El ex relator especial de las Naciones Unidas por la cuestión de la tortura, Theo Van Boven, confirmó el viernes durante unas jornadas contra la tortura celebradas en Barcelona que «en España existe la práctica de la tortura, y no aisladamente». En concreto, 755 personas denunciaron haber sufrido torturas o maltratos por parte de diferentes Fuerzas de Seguridad del Estado en 2004, según un informe elaborado por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT).
Van Boven hizo estas declaraciones durante la celebración de las jornadas ‘Previnguem la Tortura’, que se inauguraron el viernes en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y finalizarán este sábado. El ex relator de la ONU consideró que estas jornadas son «muy importantes porque en España, como en otros muchos países, las autoridades dicen y afirman que la tortura no existe y suelen argumentar que las denuncias de este tipo son falsas». «En España, aunque las torturas no son sistemáticas, son más frecuentes de lo que se suele decir y son más que esporádicas», apuntó Van Boven.
De hecho, el informe de la CPT recoge 276 casos en los que 755 personas han denunciado torturas y/o maltratos. Cataluña es la segunda comunidad autónoma que recibió más denuncias, con un total de 113, por debajo de Andalucía, que recibió 237. Les siguen Euskadi, con 100 denuncias conocidas, y Navarra, con 95.
En cuanto a las características de los denunciantes, cabe destacar que un 31% pertenece al movimiento sindical; un 18% están vinculados a otros movimientos sociales; un 17% son presos; un 5% se corresponde con personas bajo la aplicación de la ley antiterrorista; un 6% son inmigrantes; un 2% son menores; y el 21% restante son personas en otras situaciones, como las que cometen pequeños delitos contra la propiedad o trapichean con drogas.
Según uno de los miembros del Centro de Documentación contra la tortura, Jorge del Cura, que también participó en las jornadas, «estas personas no suelen denunciar ante los tribunales por desconfianza o porque no tienen contacto con asociaciones que defienden los derechos humanos». Del Cura explicó que «las personas de etnia gitana, por ejemplo, nunca denuncian y los presos tampoco, ya que no quieren sufrir represalias».
En entrevista con Gara, Van Boven aboga por el fin de la incomunicación y el acceso a abogados de confianza para prevenir los malos tratos. Al respecto del «caso Romano», Van Boven es taxativo al considerar que «si se procesa a quien la denuncia, no se puede erradicar la tortura»
En estas jornadas se ha incidido en que la persecución penal a quienes denuncian haber sido torturados impide eliminar esta práctica. El último caso ha sido el de Unai Romano, con el que usted se entrevistó durante su visita a Euskal Herria. ¿Es comprensible la actuación de los jueces después de ver unas fotografías, como las de Unai Romano, que son una prueba tan contundente?
Es comprensible que exista preocupación en torno a esta cuestión. Hace falta valor para denunciar haber sido torturado y a los jueces les corresponde realizar una investigación seria y profunda sobre esos hechos concretos, en vez de silenciar a aquellos que alzan la voz y denuncian. No es la reacción más adecuada. En este país tiene que existir libertad de expresión, que es uno de los ingredientes básicos de cualquier democracia. Si silenciamos las voces que denuncian las violaciones de los derechos humanos, éstas se seguirán produciendo. Hay que investigar a fondo para demostrar que esas denuncias no tienen base, pero, aun sin conocer al detalle este caso, no se puede ir contra quien denuncia. No se puede iniciar un proceso penal contra quien denuncia haber sido torturado en vez de analizar qué es lo que ha pasado. Esta es una tendencia que percibí en mi visita de hace dos años. Considero que estas actuaciones son un ataque a los derechos humanos y a la propia democracia. Si esto pasa continuamente, insisto en que no es un tema que haya seguido de cerca, es para estar seriamente preocupado.
La Ertzaintza ha establecido un protocolo en el que, entre otras cosas, se dice que se procederá a grabar los interrogatorios. Pese a ello, se han seguido produciendo denuncias por torturas contra esta policía. ¿A qué puede deberse este hecho? ¿Es más fácil anunciar algo que hacerlo realmente?
Estas prácticas pueden ser realmente muy valiosas. El problema surge al analizar cómo se aplican. Me gustaría considerar este protocolo como una buena noticia, pero requeriría tener más información. No es una garantía tan importante como se quiere presentar.
Se ha manifestado de forma muy crítica hacia el Gobierno español, por la manera en la que rechazó las recomendaciones de su informe en 2003. ¿Cómo valora esa acogida?
Me refería fundamentalmente al anterior Gobierno español, que fue el que rechazó frontalmente mis recomendaciones. Esto no quiere decir que el actual Gobierno las haya aceptado. La actitud que el Gobierno de Rodríguez Zapatero mantiene respecto al informe sobre la tortura no está muy clara. Pienso, que si se toma en cuenta literalmente lo que han manifestado en la ONU, no se sienten vinculados a ese informe. Parece que tienen otras prioridades en estos momentos. Pero hay que tener en cuenta que actualmente ya no soy relator de la ONUy no he seguido de cerca la actuación del actual Gobierno en los últimos años.
Ha destacado que la labor de los gobiernos es imprescindible para erradicar la tortura, pero el Ejecutivo español no ha movido un dedo en esta dirección.
En principio, percibo una actitud diferente en el nuevo Gobierno. Es más abierto. Pese a ello, no estoy seguro de que hayan cambiado las circunstancias generales. Un gobierno tiene multitud de asuntos a los que atender y uno de ellos es todo el conglomerado que forman la burocracia del Estado y las fuerzas policiales. Se puede cambiar el Gobierno, pero esto no quiere decir que el sistema vaya a cambiar inmediatamente. Es algo que puede requerir algo más de tiempo. Pero tengo que insistir que no estoy en la mejor posición para saber cuáles son las actitudes del actual Gobierno español.
Pero se podría decir que pueden hacer más cosas y hacerlas mejor.
Sí. Al menos es cierto que han cambiado su actitud respecto al País Vasco. No creo que tuvieran la misma reacción que tuvo el anterior gobierno respecto a un informe de las características del mío. Pienso que el actual Gobierno español se merece, al menos, el beneficio de la duda. Tienen muchas cuestiones en las que cambiar de política y el problema de la tortura es uno de los más complejos.