La noticia apareció y se trató prácticamente sin trascendencia. Quizás porque involucraba a dos naciones africanas. Pero que un país, cualquiera que sea, detenga en el aeropuerto de su capital a una cincuentena de efectivos de un Estado vecino y que bajo cargos de espionaje los juzgue y les aplique condenas que van desde 20 años de prisión a pena de muerte, no es una cuestión menor.
El 10 de julio pasado en el aeropuerto de la ciudad de Bamako, capital de Mali, exactamente 49 efectivos del ejército de Costa de Marfil, 30 de ellos miembros de fuerzas especiales, fueron detenidos por portación y traslado de armas de manera ilegal y procesados por intentar atentar contra la seguridad del país.
Costa de Marfil, al sur de Mali, con el que comparte una frontera de casi 550 kilómetros, alegó que los militares detenidos habían sido contratados por la empresa privada de trasporte aéreo Sahel Aviation Service (SAS) la que a la vez brinda servicios a la Misión de Mantenimiento de la Paz de la ONU en Mali (MINUSMA). Los funcionarios del Departamento de Operaciones de Paz de la ONU no informaron de si esos efectivos realmente llegaron a Mali para lo que había sido contratados por la SAS y apoyar a la MINUSMA, una fuerza de 15.000 hombres que desde hace una década intenta sin éxito controlar a los fundamentalistas wahabitas, que se siguen expandiendo sin control por toda África occidental.
La crisis, de los detenidos precipitó cuestionamientos no solo por parte de las autoridades marfileñas, sino también de otros países del continente, organizaciones regionales y todas las potencias occidentales.
Por su parte Abiyán ha ordenado la retirada de los 900 efectivos que formaban parte de la MINUSMA. Acción que ya anunciaron que seguirán las fuerzas de Suecia, Alemania y Benín, mientras Egipto dijo estar considerando esa posibilidad.
Para poner en marco esta situación hay que atender que Mali está encabezando una insubordinación regional contra Francia, la antigua metrópoli colonial. Quizás nunca en la historia el rechazo a la presencia francesa en África Occidental ha sido tan evidente. Las manifestaciones y protestas son constantes y cada vez más amplias no solo en Malí, sino también en Burkina Faso -donde el Gobierno acaba de expulsar al embajador Luc Hallade- así como en Chad, Ghana, Níger y República Centroafricana que exigen a París el retiro de las fuerzas militares y el abandono de sus estrategias de presión económicas y política contra sus gobiernos.
De ahí la decisión de la Justicia maliense de condenar a 46 soldados de Costa de Marfil, por conspirar contra el Estado, a 20 años de prisión, además de multas de tres dólares para cada uno. Mientras tres mujeres que habían sido liberadas en su momento fueron condenadas a muerte, en rebeldía, por no presentarse a la audiencia en el tribunal.
Las condenas son una respuesta rotunda a las presiones de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés), que exigían la liberación de los acusados antes del primero de enero de 2023.
Algunas versiones insisten en que entre los 49 militares marfileños había mercenarios provenientes Togo, Liberia, Gambia y el Congo, sin especificar si de la República Democrática o del Brazzaville. Según la misma fuente se conoció que cuando el presidente de Togo, Faure Gnassingbé, llegó a Bamako en el mes de septiembre para mediar en el conflicto de los militares marfileños, el coronel Goïta entregó a los cuatro mercenarios togoleses a los que Gnassingbé envió a su país para ser enjuiciados por la justica togolesa. Desde entonces la figura del presidente togolés cómo mediador, muy discretamente se ha ido eclipsando.
El origen del conflicto que vive Mali con muchos de sus vecinos se centra en la rectificación del rumbo que dio el Consejo Nacional de Transición (CNT) el 21 de mayo del 2021 al golpe de agosto del 2020, el cual se había dado con la anuencia de París contra el Gobierno -legal pero profundamente corrupto- de Ibrahim Boubacar Keïta, que además había demostrado su total ineptitud, en la guerra contra las khatibas fundamentalistas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS), que operan sin control en el norte del país.
Tras dicha corrección la CNT, encabezada por el ahora presidente, el coronel Assimi Goïta, ha desoído las “sugerencias” francesas al proceso de institucionalización del país, postergar las elecciones presidenciales y aplicando otras estrategias para el combate al terrorismo tras el desastre de la Operación Barkhane, una fuerza de 5.000 mil hombres del ejército francés, que desde el 2012 opera en Mali y otras naciones vecinas sin logros destacables.
Por lo que no es aventurado considerar que Francia alienta el terrorismo e incluso introduce mercenarios para desestabilizar a los diferentes países de la región que fueron antiguas colonias, lo que le permite seguir controlándolos y usufructuar sus recursos naturales manteniendo su presencia militar, más que como apoyo a la guerra contra el integrismo, como fuerza de control y presión.
Desde que los militares malienses dieron su segundo golpe y decidieron contratar los servicios de los mercenarios rusos del Grupo Wagner y renunciar a la “colaboración” francesa, una voraz campaña de prensa se ha lanzado contra el Gobierno de los coroneles acusándolos de constantes violaciones de los derechos humanos, matanzas contra la población civil y saqueos de los bienes de los ciudadanos, descubriendo muy oportunamente la existencia de tumbas ilegales.
Varios gobiernos de la región intentaron disuadir a Bamako para que libere a los marfileños, entre ellos Nigeria, que envió a su ministro de Asuntos Exteriores a Mali para reunirse con el coronel Goïta. Según medios malienses el coronel Goïta habría pedido que Costa de Marfil entregara a varios políticos, acusados de corrupción y con requerimiento internacional de la justicia maliense, que han encontrado refugio de Costa de Marfil y siguen conspirando contra su Gobierno. Entre los requeridos se mencionan a Karim Keïta, hijo del presidente derrocado Ibrahim Boubacar Keïta -muerto en enero del año pasado- y a Tiéman Coulibaly, exministro de Relaciones Exteriores y Defensa del gobierno de Keïta.
Incluso el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Karim Keïta, por recibir sobornos y por malversación de fondos públicos. Karim, además, es el principal responsable de la desaparición, tortura y muerte en 2016 del periodista local Birama Touré, del Le Sphinx, que investigaba a Karim por negociados en la compra de armas, la adquisición de un avión y otras operaciones ilegales. Touré habría sido detenido en una prisión clandestina de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE), entonces controlada por hombres de Karim Keita, como el siniestro general Moussa Diawara, ya detenido en Mali.
«Volverán a casa», ¿volverán?
Por su parte, el presidente marfileño Alassane Ouattara, quien visitó Bamako el 22 de diciembre pasado, en su discurso de fin de año transmitido por la televisión nacional RTI, afirmó que “regresarán pronto a suelo marfileño” a pesar de haber sido declarados culpables de sedición y de atentar contra la seguridad del Estado, así como de poseer, portar y transportar armas y municiones de guerra con el fin de alterar el orden público mediante intimidación o terror, según se ha demostrado en el juicio de dos días realizado en Bamako.
Algunos analistas insisten en que en el acuerdo conseguido por el presidente Ouattara en su vista a Bamako se incluye el perdón presidencial con el que el coronel Goïta buscaría beneficiarse frente a la opinión pública internacional, que lo está convirtiendo en un verdadero monstruo, al estilo de Gaddafi, Lumumba o Sankara. Aunque más allá de cualquier estrategia publicitaria, Goïta busca la detención y entrega de los prófugos de la justicia maliense.
Se cree que durante las primeras semanas de enero podría concretarse la amnistía de los militares marfileños y queda por ver si serán entregados los exiliados reclamados por los tribunales de Mali. Aunque más allá de cualquier acuerdo hay que considerar qué acción tomará Francia, que sigue presionando a Costa de Marfil para impedir cualquier acuerdo con los coroneles de Bamako, intentando perpetuar su campaña de desestabilización contra Mali cuyo rugido ha comenzado a extenderse por África.
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.
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