Estado español será rescatado en el mes de septiembre. Aún no se sabe la fecha exacta, aunque la agencia Goldman Sachs ha asegurado que será a mediados de este mes cuando el […]
La insolvencia catalana encarrila la intervención total del Estado español. En el momento de escribir este artículo ya nadie duda de que el Estado español será rescatado en el mes de septiembre. Aún no se sabe la fecha exacta, aunque la agencia Goldman Sachs ha asegurado que será a mediados de este mes cuando el gobierno español pida el rescate tras saber la opinión del Tribunal Constitucional alemán sobre el Fondo de Rescate Permanente (MEDE, Mecanismo Europeo de Estabilidad).
A esto se tiene que añadir el rescate que la Generalitat de Catalunya ha pedido al estado central por valor de más de 5.000 millones de euros. Es ya la tercera comunidad autónoma que pide dinero del fondo de liquidez -dotado de 18.000 millones de euros, de los que se habrán comprometido ya más de la mitad. A cambio del dinero, el gobierno de CiU pondrá en marcha un plan de ajuste, tal como indica la normativa del fondo de liquidez. Es decir, habrá nuevos recortes sociales y laborales.
La insolvencia de las diferentes administraciones locales solo son el preludio de un rescate total de la economía del Estado español, que se producirá en este otoño.
Este nuevo rescate supondrá la imposición de duras condiciones para las clases populares. Son varias las fuentes que informan que el gobierno del PP está negociando ya las condiciones para dicho rescate, conocidas como el Memorándum de Entendimiento, una lista de exigencias que la troika haría al Estado español a cambio del dinero prestado.
Sin saber exactamente estas condiciones, podemos aventurar que vendrán en forma de más recortes en los derechos laborales y sociales teniendo en cuenta la experiencia del rescate de la banca de julio pasado, que vino acompañado de recortes para los funcionarios y funcionarias y las personas en paro y de una subida de impuestos para el consumo, entre otras medidas.
La razón del rescate es la misma que la que llevó al ejecutivo del PP a pedir dinero al Banco Central Europeo (BCE) en julio de este año: la deuda de la banca española y la necesidad de liquidez de los bancos para volver a prestar el dinero y poner en marcha de nuevo la máquina de la especulación. Una deuda que desde ahora hasta diciembre llegará a 80.000 millones de euros y a la que el Estado español será incapaz de hacer frente.
Sin embargo, este rescate no acabará con los problemas de la deuda ni será una solución para salir de la crisis. Un nuevo rescate no hará otra cosa que aumentar la deuda pública y el Estado tendrá que pagar unos intereses altísimos para salvar a los mercados.
Como hemos visto en otros países como Grecia o Irlanda la espiral de rescates y austeridad que responden a la lógica neoliberal lo único que está haciendo es empeorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, por lo que oponerse al rescate y exigir un referéndum es la única salida si queremos defender los intereses del 99%.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.