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Revelaciones de la congresista Cynthia McKinney

«El Tribunal Penal Internacional sobre Ruanda es una estafa»

Fuentes: Umoya

La Congresista americana Cynthia McKinney, enviada especial de Bill Clinton a África revela que el atentado de 6 de abril de 1994, contra el Presidente ruandés, fue un golpe de estado. Afirma que el Gobierno Clinton había decidido cambiar el régimen en Ruanda. Por eso, Paul Kagame llegó al poder por la violencia y la […]

La Congresista americana Cynthia McKinney, enviada especial de Bill Clinton a África revela que el atentado de 6 de abril de 1994, contra el Presidente ruandés, fue un golpe de estado. Afirma que el Gobierno Clinton había decidido cambiar el régimen en Ruanda. Por eso, Paul Kagame llegó al poder por la violencia y la guerra. Según ella, el Tribunal Penal Internacional que pretende juzgar a los hutus, es un circo judicial lamentable. Ella fue la única elegida que organizó una mesa redonda en el Congreso americano sobre el atentado del 6 de abril de 1994 con agentes del FBI, personal de la CIA, investigadores del Tribunal Penal Internacional y testigos del atentado. Remitió las pruebas al Juez Bruguière y es testigo importante, con el Premio Nóbel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, en la investigación que lleva a cabo la justicia española sobre el saqueo de la República Democrática del Congo (RDC) y los crímenes cometidos por Kagame en Ruanda y la RDC, contra sacerdotes españoles, así como contra ruandeses y congoleños.

Conocida en Estados Unidos por sus posturas valientes contra la guerra de Irak y el saqueo de África por parte de los países occidentales, Cynthia McKinney es la primera elegida negra americana del Congreso que pidió una comisión de investigación sobre los acontecimientos del 11 de septiembre en Nueva York, ha investigado ampliamente sobre la tragedia de los Grandes Lagos. Denuncia una política internacional americana brutal e irresponsable en África negra.

¿Por qué organizó en 2001, una mesa redonda sobre el atentado del 6 de abril?

Lo que pasó en Ruanda no es un genocidio planificado por los hutus. Es un cambio de régimen, un golpe de estado terrorista perpetrado por Kagame con la ayuda de fuerzas extranjeras. He seguido de cerca la tragedia de los Grandes Lagos y creo que hacía falta hacer que la verdad saliera a la luz en los Estados Unidos. Por eso, en aquel momento, decidí reunir a funcionarios de la ONU, investigadores americanos, expertos de la CIA, testigos ruandeses y elegidos americanos preocupados por este sufrimiento y violencia infligidos a África y los africanos. Personalmente, escribí a Bill Clinton para decirle que su política en África era un fracaso. Sigo sin entender por qué se trató así al pueblo ruandés, cuando el país era relativamente estable. No entiendo por qué el Tribunal Penal Internacional rehúsa investigar el atentado, cuando la ONU lo ha reconocido como elemento desencadenante de las masacres. No entiendo por qué los países occidentales y los Estados Unidos en particular, dejan hacer a Kagame en la RDC. No entiendo por qué el Ejército Patriótico rwandés (APR) masacra, saquea, roba y viola a las mujeres en la RDC sin que el mundo entero se estremezca. No entiendo ese silencio, que es como un estímulo, de la Comunidad internacional hacia crímenes abominables perpetrados por Kagame y sus hombres.

El Tribunal Penal Internacional sobre Ruanda persigue actualmente a los hutus. ¿Cree que hace un buen trabajo?

Ese tribunal es una vergüenza internacional. Es una verdadera estafa, como muestra la excelente investigación del periodista Charles ONANA. Ese libro que recibí y que está muy documentado, pone al desnudo las prácticas discutibles del Tribunal de Arusha. ¿Cómo pueden pretender juzgar a los criminales hutus, mientras que están en libertad Paul Kagame y la gente del APR que abatieron el avión y asesinaron a miles de hutus, así como a tutsis, españoles y congoleños? No puedo creer que esa gente, que se benefició de una formación militar en Estados Unidos desde 1990, utilice sus capacidades con fines criminales. Por esa razón hemos depositado una querella en España, como parte civil, con el Premio Nóbel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Juan Carrero, candidato español al premio Nóbel de la Paz y tres Entidades locales españolas para dilucidar los crímenes cometidos en la RDC y Ruanda desde 1990 a 2002. Como he seguido personalmente el expediente de los Grandes Lagos, en el seno del Partido Demócrata y en el Congreso, creo que el trabajo que hacen los magistrados españoles será útil para la verdad.’