El dedo censor de la judicatura conservadora se entromete en el último sprint del trámite parlamentario. El equipo de Puigdemont advierte que todo puede caerse como un castillo de naipes si no se incorporan nuevas enmiendas por “terrorismo”. El ‘lawfare’ y la aplicación de la amnistía, explicado por Martín Pallín.
“Si hay que elegir entre España y la unidad del Estado, entre las banderas fachas, el Txapote y cara al sol de Borja Mari y Cayetanos (…) Si tengo que elegir entre esa España y una amnistía que me resbala, la España que no roba los derechos con la patria, enfrente de quien entierra y fusila la libertad… pa’ mi esta tierra y pa’ ti tu España», cantaba estos días la comparsa de García Rendón, en un vídeo que fue viral tras verse en la TV pública andaluza, escandalizando a más de un televidente conservador.
El debate por la amnistía ha trascendido tanto que hasta se cuela en los versos de las chirigotas del Carnaval de Cádiz. Para la derecha nacionalista española es un asunto que clava la estaca en el corazón de su doctrina, la unidad indivisible del Estado, mientras que para el progresismo es clave para la sostenibilidad de la legislatura y mantener al trumpismo fuera de la Moncloa.
El
ambiente está exaltado pero no al nivel que desea la derecha radical.
Ya no saben qué hacer para trasladar a las calles el enfado y que se
incendie el clima social. Las encuestas empiezan a mejorar para el PSOE
y las escenas patéticas de una Nochevieja azotando un muñeco tampoco
ayudan a la causa conservadora. Queda una terminal que actúa con
autonomía y precisión quirúrgica: la judicatura.
Negociación contrarreloj
El nuevo auto de esta semana del juez Manuel García Castellón, que lleva la causa de presuntos actos de terrorismo en la toma del aeropuerto de El Prat por parte de Tsunami Democràtic, ha encendido las alarmas en el bloque de investidura. Si bien es en referencia a otros activistas, exhibe su tendencia a avanzar a por todas en este proceso, que tiene como principales imputados nada menos que al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira.
Fuentes del equipo jurídico que asesoran al ahora eurodiputado que reside en Waterloo han explicado a El Salto admiten que les da “miedo que todo esto no pueda funcionar” si no se incorporan algunas de las enmiendas restantes que el PSOE, Junts y ERC no han pactado, que blindan jurídicamente en este asunto la amnistía.
“En los ámbitos judiciales está circulando hace días un manual de cómo presentar recursos de inconstitucionalidad y cuestiones prejudiciales con modelos de resolución previamente elaborados. Parece existir cierta coordinación entre determinados jueces para combatir esto en todas las vías posibles. Lo hemos encontrado en internet, circuló en los correos corporativos de jueces”, aseguran letrados de Junts.
Para el entorno de Puigdemont, no hay dudas. Creen que lo que desea la judicatura es dilatar lo más posible la aplicación de la amnistía hasta que haya otra mayoría parlamentaria. “Quieren impedir que se aplique y esperar un nuevo ciclo”, enfatizan. Evitar la paralización del proceso del perdón general requiere, según las mismas fuentes, incorporar más enmiendas.
Hay varias transaccionales que Junts y ERC todavía no han logrado aprobar y esperan poder hacerlo en el pleno del próximo martes. Los posconvergentes hacen hincapié en la enmienda que blinda la posibilidad de encausar a los políticos y activistas catalanes por terrorismo, a la vista de los intentos de García Castellón. Según Junts las enmiendas pactadas “han agregado algo a medio camino y deja mucho margen a los tribunales”.
El objetivo es llevar la ley “a su máximo esplendor” para que los magistrados no encuentres grietas legales, que hasta ahora las hay, a los ojos de los juristas de Puigdemont. Las negociaciones prosiguen contrarreloj para llegar al pleno del 30 de enero con todos los flecos resueltos. No es baladí: la causa por terrorismo afectaría a 26 personas en total, 11 de ellas ya imputadas, entre las cuales están el expresident y Rovira, quienes seguirían sin poder volver a territorio del Estado español.
Tampoco en Junts tienen esperanza que ocurra una partida similar a lo que ha padecido Podemos, es decir, que los jueces de instrucción jueguen libremente al ‘lawfare’ pero luego el Tribunal Supremo archive las causas (más de 20 en el caso de la formación morada y sus dirigentes). “El Supremo no se quiso enfangar con lo de Podemos pero en esto (el Procés) fue un actor importante en la lucha y no tendrá reparo. Está metido hasta el fondo en esto, van a tratar de redefinirlo como ‘kale borroka’ para frenar la amnistía”, auguran.
En esto hay un escollo: la cada vez peor relación de algunos negociadores catalanes con el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños. Incluso empieza a convertirse en un problema personal y algunos soberanistas no creen que el obstáculo sea el presidente del Gobierno sino la personalidad de su ministro. En las últimas horas Bolaños ha dejado la puerta abierta a que las nuevas enmiendas se aprueben en el mismo pleno.
Además está siempre sobrevolando la interna catalana. En Junts creen que no cuentan con ERC como aliado en esta presión al PSOE y consideran que son algo ingenuos. Pero fuentes del grupo Republicano preguntadas por El Salto afirman que persistirán en los intentos hasta el próximo pleno y que insistirán en las enmiendas propias.
La aplicación, en duda
El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, quien fue presidente de Jueces por la Democracia y varias asociaciones progresistas vinculadas al Poder Judicial, suele ser un azote en sus intervenciones mediáticas contra sus colegas volcados al ‘lawfare’.
En conversación con El Salto, Martín Pallín recuerda que ese concepto ha sido acuñado en Estados Unidos pero que él prefiere el de “activismo judicial, es decir, jueces que se implican en cuestiones con contenido político”. Según él, los actos de los encausados del ‘procés’ son no constitucionales pero tampoco delictivos. Señala a lo que ha sufrido Podemos, los Comuns y las 16 causas abiertas a Ada Colau, y al independentismo como los ejemplos más flagrantes de un ‘lawfare’ del cual “pagó el primer tributo Juan María Atutxa, ex presidente del Parlamento vasco, condenado por desobediencia, sentencia anulada por el Tribunal de Estrasburgo”.
“No deja de llamar la atención que los jueces con las togas en la calle y en tropel hagan una ruptura de los principios mas elementales de la democracia: han atacado ferozmente y hasta de manera insultante al presidente del Gobierno, y la ley todavía no está en el BOE, anunciando con bombos y platillos que se plantearán cuestiones al Tribunal de Estrasburgo”, reflexiona este magistrado.
Sobre la ejecución en sí mismo de la amnistía, explica: “La amnistía se aplica o no se aplica, pero hablar de inconstitucionalidad es raro. La ley se puede aplicar al día siguiente mismo de su publicación del BOE. Como la mayoría de los asuntos están residenciados en Catalunya habrá bastantes jueces catalanes que al día siguiente de la publicación del BOE la apliquen. Queda la incógnita de la Sala 2 del Supremo… yo dudo mucho que vayan a plantar una cuestión prejudicial, sería temerario que lo hagan en el sentido de lo que dice el PP, que sostiene va en contra de los principios fundamentales de la UE”.
Martín Pallín asegura que si esto fuera así, entonces “habría que expulsar” a Portugal, Francia, Italia y Alemania porque son Estados “que han hecho amnistías y la tienen en su constitución”. Al ser preguntado sobre la aplicación, responde que es el tribunal sentenciador el que debe hacerlo.
En el caso de los nueve condenados y los que están en rebeldía (como Puigdemont, Clara Ponsatí, etc), es el Supremo el que deberá aplicarla. “Si no la aplica podría plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial a Estrasburgo. Eso dilataría las cosas, aunque creo que eso sería delictivo. Están sometidos al imperio de la ley, así que o la aplican o plantean una cuestión de inconstitucionalidad. Me gustaría que no hiciésemos el ridículo en Europa, aunque vistos los antecedentes, hay un riesgo de que lo hagamos”.
¿Y Sánchez? Feijóo ha comentado a algunas personas de su entorno que intuye que al líder del PSOE le gusta la dilación de todo este proceso porque de esta forma tiene atados a los siete escaños de Junts, porque es sólo con él y a través de él que lograrán la amnistía. Cuanto más tiempo tarde esto, menos difícil las negociaciones de ciertas leyes. En el mundo Moncloa todo es posible.