Madrid, 20 jul (IPS) – Acciones judiciales en España y en Estados Unidos sobre las cuentas bancarias secretas del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, pueden ser el arma para acabar con la dictadura que ejerce desde 1979, sostienen líderes opositores de ese país de Africa occidental. Esos juicios pueden iniciar el fin de la […]
Madrid, 20 jul (IPS) – Acciones judiciales en España y en Estados Unidos sobre las cuentas bancarias secretas del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, pueden ser el arma para acabar con la dictadura que ejerce desde 1979, sostienen líderes opositores de ese país de Africa occidental.
Esos juicios pueden iniciar el fin de la dictadura «que ha convertido al país en una enorme cárcel», dijo a IPS Celestino Okenve, presidente de la organización no gubernamental Foro Solidario con Guinea Ecuatorial (FSGE), que se apresta a efectuar una denuncia ante tribunales españoles.
En las cárceles del país malviven entre cincuenta y cien presos políticos por celda, «y todo el territorio nacional está convertido en una prisión para el resto de la población», de casi medio millón de habitantes.
En Guinea Ecuatorial no se puede hablar de política ni trasladarse con libertad de un lado a otro, pues hay controles policiales y militares cada veinte o treinta kilómetros, añadió.
El Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos informó la semana pasada de la existencia de unos 700 millones de dólares en cuentas del banco Riggs, con sede en Washington, a nombre de Obiang y de sus familiares y colaboradores, con depósitos o transferencias procedentes de compañías petroleras estadounidenses.
En el mismo banco, las investigaciones conducidas por el opositor senador demócrata Carl Levin hallaron cuentas secretas del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990).
Severo Moto, líder del opositor Partido del Progreso (PP) y presidente del gobierno guineano en el exilio, creado en Madrid, dijo a IPS que Obiang debería abandonar el poder de inmediato.
Pero como eso no es previsible, corresponde que la oposición se una y apoye el inicio de juicios «para acabar con este ladrón despiadado que se llena sus bolsillos y los de los suyos mientras la población pasa hambre y miserias, siendo el nuestro un país muy rico», añadió.
La pequeña nación sobre el océano Atlántico que fue colonia portuguesa hasta 1778 y enclave español hasta su independencia en 1968, cambió radicalmente su suerte a mediados de los años 90, cuando se descubrieron ricos yacimientos de petróleo.
Las tradicionales exportaciones de cacao, café y madera cedieron el primer lugar a los hidrocarburos. El producto interno bruto creció 71,2 por ciento en 1997, 22 por ciento en 1998, y 15 por ciento en 1999.
Al petróleo siguió, en 2001, el hallazgo de gas natural, que impulsó un nuevo avance de la economía.
En 1998, el Fondo Monetario Internacional denunció que «Obiang tranquilamente se apoderó de 96 millones de dólares» de los 130 millones ingresados a las arcas del Estado por la explotación petrolera, recordó Moto.
Lo importante es que los juicios se inicien por denuncias de organizaciones no gubernamentales, como el FSGE, para que el dictador no pueda argumentar que se trata de «una venganza de la oposición», opinó.
El FSGE iniciará una querella penal ante tribunales de España para que se investigue la existencia de cuentas de Obiang en bancos de este país, «pues las investigaciones estadounidenses ya aportaron pistas», dijo Okenve.
Moto estimó que las elecciones legislativas y municipales celebradas en su país el 25 de abril, fueron un fraude en el que la Organización de las Naciones Unidas «dejó a Obiang las manos libres para torturar a presos y someterlos a una farsa de juicio sin ninguna garantía política».
Esto ocurrió porque no se establecieron controles sobre el respeto a los derechos humanos en el proceso comicial, explicó.
Otro dirigente opositor, Plácido Micó, manifestó a IPS su esperanza de que Madrid inicie una investigación similar a la de Estados Unidos, para comprobar si Obiang ha utilizado bancos españoles para abrir cuentas «dentro o fuera de España, porque para algo están los paraísos fiscales».
España tiene mecanismos para desarrollar esa investigación, y lo ocurrido en Estados Unidos es una prueba de que «Obiang ha utilizado el dinero del petróleo en beneficio suyo, de sus familiares y colaboradores y no para desarrollar el país», afirmó Micó.
Obiang juega ante Madrid la carta del abundante petróleo, de momento explotado por compañías francesas y estadounidenses, pero codiciado por las petroleras españolas.
Además, cientos de religiosos españoles trabajan en Guinea Ecuatorial, sobre todo en actividades de educación a la población marginada. Sus vidas podrían correr peligro si Obiang se ve acosado por Madrid y los tribunales españoles, señalan organizaciones no gubernamentales a las que pertenecen esos trabajadores voluntarios.
En Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, el ministro de Información y portavoz gubernamental Alfonso Nsue Mokuy, afirmó el domingo que las conclusiones del informe del subcomité del Senado estadounidense son una maniobra de la prensa española, para «desestabilizar la democracia guineana».
A la nación africana llega muy poca información del exterior, la mayor parte a través del canal internacional de la cadena estatal Televisión Española. «Por eso Obiang está evaluando obligar a quitar las antenas receptoras», dijo Okenve.
El gobierno guineano en el exilio está apoyado por una coalición del Partido del Progreso, la Acción Popular de Guinea Ecuatorial y el Partido Liberal. No forma parte de ella la Convergencia para la Democracia Social, que dirige Micó.
El país de Africa occidental cuya lengua predominante es el español (oficial junto con el francés) vive bajo la dictadura de Obiang desde 1979, cuando éste encabezó un golpe de Estado contra su tío, Francisco Macías Nguema, quien gobernaba con mano dura desde la proclamación de la independencia, en 1968.
Desde 1984, Obiang gana las elecciones presidenciales con casi 100 por ciento de los sufragios. Pero los electores no gozan de la protección del voto secreto.
Así se mantiene a la ciudadanía bajo el terror, afirman opositores que reclaman la renuncia de Obiang y la celebración de elecciones libres.