La mayoría de las diferentes asociaciones agrarias que hay en Extremadura quieren movilizar a los agricultores, grandes, medianos, pequeños, industriales relacionados con la producción hortofrutícola, a la manifestación que quieren realizar el día 2 de diciembre.
Es de todo legítimo el derecho que tienen las personas que se dedican y viven de su trabajo como agricultores o agricultoras a pelear y exigir unos rendimientos adecuados para una vida digna.
La bandera con la que se quiera agrupar al mundo relacionado con la agricultura es la exigencia de unos precios dignos para los productos agrícolas. Sin embargo, los intereses económicos, sociales y políticos de quienes están convocados a participar no son ni mucho menos homogéneos, son diferentes, hay grupos diferenciados, con intereses distintos y en algunos casos contradictorios.
Por un lado, hay productores agrícolas que viven de su trabajo en el campo, de labrar sus tierras y que se manifestarán para reivindicar y reclamar precios que les permitan obtener una rentabilidad a su sudor y esfuerzo.
Para esta manifestación, también, anuncian su presencia algunas asociaciones en las que se encuadran grandes propietarios e industriales del sector. Estos compran buena parte de las producciones que generan los pequeños agricultores, quienes trabajan directamente la tierra y venden sus productos en unas condiciones nada favorables que se suelen realizar sin contratos, con muchas trabas y dificultades, a precios ridículos, lo que les va endeudando hasta obligarles a la venta de sus tierras y patrimonios. Este estado de cosas, se viene denunciando desde hace años por ciertas organizaciones agrarias, entre ellas, algunas de las que contradictoriamente llaman a la manifestación.
Detrás de la demanda de un mayor valor de cambio para la uva, la aceituna, el ganado o de cualquier otro artículo elaborado que teóricamente son los motivos que ocasionan esta movilización del campo se ocultan otros intereses, pues ya conocemos como algunos representantes de organizaciones agrarias vienen manifestando públicamente su oposición a la subida del salario mínimo interprofesional y quieran imponer duras condiciones en las negociaciones del convenio colectivo
Un buen número de aquellos grandes propietarios e industriales que han hecho público la unión de su bandera de intereses a las reivindicaciones del día 2 de diciembre, sin duda, se están movilizando con ahínco, fascinados en aprovechar la ocasión que tienen para dar un golpe de fuerza política que les permita atacar, presionar y debilitar al gobierno, con el objetivo de que acceda a ciertas condiciones salariales y de horarios que incrementen la explotación laboral. El beneficio que no pueden obtener por los bajos precios de los productos, lo compensan satisfactoriamente con la plusvalía de la que se apropian al incrementar la explotación del trabajador o trabajadora.
De hecho, los grandes propietarios e industriales de las centrales hortofrutícolas, dejando de lado y saltándose lo establecido en algunas normas laborales, vienen poniendo en práctica en las correspondientes campañas condiciones leoninas a la fuerza de trabajo obrera. Estos amigos del poder regional están siendo los protagonistas de una acelerada concentración y centralización de las tierras que como hemos mencionado anteriormente compran a los agricultores en ruina.
Lo que nos resulta extraño es que entre las reivindicaciones de las organizaciones agrarias no haya una denuncia explícita ni implícita contra quienes realmente saquean a los agricultores y se apropian de buena parte de los recursos y la riqueza que se produce en el campo extremeño; nos referimos a los tratados internacionales que facilitan y ponen en mano de los grandes especuladores la regulación de las producciones e intercambios y en consecuencia, los precios de la mayoría de los productos agrícolas y ganaderos; a las grandes corporaciones industriales que tienen el monopolio de las semillas, insecticidas, maquinarias, combustibles, o a las propias entidades bancarias que silenciosamente se llevan miles de millones del mundo rural.
Tampoco hay denuncias ni reivindicaciones que se refieran a una más justa redistribución de los fondos procedentes de las subvenciones y ayudas de la Política Agraria Comunitaria, denunciando e impidiendo que un pequeño grupo de latifundistas, que no dan golpe y no producen un gramo de trigo o cebada, esté acumulando propiedades de tierra gracias a este dinero europeo.
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