Como se puede comprobar con nada más rasgar la superficie, en Estados Unidos existe un sistema electoral corrupto diseñado para presentar a la ciudadanía opciones limitadas en las urnas de votación entre políticos de la derecha o del centro político¸ todos ellos en mayor o menor grado aceptables para las élites corporativas.
No existen alternativas reales. Mucho está preordenado en buena medida por el costo de las campañas y la preponderancia de los sectores acaudalados, así como por los grandes medios de difusión, también controlados por las elites.
Colateralmente existen numerosas regulaciones para garantizar el rejuego y la exclusividad bipartidista, es decir de los partidos Demócrata y Republicano, que se alternan en el gobierno y que copan la casi totalidad de los escaños legislativos en Washington y en los 50 estados del país.
La maquinaria del Partido Demócrata se encarga de estrechar las posibilidades de figuras progresistas que, en su seno, les pudieran plantear un desafío a su línea predominantemente neoliberal.
Violentan las reglas de juego cuando les resulta necesario, como fue el caso de la suerte de zancadillas y coyundas que aplicó la maquinaria demócrata para restarle delegados e impedir al candidato Bernie Sanders avanzar hacia la nominación en 2016. O como lo son las estratagemas que le aplican de manera concertada este año para impedirle el triunfo, pese al impresionante y extendido movimiento de base que le respalda.
Por otra parte, ni los demócratas ni los republicanos quieren a nadie estructurando partidos al margen del duopolio bipartidista.
Para ello han construido un laberinto de leyes discriminatorias y onerosas para la inscripción de candidatos alternativos, y trabas para impedir de hecho la formación o las posibilidades de inscribir lo que se ha dado en llamar ´un tercer partido ’.
Ante la repetida ausencia de reales alternativas políticas, el llamado a votar por el menos malo resulta el más efectivo acicate para la participación de los votantes a favor de los candidatos del duopolio partidista, y un habilidoso recurso manipulador de la clase dominante.
Del mismo modo, el alto costo de las campañas electorales, para trasladarse en ese gran país, contratar personal y lograr visibilidad, resulta un gran obstáculo. A la vez, dado que los medios de difusión no dan cobertura a los terceros partidos, mucha gente se mantiene ignorante de su existencia.
Los partidos demócrata y republicano tienen garantizado el monopolio electoral. Los partidos menores o que se forman para brindar alternativas casi siempre han sido agrupaciones minoritarias, de corta vida e influyentes marginalmente o cuando, en ocasiones, propician efectos puntuales sobre la línea o correlación de fuerzas de los dos grandes partidos.
En diversos momentos algunas de esas agrupaciones alternativas llegaron a expresar el sentir de sustanciales mayorías, pero la capacidad de manipulación de las entidades del sistema político, generalmente han logrado hacer aparecer como inconducente dar respaldo a tales agrupaciones o partidos. O como un mero desperdicio del voto para un electorado que, finalmente, es conducido a votar por ‘el mal menor’.
Lo cierto es que casi todos esos partidos menores han fracasado o permanecido en la sombra debido a las poderosas maquinarias del duopolio demócrata-republicano, su entrelazamiento con los grandes negocios y los medios de prensa, así como por los hábitos políticos y la ideología de las masas.
En determinadas coyunturas los candidatos menores o que desafían el bipartidismo, al margen de sus propósitos y esfuerzos, resultan instrumentalizados o aupados por operadores de alguno de los dos grandes partidos en medio de la campaña para restarle votos al contrario y alterar a su favor los resultados.
Esa eventualidad genera una razón más para que muchos activistas y electores rechacen la acción política independiente y se inclinen por la opción conformista de votar por el menos malo de los candidatos del sistema. Por otra parte, como ha ocurrido en múltiples ocasiones, los esfuerzos para presentar alternativas independientes son luego culpados por desenlaces indeseados.
Existen además un conjunto de prácticas legales, trabas e ilegalidades contra esos candidatos y fuerzas independientes que tratan de participar en el proceso electoral como camino para impulsar sus posiciones, como son:
La emisión de leyes y decretos para dificultar la inscripción de tales partidos, exigencia de números excesivos de firmas para ello; acciones y decisiones sesgadas o torcidas por parte de funcionarios y juntas electorales (que en cada uno de los estados del país están controladas bien por los demócratas, bien por los republicanos).
Por otra parte, las reglas prevalecientes posibilitan mayor acceso a fondos federales a los dos grandes partidos. Además, se han aplicado atropellos y hasta ilegalidades como marginación por los medios de difusión, exclusión para participar en los debates televisados, campañas difamatorias y hasta el sabotaje y la violencia. Incluso la forma misma como se formulan las encuestas de opinión socava la capacidad de los terceros partidos para participar en la justa.
Otro elemento a destacar, y sujeto a constantes desafíos legales, es lo que llaman “gerrymandering”: múltiples artificios que se utilizan al diseñar de manera interesada y aparentemente absurda el contorno de los distritos electorales, de modo que se acomoden a los cálculos de las maquinarias partidistas predominantes en cada lugar.
Mediante una configuración calculadamente abigarrada, esos distritos se conforman para garantizar el predominio de mayorías de población blanca, conservadora u otras y, con ello, menoscabar la representación de negros y otras minorías en los cargos electivos.
Arbitrariedad y manipulación de las reglas electorales
Las reglas de la política electoral en Estados Unidos son poco claras, cambiantes, muy manipuladas y extremadamente restrictivas, incluso si las comparamos con otros países capitalistas. Los rasgos del sistema electoral descartan la representación proporcional.
En la mayor parte del país el proceso electoral adolece de una falta casi total de vías para verificar los datos de la votación. En eso pesa además la evidencia de que las máquinas de votación que se emplean son vulnerables, lo que propicia que la tabulación de los votos pueda ser adulterada. El uso de esos dispositivos, junto a muchas de las reglas electorales quedan al arbitrio y las artimañas de disímiles autoridades locales.
La manipulación de las reglas electorales y del registro de votantes resulta una aberrante arbitrariedad, que en una pluralidad de estados y localidades excluyen a miles y decenas de miles de ciudadanos de su derecho al voto. Esa extendida exclusión ilegal de electores ha sido un factor que a llegado a alterar los resultados a diversos niveles, incluso en elecciones presidenciales.
En la mayor parte de los 50 estados del país las legislaturas están dominadas por el Partido Republicano, las que a libre arbitrio y según sus cálculos para potenciar el peso de su base electoral, ponen trabas a la inscripción o excluyen de las listas del registro electoral con este o aquel pretexto a lotes enteros de ciudadanos de raza negra y otras minorías.
No es una coincidencia que muchas áreas pobres o con poblaciones predominantemente latinas o afroamericanas cuenten con escasos y distantes puntos de votación y se vean obligados a asumir largas colas y demoras.
Como está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo en el estado de Wisconsin, es llamativo que sea hacia las barriadas de afroamericanos y otras a las que entes judiciales apunten al dictar órdenes de purgar (por decenas de miles) las listas de registros de electores bajo meras suposiciones de que han cambiado de domicilio, u otras argucias por el estilo.
Al menos en el pasado, en estados del Sur, se han registrado acciones tan reprobables como que trabajadores de las plantaciones fueran obligados a depositar sus votos bajo la observación de sus patronos, o que funcionarios electorales inspeccionaran las boletas de los votantes afroamericanos.
En algunos casos, como en las reservas y comunidades donde habitan los indios nativos, los pueblos originarios, las restricciones se manifiestan también mediante el conteo defectuoso e incompleto al realizar el Censo, así como la exclusión de manera natural por la falta del dominio del idioma inglés.
En las elecciones de 2014 y 2016 casi 16 millones de personas fueron excluidas de los listados. Se constató que los afroamericanos, los latinos y asiáticos son marcados y removidos de las listas de electores en mucho mayor grado que los anglosajones y personas de piel blanca. Es bastante extendido el criterio que todo ello responde a intensiones deliberadas. Ninguna región del país está inmune a estos rejuegos.
Decisiones judiciales coadyuvan a la exclusión y el abuso
En este ciclo electoral no pocas comunidades están particularmente en condiciones de vulnerabilidad debido a las decisiones de la Corte Suprema y otras que han debilitado la Ley de Derecho al Voto que se lograra con las luchas del movimiento pro derechos civiles hace sesenta años.
A partir de ello, han proliferado las medidas restrictivas adoptadas en muchos estados, incluyendo el establecimiento de nuevos requerimientos para inscribirse y otros obstáculos.
Bajo el argumento de establecer programas de mayor seguridad en las votaciones y de evitar el fraude, los partidos establecidos, aunque principalmente los republicanos, promueven y justifican toda suerte de subterfugios que favorezcan el predominio oligárquico.
En realidad, siempre ha habido segmentos de la sociedad estadounidense que han buscado selectivamente limitar el acceso al proceso político de ciertos sectores de la población, bien con nuevas leyes y medidas restrictivas o bien usando la intimidación y hasta la violencia. La inmigración y los cambios demográficos en el país han incrementado las tensiones y también esa propensión y acciones excluyentes.
Tradicionalmente la intimidación ha aumentado cuando las minorías han incrementado su participación en la política y en la concurrencia a las urnas. Actualmente una de cada tres personas con derecho al voto es parte de algún grupo minoritario y, pese a todas las restricciones para inscribirse, potencialmente constituyen el 43% de los posibles nuevos votantes.
La cuestionable legitimidad de los resultados electorales.
Estados Unidos tiene una rica historia de fraudes electorales que nada tiene que ver con la muy manipulada campaña acerca de una supuesta intromisión rusa o de otros países. Fueron notorios al respecto los escándalos centrados en la Florida (2000) y en Ohio (2004), en las elecciones presidenciales de esos años.
En esos casos intervino la acción grosera y manifiesta de los entes de poder, sus muchos abusos y artimañas. Debemos sumarlos a las ya mencionadas purgas en las listas de votantes, los requerimientos discriminatorios para inscribirse, la existencia de boletas de votación engañosas, la distorsión que crea el sistema del Colegio Electoral y el diseño manipulado de los distritos electorales.
Aparte de todo ello, existen dudas fundamentadas acerca de que el cómputo de los votos sea un reflejo real de la intensión marcada por los electores. Esas interrogantes apuntan también a las vulnerabilidades de los dispositivos electrónicos, y de toda una variedad de máquinas de votar, que se emplean en el país, mediante pantallas táctiles u otras, en las que las alteraciones no dejan rastro y el fraude resulta indetectable.
Las decisiones para aplicar esta o aquella tecnología varían según las municipalidades; hay toda una variedad de sistemas de votación empleados, mayormente en los condados más populosos. Ha habido estudios serios que han aconsejado en contra o sugerido cautela en el empleo de esos medios electrónicos, pero cientos de condados los han pasado por alto.
Esos estudios muestran que esos mecanismos son inseguros y expuestos al fraude electoral, propicios para que actores malintencionados puedan manipular los códigos de barra para que produzcan alteraciones, tales como instruir a los scanners (o dispositivo seleccionador interno) a que descarte o modifique el voto.
Se dice que incluso las propias personas que revisan las maquinas podrían acceder y alterar los record electrónicos. Algunos dispositivos proveen al votante un recibo pero que no permite constatar el voto emitido.
Ingeniería electoral mediante las redes digitales y el ciberespacio
La política se ha convertido en tecnopolítica. Los partidos políticos son empresas que compiten en el mercado de los votantes y que capitalizan en las urnas, en lo cual tiene un peso creciente el poder de procesamiento y manipulación de la información con que se cuente.
Hoydía las redes digitales y el ciberespacio son instrumentos de primer orden para manipular a los votantes. Son vías que permiten prevalecer en base a una superior capacidad tecnológica.
Las plataformas sociales digitales son cada vez más importantes y constituyen nuevos territorios donde los jóvenes y otros tienen su primer contacto con la información, y son también espacios donde sus pareceres y sus preferencias dejan huellas propensas a ser monitoreadas, y que luego son utilizadas para fines comerciales o políticos.
Un ejemplo es la campaña de Donald Trump de 2016 en la que muchos de los planteamientos y propuestas fueron diseñados a partir del análisis de datos computarizados, tanto para dirigir mensajes diferenciados según el gusto de sus auditorios, así como para mantener a potenciales votantes de su oponente lejos de las urnas, y para superarla en número de seguidores e interacciones tanto en Facebook como en su cuenta Twitter.
Para ello contrató los servicios de Cambridge Analytica, empresa londinense que ha intervenido ilegalmente en más de un centenar de procesos electorales en todo el mundo. La entidad se sirvió de bases de datos comerciales, análisis de redes sociales y el uso de complejos cálculos matemáticos para crear herramientas que permitieron a los expertos de aquella campaña monitorear los perfiles de unos 200 millones de estadounidenses.
Sobre esa base se conformó un efectivo método de publicidad personalizada por perfil para ajustar los mensajes exactamente a los intereses, los miedos y los gustos particulares de cada individuo y/o sector poblacional, proporcionando así el margen clave para la victoria del republicano.
Recientemente hemos visto la aplicación de esas técnicas perversas en nuestros países, como por ejemplo en Brasil y Bolivia. Son técnicas de manipulación de última generación, que permiten dirigirse de forma distinta a votantes que, sin saberlo, han sido categorizados psicológicamente. Y también según los asuntos públicos que más les motivan o preocupan, como por ejemplo, quienes favorecen o se oponen al derecho al uso de armas, o aquellos que se preocupan de las tradiciones, los hábitos, la familia.
Paralelamente se utilizan sitios de redes sociales, sometidos a lógicas publicitarias, manipulación de las emociones y algoritmos opacos, que devienen parte de una especie de industria de la difamación y la mentira en línea.
Dada la polarización existente, las manipulaciones que hemos descrito y toda la verborrea acumulada sobre interferencia externa en las elecciones, existe el peligro de que se produzcan grandes conflictos si la votación presidencial de noviembre resulta cerrada y la parte supuestamente perdedora impugna los resultados.
Finalmente, se puede colegir que es el poder del dinero, el diseño mañoso y calculado de las circunscripciones electorales, la parcialidad de los funcionarios, el manoseo de los listados, las manipulaciones en las redes digitales y por los medios de prensa, y mucho más, lo que determina el resultado. Así se define buena parte no solo de cuales entes o personas controlan el Congreso, las legislaturas y gobiernos de los estados y toda una gama de cargos electivos a lo largo del país, sino incluso quienes, en última instancia y en buena medida, determinan quien accede a la presidencia en los Estados Unidos.