Los familiares de los diez fusilados de Poyales del Hoyo, arropados por miembros de varias asociaciones de memoria y vecinos del municipio abulense, trataron ayer de denunciar públicamente las exhumaciones ilegales realizadas la semana pasada, cuando, en presencia del alcalde Antonio Cerro (PP), se rompió el mausoleo en el que yacían los restos de las […]
Los familiares de los diez fusilados de Poyales del Hoyo, arropados por miembros de varias asociaciones de memoria y vecinos del municipio abulense, trataron ayer de denunciar públicamente las exhumaciones ilegales realizadas la semana pasada, cuando, en presencia del alcalde Antonio Cerro (PP), se rompió el mausoleo en el que yacían los restos de las víctimas para trasladarlos a la fosa común del cementerio .
En 2002 se rescataron los cuerpos de tres mujeres del municipio fusiladas en 1936. El año pasado, reunieron sus restos en el mausoleo del cementerio de Poyales con los de otras siete víctimas recuperadas en mayo de 2010 de una fosa común en Candeleda.
Hace una semana, según denuncian testigos de los hechos, el regidor, junto con la sustituta de la jueza de Paz, la nieta de una de las víctimas -que exigió al alcalde sacar a su abuela de esa tumba- y varios operarios del ayuntamiento destrozaron la lápida de mármol y sacaron las cajas con los restos.
Ayer por la mañana, varios descendientes de víctimas del franquismo, vecinos del pueblo abulense y miembros de varias asociaciones de memoria histórica intentaron sin éxito leer un comunicado de repulsa por estos hechos en la plaza del municipio.
Gritos, insultos y agresiones
El acto dio comienzo a las 12:30 horas «respetando el horario de misa, para no interrumpir la ceremonia», explicó Pedro Romero de Castilla, presidente de La Memoria Viva. Momentos antes, la plaza ya estaba llena de detractores que con «gritos, insultos y agresiones físicas» terminaron por echarles de allí sin poder llegar a pronunciar el comunicado. «Varios jóvenes de unos 25 años rompieron una pancarta en la que ponía ‘Somos los nietos de los obreros que no pudisteis matar'», narró Isabel Fernández Navas, ex concejala socialista del vecino pueblo de Pedro Bernardo.
Pasado el momento de tensión, 17 personas secundaron la denuncia interpuesta por cuatro asociaciones de memoria contra el alcalde, ausente de la localidad desde el jueves, y contra los cuatro concejales del PP presentes en los altercados por «privación del derecho de libertad de expresión».
El texto de la denuncia -que testimonia frases como «¡si Franco estuviera vivo os cortaría la cabeza, rojos de mierda!»- también se dirige contra varios autores de agresiones que serán identificados «a través de los vídeos y fotos que tenemos», avanzó Romero de Castilla.
«Se trata de una demostración patente de privación de las libertades más básicas», sostiene el presidente de La Memoria Viva, quien lamentó actitudes como la de la sustituta de la jueza de Paz quien, según Romero, «trató de romper una pancarta «.
Ofensas a la memoria
En esta zona de la provincia de Ávila se suceden con frecuencia episodios en contra de la memoria de las víctimas del franquismo. En junio, el alcalde de Pedro Bernardo fue denunciado por impedir el acceso al cementerio municipal para rendir un homenaje a los fusilados de ese municipio abulense. Semanas antes, un monumento en el camposanto de Candeleda dedicado a los republicanos de la localidad apareció con pintadas de símbolos franquistas como el yugo y las flechas.
En Poyales, el monolito en memoria de las tres mujeres rescatadas de la fosa común en 2002, ubicado en el lugar del enterramiento, presenta desde hace tiempo varias pintadas ofensivas.