Aunque ya asomaba la patita, la aparente moderación de la derecha extrema ha saltado por los aires en los momentos más duros de la pandemia.
La alianza del PP con las propuestas extremistas de VOX han marcado un peligroso camino de provocación con el Gobierno, en plena pandemia, con el único objetivo de derribarlo. Esta derecha reaccionaria es incapaz de aceptar el juego democrático, sólo, como ocurre en algunos países Latinoamericanos, es legítimo el Gobierno, cuando ellos son los ganadores. Su oposición, crispada y mendaz, sólo ha aportado al debate absurdos enfrentamientos que han desviado las discusiones, obviando lo realmente importante, buscar soluciones para frenar el covid-19. Pero su estrategia desestabilizadora no ha tenido éxito, ha fracasado. El PP se ha quedado con sus votos fieles de antes de la crisis. La ciudadanía no ha creído en sus mentiras, sus manipulaciones y su falta de iniciativas ante una situación tan dramática como la que estamos viviendo.
¿Por qué el Partido Popular no ha hecho ninguna propuesta para solucionar la grave crisis social, económica y humanitaria? No es que no tenga programa, claro que lo tiene. Lo han aplicado con saña en los años que han gobernado desde 2011. Lo que ocurre es que en plena pandemia, la población confinada, con tantas víctimas, con el hundimiento de la economía, con millones de trabajadores en paro, con el cese de actividad de miles de empresas y los servicios sanitarios colapsados, no se ha atrevido a proponer lo que sería su modelo social y económico. Se hubieran encontrado con una fuerte y decisiva reacción social y eso hubiera sido su hundimiento.
La Comisión Europea presentó el pasado mes de mayo su propuesta del Plan de Reconstrucción económica de los países afectados más duramente por la pandemia. Aunque tendrá que ser aprobada, cuenta con el visto bueno de Alemania y Francia. En ella, se contempla, que España recibirá 140.446 millones de euros de los que 77324 serían a fondo perdido y 63.122 en préstamos que habría que devolver. Esta propuesta no es la que pidieron inicialmente los países del sur, que era mucho más ambiciosa a través de eurobonos, pero al final se ha aceptado. Resulta realmente preocupante y vergonzosa que el PP, junto a la extrema derecha europea, tenga la indignidad antipatriótica de apoyar las mismas propuestas que los países insolidarios del norte (Holanda, Finlandia, Suecia,…) que llevan batallando meses para que la necesaria ayuda de recuperación para paliar los desastres económicos de la pandemia sean a través de préstamos, lo que supondría duros recortes en servicios sociales, salarios de los trabajadores, pensiones, … Al PP no le importa la recuperación de nuestro país, ni el bienestar de sus ciudadanos, sólo le preocupa, y está dispuesto a todo para conseguirlo, que nuestro Gobierno tenga la posibilidad de afrontar la difícil situación, evitando que recaiga el desastre económico, como pasó en la crisis de 2008, sobre las espaldas de los trabajadores, de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Le subleva que la coalición gobernante sea capaz de mejorar las condiciones de vida de una población castigada en los últimos años por la pobreza y la exclusión social y que pueda recuperar los servicios públicos y los derechos sociales arrebatados.
Es tal su indignidad, su talante antidemocrático, que el PP ha presentado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una carta-denuncia, elaborada con noticias falsas y recortes de prensa, poniendo en cuestión el Estado de Derecho en nuestro país por la implantación del estado de alarma durante la pandemia. Esta nueva falsedad no tendrá recorrido institucional y debería obtener fuerte respuesta de los representantes de nuestro Gobierno en la UE. Demuestra que el PP se ha convertido en un partido fallido, que sabe que el programa aplicado en los últimos ocho años de gobierno (recortes, privatizaciones, pérdida de derechos laborales y sociales, …) ha conducido al desastre, sin poder de respuesta ante la crisis. A este partido reaccionario no le importa hundir a su propio país para atacar al Gobierno legítimo. No tiene ningún escrúpulo en dejar en mal lugar a España ante los socios comunitarios, sabiendo el daño que puede provocar ante las negociaciones en marcha para conseguir el Plan de Reconstrucción. No ha tenido ningún escrúpulo en bloquear en la Eurocámara, con VOX y C´s, la violación de derechos humanos en Hungría, país gobernado por la extrema derecha.
La perversión de esta derecha extrema no tiene límites (“la cabra tira al monte”) y su obsesión neoliberal le está llevando, en plena pandemia, a aplicar sus políticas privatizadoras, favorecedoras de los poderes económicos, a plantear la bajada de impuestos, lógicamente a los ricos, a regalos de dinero público a entidades privadas y a tapar sus vergüenzas con regalos caritativos.
Es la Comunidad de Madrid es la campeona del despilfarro del dinero público, que ha engordado los bolsillos de fondos de inversión y grandes empresas por la privatización de la sanidad, las residencias de ancianos y la educación concertada. Es la CA que menos impuestos cobra (favorece a los poderes económicos) y está estudiando, esperemos que lo impida la homogenización fiscal que el Gobierno debe aprobar para acabar con la competencia desleal entre CCAA, hacer una nueva rebaja, una vez pase esta crisis. Ya ha emprendido privatizaciones (Hospital Niño Jesús) y, mientras los hospitales públicos necesitan todo tipo de medios humanos (más profesionales en hospitales y atención primaria) y materiales (medios de protección, camas, UCIs, …), la sra. presidenta, en lugar de abrir las plantas cerradas de hospitales públicos, se deja caer (todo a lo grande como la Ciudad de la Justicia, 100 millones y sin terminar) con la construcción de un nuevo macrohospital de 50 millones. La última ayusada ha sido la propuesta de aligerar los trámites urbanísticos (regalar los permisos) para impulsar la donación de suelo público a las poderosas constructoras y poner en marcha una nueva era del “ladrillo”, de nefasto recuerdo. Tiene la Sra. Ayuso la desfachatez de apropiarse, de adjudicarse la autoría del reparto de 10000 bolsas de alimentos que los trabajadores del metro de Madrid compraron de su bolsillo y repartieron en barrios necesitados de la capital.
El sr. Casado sigue sin desvelar qué futuro quiere para su país. Ante las elecciones gallegas y vascas, el presidente del PP centrará su campaña (lo ha recomendado a los candidatos) en la absurda insistencia de acusar al Gobierno de ocultar las cifras de muertos por el coronavirus (sabe que los datos los mandan las CCAA) con el sólo objetivo de arañar un puñado de votos, sin importarle un absoluto, ni plantear propuestas para solucionar la difícil situación que atraviesa una gran mayoría de población. En Galicia, en plena campaña electoral, el Gobierno de Feijóo (PP), haciendo gala de su benévola caridad, ha propuesto regalar 20000 tarjetas monedero (unos 5 millones de euros) de 250 euros por persona para el personal sanitario del servicio Gallego de Salud (Sergas) y de servicios sociales para gastar en restaurantes y hoteles de la Comunidad. La delegación gallega de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) mostró su indignación por lo que consideran unas “dádivas electorales” y en la misma línea, la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) trasladó su irritación del bono que consideran vergonzoso y populista de cara a las elecciones, mientras se olvidan del reconocimiento de la labor de sus profesionales, de sus precarias condiciones de trabajo y de los notables y duros recortes en la sanidad pública gallega.
En Andalucía más de lo mismo. Colocan a VOX en la presidencia de la Comisión para la reconstrucción económica de Andalucía (el zorro en el gallinero). Con personajes, alérgicos a toda mejora social, es imposible llegar a acuerdos, por lo que dignamente la izquierda ha dado un portazo, no puede participar de un engaño de reconstrucción que sólo beneficiará a los poderosos. Este gobierno reaccionario, en plena pandemia, regala 400 millones de euros a la Cope (la Iglesia), pero no hay dinero para asignar una renta mínima andaluza a los miles de familias que están en la extrema pobreza y ordena que los ayuntamientos no destinen fondos económicos para paliar las penurias de miles de familias. Estos gobernantes andaluces, tan dados a exigir libertad de elección de centro educativo cuando se trata que ellos sean los beneficiarios, tienen la desfachatez de eliminar líneas (60 ó 70) en Educación Primaria, Infantil y Secundaria en centros educativos públicos de Córdoba y provincia (Hernán Ruiz, Caballeros de Santiago, Algafequi, Juan de Mena, Joaquín Tena Artigas, Concepción Arenal, …) que tienen solicitud de matrícula suficiente, para derivarlos a la enseñanza privada concertada. La lucha presentada por el sindicato USTEA, familias, profesorado, directivas y AMPAS tiene que intensificarse. No sólo los afectados, la implicación en esta batalla en defensa de la Escuela Pública debe implicar a toda la sociedad, a toda la ciudadanía, a todos los colectivos sociales, pues en esta lucha está en juego no sólo la Educación, sino todos los Servicios Públicos que esta derecha ultraconservadora irá eliminando. Desprecian la Educación Pública, para beneficiar a las élites. Estos eliminan líneas para favorecer a la concertada y la Comunidad de Madrid aumenta el presupuesto económico para becar a alumnos de bachillerato de centros privados.
Una vez pasada la parte más dura de la pandemia, los esfuerzos del Gobierno tienen que ir dirigidos a poner en marcha el programa de Gobierno acordado y a temporalizar, priorizando los proyectos más urgentes. Para ello es fundamental que las propuestas se pongan ya sobre la mesa, se discutan con partidos y agentes y colectivos sociales. El ejecutivo no puede esperar a consensos amplios en el arco parlamentario, porque no es posible. Esto sólo puede llevar a dilatar en el tiempo las propuestas y que al final queden descafeinadas y con pocas posibilidades de cambio real. Esto lo hemos comprobado con la renta mínima vital que, además de tarde, ha perdido en el camino del consenso varios miles de millones de euros necesarios para llegar a una mayoría de familias en situación de pobreza extrema o de exclusión social y lo mismo puede ocurrir con los ERTES. Sin tiempo que perder, el Gobierno debe plantearse seriamente que una parte importantísima de su programa de Gobierno nunca va a tener el beneplácito de la derecha extrema, ni de la patronal. Por eso, no merece la pena insistir, ni que se alarguen en discusiones con el único objetivo que los cambios nunca se produzcan. El ejecutivo tiene que ser valiente y buscar los acuerdos posibles con los partidos que apoyaron la moción de censura, los sindicatos (no sólo CCOO y UGT) y muchas asociaciones y colectivos sociales que se movilizarán para apoyar los acuerdos programáticos firmados. Es el momento y no se puede esperar a que la Comisión Europea apruebe el Plan de Reconstrucción, porque no se sabe cuánto se alargará en el tiempo.
Hay que entender que un programa tan amplio de cambio de una sociedad requiere tiempo, esfuerzo y alianzas. La priorización de acuerdos programáticos debe tener en cuenta la urgencia e impacto social. La puesta en marcha del programa debe contar con un calendario necesario para que, cuánto antes, se vayan aprobando las medidas más necesarias y poco a poco se desarrolle el resto. No hay que tener miedo al vocerío, al escandaloso ruido de la derecha extrema y la extrema derecha. Hay que contar con ello y no entretenerse en el camino.
Por ello, como se recoge en el programa de gobierno firmado, es necesaria e imprescindible una reforma fiscal justa y progresiva, potenciar los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, vivienda, …), blindar las pensiones públicas, acometer un cambio profundo y necesario de nuestro sistema productivo con la posibilidad de nacionalizar empresas deficitarias y la banca, que ha sido rescatada con dinero público, potenciar el desarrollo de energías limpias, derogar la reforma laboral y la ley Mordaza, desarrollar una agricultura ecológica, incrementar el I+d, aprobar nuevas leyes para conciliar la vida laboral y familiar, fomentar y animar el empleo digno (público y privado) y proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad (parados, mujeres, ancianos, niños).
¡El camino será difícil y la lucha muy necesaria!
Juan García Ballesteros. Colectivo Prometeo.