El presidente Obama confronta actualmente a la mayoría de sus oponentes republicanos acerca de la prórroga de las reducciones de impuestos de Bush a favor del 1 por ciento más rico de los contribuyentes. Entre 1979 y 2007, el 1 por ciento más rico recibió las tres quintas partes de todos los aumentos de ganancias […]
El presidente Obama confronta actualmente a la mayoría de sus oponentes republicanos acerca de la prórroga de las reducciones de impuestos de Bush a favor del 1 por ciento más rico de los contribuyentes. Entre 1979 y 2007, el 1 por ciento más rico recibió las tres quintas partes de todos los aumentos de ganancias del país. La mayor parte fue a parar a manos de la décima parte más rica de ese 1 por ciento, personas con un ingreso promedio de $5,6 millones (incluida la plusvalía).
Así que esto es una barbaridad en cuanto a la distribución justa. Permitir que caduquen las reducciones de impuestos de Bush para el 1 por ciento más rico de los norteamericanos revertiría parte de la vasta redistribución hacia arriba de los ingresos que ha tenido lugar a partir de la década de 1970. Sin embargo, deben hacerse un par de advertencias. En primer lugar, restaurar esos impuestos para los ricos y superricos no haría en sí mucho por la débil economía, ni por los 23 millones de personas que están desempleadas, trabajando involuntariamente a tiempo parcial o que han abandonado la búsqueda de empleo. Es más, en el futuro inmediato, por sí misma tendría un impacto negativo en la economía y el empleo si el gobierno federal no utilizara los ingresos adicionales para incrementar el gasto.
No obstante, en el actual clima político hay una gran presión política a favor de reducir el déficit presupuestario, en especial durante los próximos años. Así que eliminar estos recortes de impuestos podría ayudarnos a evitar otras reducciones del presupuesto que afectará a la población. O, de manera alternativa, podría abrir más espacios para que el gobierno federal realice gastos de estímulo -lo cual es lo que necesitamos para acercarnos más al empleo completo.
Por supuesto, el gobierno federal debe dedicarse al gasto de estímulo ahora mismo, pero se retrasa debido a las creencias supersticiosas acerca de la deuda pública. Los pagos del interés neto de la deuda federal son menos de 1,4 por ciento de nuestro ingreso nacional, que es el nivel más bajo a que ha estado en los últimos 65 años. Pero eso no es de dominio público y las fuerzas de derecha han sido agresivas y han estado bien financiadas en sus ataques al gasto federal. Así que si los ingresos van a aumentar, debieran provenir de la gente que ha incrementado en gran medida su porción demasiado grande del pastel económico en las recientes décadas.
La otra advertencia es que no podemos revertir la mayor parte de la redistribución de los ingresos hacia arriba por medio del código tributario. Como ha argumentado de manera persuasiva mi colega Dean Baker, la mayor parte de esta redistribución ha tenido lugar por medio de la reescritura de las reglas, de manera que los mercados entreguen más a los ricos y menos a todos los demás. Un ejemplo estelar de esto es la actual huelga realizada por trabajadores de Caterpillar en Joliet. Illinois. El gran fabricante de equipos de movimiento de tierra tuvo ganancias récords el año pasado de $4,5 mil millones y de $1,6 mil millones en el primer trimestre de año. Sin embargo, está tratando de forzar a sus trabajadores a congelar sus ya reducidos salarios y pensiones durante seis años y a que paguen más por su seguro de salud. La compañía ha contratado a trabajadores sustitutos y promete hacer que sus trabajadores se traguen estas condiciones.
Esta clase de asalto avaricioso a los trabajadores comunes no hubiera sucedido en la era anterior a Reagan, antes de que los cambios a las leyes y prácticas laborales lo hicieran mucho más fácil. Son estos tipos de cambios institucionales los que hay que echar atrás si vamos a regresar algún día a una sociedad en la que la mayoría de la gente pueda aspirar a una existencia de clase media. Reformas como el proyecto de Ley de Libre Elección por los Empleados, que restauraría el derecho de los trabajadores a sindicalizarse, tendrá que ser aprobado y puesto en vigor. Los trabajadores -no solo en la manufactura, sino en toda la economía- tendrán que tener alguna fuerza negociadora.
De otra manera, continuará la desagradable y creciente concentración de los ingresos, riqueza, poder y corrupción política que ha transformado esta nación durante las últimas tres décadas.