El portavoz del Centro Iridia de Defensa de los Derechos Humanos, un actor referente en la lucha contra la discriminación, reflexiona sobre el racismo en el Estado español.
En poco más de cuatro años el Centro Iridia de Defensa de los Derechos Humanos se ha convertido en un referente en Cataluña de las luchas sociales contra cualquier tipo de discriminación. Además de proporcionar asistencia jurídica y psicosocial a las víctimas de la violencia institucional, incluido el racismo, su equipo de abogados se emplea a fondo en “litigios estratégicos” a través de los cuales se pueda elevar la protección de los derechos humanos al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, gracias a su activismo se consiguió que el Parlament de Cataluña aprobara una ley que obliga a los Mossos de Esquadra a identificarse con un número para permitir depurar responsabilidades en casos de violencia policial. El Salto conversa con su portavoz, Andrés García Berrio, sobre la cuestión de la lucha contra el racismo, una de sus prioridades.
Se ha hablado mucho de la violencia racial en EEUU. ¿Existe un problema de violencia policial racista en España?
Sí, y es un problema que va más allá de lo que se ha podido visibilizar hasta el momento. Evidentemente, hay diferencias respecto a EEUU, sobre todo porque el uso de armas de fuego aquí es más bajo, y el nivel de la violencia también. Pero el racismo se manifiesta en otras actuaciones policiales, como en los criterios de selección de a quién se para por la calle, dónde se pone el foco de la lucha de la criminalidad. Se hicieron estudios que apuntan que dos de cada tres personas identificadas en la calle en Barcelona eran extranjeras. Hay toda una serie de estructuras que integran el sistema penal en su conjunto, y que operan desde el arresto de una persona, a la investigación, encarcelación y juicio, cuyas lógicas de actuación se traducen en la discriminación hacia las personas migrantes o racializadas.
Los políticos aseguran que son casos aislados …
No lo son, hay muchos ejemplos. El más claro es el del Tarajal, donde murieron decenas de personas después de ser disparadas con balas de goma al intentar entrar nadando a Ceuta, pero hay casos de palizas en los CIES, etc. No es casualidad que en un servicio de atención y denuncia de violencia institucional como el de Iridia, un 43% de los denunciantes sean personas migrantes y racializadas. Y la tendencia va en aumento. Por lo tanto, sí, hay un problema de racismo institucional.
¿Podemos hablar también de un racismo social, o sólo institucional?
Ambos se solapan. El problema no es que se digan comentarios racistas, sino de todo el racismo interiorizado por la sociedad. Vivimos en una sociedad que está normalizando que haya personas que gozan de menos derechos de forma estructural, aunque lleven aquí viviendo 15 o 20 años. Cualquiera que tenga rasgos diferentes a los blancos se considera que es una persona extranjera y se le asocian toda una serie de estereotipos. No hemos asumido que esta es una sociedad multirracial. El racismo social va mucho más allá del comentario racista. Tiene que ver con qué pienso yo del otro, cuando tengo miedo de alguien en base a qué perfil étnico.
¿Es la política migratoria un ejemplo de racismo institucional?
El racismo como eje estructural del pensamiento de la sociedad tiene una influencia en las políticas públicas, en cómo nos organizamos como sociedad, y eso se refleja en la política migratoria también. No se podría sostener una política migratoria basada en la discriminación continuada si no hubiera una lógica dominante racista que permite, por ejemplo, que se encierre a miles de personas en una cárcel a cielo abierto más de 72 horas, como ha sucedido en Canarias. Esa excepcionalidad se tolera solo hacia los cuerpos no blancos. Se naturaliza que no se respeten los derechos de los cuerpos no blancos para favorecer a una mayoría. Y esa es una lógica de jerarquización racista.