El huracán Katrina desnudó ambigüedades del gobierno de Estados Unidos, que no descarta la deportación de inmigrantes indocumentados damnificados pero libró de sanciones a los empleadores que los contratan.
El Departamento (ministerio) de Seguridad Interna se niega a garantizar que los inmigrantes desplazados por el huracán Katrina no serán deportados si acuden al gobierno en busca de ayuda.
Mientras, empresas que participan en la reconstrucción y la limpieza de las localidades afectadas en el sudoriental golfo de México contratan a un ejército de trabajadores indocumentado, muchos de ellos por un día.
Pero las víctimas indocumentadas de la tormenta no han encontrado una cálida bienvenida en los lugares en los que han buscado refugio.
Las autoridades ya han detenido a tres inmigrantes que se dirigieron a la ciudad de El Paso, en el estado de Texas, y a dos que eran evacuadas en autobús desde la costa del golfo de México al oriental estado de Virginia.
Janet Murguia, presidenta del Consejo Nacional de La Raza, organización de defensa de la comunidad latinoamericana, expresó profunda preocupación porque el gobierno urge a los damnificados a solicitar ayuda mientras el Departamento de Seguridad Interna se niega a asegurar que no detendrá a los indocumentados.
«Esto podría exacerbar las carencias de la ya sobrecargada salud pública y las crisis de seguridad generadas por Katrina», dijo.
En una solicitud hecha en inglés y español a principios de este mes, el Departamento de Seguridad Interna ha alentado a todas las víctimas del huracán Katrina, incluidos los inmigrantes indocumentados, a buscar asistencia.
El presidente mexicano Vicente Fox también anunció por televisión que las autoridades estadounidenses le habían prometido que «aquellos que no estén documentados en el momento no estarán sujetos a absolutamente ninguna presión o persecución».
La Raza y otras organizaciones solicitaron al gobierno que diera a los evacuados indocumentados el mismo tratamiento que a los ciudadanos estadounidenses y residentes legales.
Pero, una semana después, el Departamento de Seguridad Interna se ha negado a garantizar públicamente que la información sobre el estatus de inmigración sea ocultado a las agencias de aplicación de la ley, dijeron abogados a IPS.
Tres de los detenidos –ninguno de los cuales tiene antecedentes penales– habían buscado refugio en el centro de convenciones de El Paso. Los hombres, dos de Guatemala y uno de Filipinas, fueron liberados. Antes, les indicaron que debían presentarse ante la justicia, la cual decidirá si serán deportados.
Organizaciones de apoyo a los inmigrantes, así como 18 legisladores, quieren que el gobierno otorgue un «estatus de protección temporal» a los inmigrantes indocumentados afectados por la tormenta. La cantidad es indeterminada, pero se estima que unos 300.000 personas de origen latinoamericano vivían en la región del Golfo en el momento de la catástrofe.
«El Departamento de Seguridad Interna se ha negado consistentemente a proteger la información» sobre el carácter de la residencia de los inmigrantes indocumentados, «así que pienso que el peligro» de deportación «continúa siendo real», dijo a IPS Cecilia Muñoz, de La Raza.
«Esto nos pone en un dilema real», indicó. «En algunos casos, las agencias humanitarias privadas están confundidas en cuanto a qué hacer (en términos de informar o preguntar sobre el estatus inmigratorio) y muchos carecen de una capacidad bilingüística.»
En una carta enviada el día 21 al secretario (ministro) de Seguridad Interna, Michael Chertoff, La Raza y otras organizaciones señalaron que las acciones de la agencia representan un cambio radical con respecto a la política anterior de suspender la aplicación de las leyes migratorias durante la atención de catástrofes.
Esa fue la política seguida tas los huracanes del año pasado en Florida y los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
«Estas detenciones tuvieron un efecto absolutamente escalofriante», agregó Muñoz. «Las organizaciones que trabajan en las comunidades afectadas están diciendo que la gente ha sido reacia a presentarse. Un hombre en un refugio dijo que oyó que, si uno se presenta, lo ponen en un avión».
A los inmigrantes indocumentados también se les ha impedido recuperar las pertenencias que pudiera quedar en sus hogares, dado que sólo la gente capaz de probar que es residente legal puede inspeccionar propiedades en áreas golpeadas por la tormenta.
«Hemos estado tratando de ubicar a esos desplazados», dijo a IPS Juan Esquivel, director del programa Adelante de la Asociación para el Avance de los Mexicano-Estadounidenses, con sede en Houston, Texas.
«Hemos encontrado a algunos; otros están intentando ocultarse. En vez de buscar apoyo del gobieno, la gente está luchando para encontrar refugio con familiares en otras áreas por miedo a ser enviados de regreso (a sus hogares)», señaló.
«No han aprovechado muchos de los servicios ofrecidos, tales como las tarjetas de débito de 2.000 dólares que fueron repartidas. Casi ningún hispano solicitó esas tarjetas», contó.
El Consulado de Honduras estima que 40.000 inmigrantes de esa nación centroamericana pueden haber sido forzados a abandonar sus hogares debido a Katrina.
Las autoridades mexicanas dicen que una cantidad similar de sus ciudadanos estaban viviendo en Louisiana, la mayoría de ellos en Nueva Orleans, la ciudad más azotada por el huracán.
Mientras tanto, informes periodísticos indican que trabajadores mexicanos y centroamericanos indocumentados ya están llegando a Louisiana sudoriental como parte del esfuerzo de reconstrucción.
El Congreso rápidamente asignó 62.000 millones de dólares a las tareas de asistencia, pero funcionarios de Louisiana alegan que necesitarán 250.000 millones de dólares en ayuda financiera federal para recuperarse.
Esto se traduce en un enorme e inesperada ganancia para la industria de la construcción, una de las principales fuentes de empleo de inmigrantes latinoamericanos. De los 12 millones de personas de origen latinoamericano que viven indocumentados en Estados Unidos, al menos 17 por ciento trabajan en la construcción, muchos en el sur de Estados Unidos.
Casi inmediatamente después de la tormenta, el presidente George W. Bush suspendió en Lousiana y áreas de Mississippi, Alabama y Florida afectadas por el huracán las leyes federales según las cuales los contratistas del gobierno deben pagar como mínimo el «salario dominante», el promedio del salario de un sector de actividad en un área geográfica determinadas.
El Departamento de Seguridad Interna también otorgó inmunidad a los contratistas que empleen trabajadores sin permisos oficiales de trabajo.
No es la primera vez que la comunidad latinoamericana juega un rol clave en ayudar a Estados Unidos a recuperarse del desastre.
Casi 40 por ciento de los trabajadores que reconstruyeron el Pentágono luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 eran latinos, y otros cientos –en su mayoría indocumentados– fueron contratados para limpiar la zona baja de Manhattan tras el colapso de las Torres Gemelas.
A muy pocos se les dio equipamiento para protegerse del asbesto, de metales pesados y de la combustión tóxica de productos que cubrían los escombros.
En Nueva Orleans, donde las aguas que sobrepasaron los diques de contención tenían petróleo, productos químicos y otros contaminantes, los equipos de limpieza y construcción probablemente enfrentarán una situación tóxica similar.
«Nuestra preocupación, más que nunca, es que, ahora que la reconstrucción ha comenzado, los contratistas estén empleando a miles de hispanos, documentados e indocumentados, que serán forzados a trabajar en condiciones insalubres», dijo Esquivel a IPS. «Necesitamos controlar esta situación muy de cerca para asegurarnos de que sus derechos humanos sean protegidos.» (FIN/2005)