MOTIVOS En la noche del 1 de febrero de 1980 fue secuestrada Yolanda González Martín, joven estudiante y trabajadora de 19 años, miembro del Partido Socialista de los Trabajadores y de la Coordinadora de estudiantes de Madrid. Sus secuestradores, vinculados a la organización de extrema derecha Fuerza Nueva, y que habían espiado a Yolanda en […]
MOTIVOS
En la noche del 1 de febrero de 1980 fue secuestrada Yolanda González Martín, joven estudiante y trabajadora de 19 años, miembro del Partido Socialista de los Trabajadores y de la Coordinadora de estudiantes de Madrid. Sus secuestradores, vinculados a la organización de extrema derecha Fuerza Nueva, y que habían espiado a Yolanda en las semanas anteriores, la torturaron y asesinaron, dejando abandonado su cadáver en una cuneta. Uno de los ejecutores del crimen fue Emilio Hellín Moro, condenado por el asesinato. Hellín Moro se fugó dos veces, una durante el periodo de prisión preventiva y otra durante un permiso de salida recibido mientras cumplía condena, refugiándose en esta última ocasión en Paraguay, donde colaboró con la dictadura militar de Alfredo Stroessner hasta su detención por la Interpol. Entre los implicados en el crimen que fueron condenados había miembros activos o en excedencia de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado.
El 24 de febrero de 2013, a través de una noticia publicada en el diario El País («La vida oculta del asesino de Yolanda», http://politica.elpais.com/politica/2013/02/22/actualidad/1361550092_846511.html ), se conoció que Emilio (actualmente, Luis Enrique) Hellín Moro, trabaja desde hace varios años «para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en casos judicializados y forma a sus agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático».
Toda persona tiene derecho a la inserción social una vez cumplida una condena, pero las administraciones públicas no deben asignar determinadas tareas especialmente sensibles a quienes tengan antecedentes de una actitud criminal vinculada con las funciones asignadas. Hay, por tanto, una grave responsabilidad política en las contrataciones que desde hace varios años vienen haciéndose a Emilio / Luis Enrique Hellín Moro y que han causado grave daño moral a familiares, amigos y compañeros de Yolanda.
Por ello, los familiares de Yolanda y sus amigos y compañeros, te pedimos que apoyes la siguiente carta al ministerio del Interior, extensible también al ministro de Defensa, entendiendo que lo que en ella se expresa no limita actuaciones que llevaremos a cabo por otras vías ni la formulación de otras preguntas y peticiones que deben ser realizadas.
Esta iniciativa no tiene sólo que ver con el pasado, sino que, muy por el contrario y como habría querido Yolanda, afecta al presente y al futuro, al tipo de sociedad en la que queremos vivir y que en común queremos crear.
Familiares, amigos y compañeros de Yolanda
CARTA
Sr. Ministro del Interior del Gobierno de España
Recientemente hemos conocido, gracias a una investigación periodística, que Emilio Hellín Moro, actualmente «Luis Enrique» trabaja desde hace varios años «para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en casos judicializados y forma a sus agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático».
Como usted y sus antecesores debían saber, Hellín Moro fue condenado por el secuestro, tortura y asesinato de Yolanda González Martín en febrero de 1980, joven estudiante y trabajadora que había cumplido 19 años pocos días antes de su muerte. También debían saber que entre los otros implicados y condenados por este cruel asesinato había miembros activos o en excedencia de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, así como que se expresaron fundadas sospechas de más amplias conexiones.
En consecuencia, le solicitamos a usted, y de forma extensiva al ministro de Defensa…
Que de inmediato se ponga fin a toda colaboración del citado Hellín Moro con sus ministerios y con los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado.
Que dé información pública de las condiciones en que ha tenido lugar esa colaboración y, muy en particular, que precise en qué fecha tuvo comienzo y en quienes recayó la competencia de las sucesivas contrataciones que han tenido lugar.
Igualmente, pedimos una clara identificación de la responsabilidad política en lo ocurrido, que no puede tratarse como error administrativo e incumbe a la cadena de mando de los cuerpos y fuerzas de Seguridad y de los propios ministerios, en éste y en anteriores mandatos. Esto debe dar lugar a los correspondientes ceses y dimisiones, así como al reconocimiento de responsabilidad por parte de quienes la tengan pero actualmente no ocupen funciones relevantes en las administraciones públicas.
En espera de su respuesta