Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Un año después de que acabara la crisis posterior a las elecciones resulta difícil hacer la paz. No ayudan los continuos ataques en el oeste de Costa de Marfil ni la violencia del debate político en la capital, Abidján. Tampoco ayudan las acusaciones de complot contra personas próximas al ex presidente.
Pueblos atacados uno tras otro, Diéhiba, Para, Saho, Sakré… La frontera con Liberia no está lejos y en menos de dos meses veintiocho personas (veinte civiles, siete cascos azules nigerianos y un militar) han sido asesinados en incursiones llevadas a cabo por hombres armados. Un año después de que acabara la crisis posterior a las elecciones no ha cesado la violencia en el extremo oeste de Costa de Marfil, lo que complica el trabajo de los grupos humanitario y la vuelta de los refugiados y desplazados de guerra. Sin embargo, según las Naciones Unidas 140.000 refugiados y desplazados deberían haber vuelto a sus pueblos este año.
En Abidján el poder y la oposición se acusan mutuamente de estos ataques . Si bien la ONU es prudente acerca de la identidad de quienes los han ordenado, la ONG Human Rights Watch (HRW) ve ahí la mano de antiguos luchadores partidarios de Gbagbo y de mercenarios liberianos . Estos últimos serían unas 400 personas, adiestradas en campos en Liberia donde reclutarían a niños soldados antes de pasar la frontera. Los antiguos caciques del régimen de Laurent Gbagbo son quienes proporcionarían el dinero, que también lo obtendrían de la explotación de minas de oro artesanales. También tendrían muchos escondites de armas en Costa de Marfil, ocultos en la selva o en los poblados. La vegetación es densa, la frontera porosa y los asaltantes pasan fácilmente de un país a otro, lo que pone en peligro los esfuerzos por la reconciliación. Además, las autoridades de Costa de Marfil confirmaron a principios de junio que habían desbaratado un golpe urdido por partidarios Gbagbo en el exilio.
El oeste siempre ha sido una región difícil. Su población resistió en primer lugar a los colonizadores franceses antes de desafiar la autoridad del presidente Félix Houphouët-Boigny. Desde hace veinte años conflictos por la posesión de la tierra oponen a autóctonos y alógenos procedentes de Burkina Faso y de Mali venidos a trabajar en las plantaciones de cacao y de caucho. En ocasiones se ha expulsado a los trabajadores extranjeros de las tierras que cultivaban. Después de septiembre de 2002 hubo sangrientos enfrentamientos entre los milicianos partidarios de Gbagbo y los rebeldes venidos del norte. «Esto es la encrucijada del odio», explica el profesor Francis Akindès, de la universidad de Bouaké. Fieles a Laurent Gbagbo, las personas originarias de la región han perdido con las crisis que estalló tras las elecciones: muchas de estas personas han sido expulsadas de sus casas y de sus tierras, a ejemplo de los Oubis, expropiados a beneficio de los recién llegados.
La instalación de extranjeros y de trabajadores agrícolas originarios del norte es apoyada por las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil (FRCI, por sus siglas en francés, dirigidas en la zona por Losseni Fofana, llamado Loss, un ex rebelde) y por los dozos , los cazadores tradicionales del oeste de África que cambiaron sus viejos fusiles por kalasnikovs. La cantidad de estos últimos ascenderían hoy a 10.000 personas, frente a apenas un millar antes de la crisis: son los amos y dueños como señores de la guerra y obligan a los recién llegados a pagar un derecho de protección. Los comerciantes tienen que pagar su óbolo. «Bajo el régimen anterior, los extranjeros temían a los milicianos partidarios de Gbagbo», explica un cuadro de la ONU. «Hoy los autóctonos temen los excesos de los FRCI y de los dozos, es decir, los robos, las violaciones, las torturas y las ejecuciones sumarias». También están los milicianos de Burkina Fasso instalados con sus hombres en las selvas del oeste. Entre ellos están Issiaka Tiendrébéogo y Amadé Ouéremi (del que HRW sospecha que participó en las masacres de Duékoué, en marzo de 2011).
» Mercenarios de guerra»
«Estos mercenarios de la guerra son conocidos, pero nunca se les interpela», denuncia Laurent Akoun, secretario general del Frente Popular Marfileño (FPI, por sus siglas en francés, partido de Laurent Gbagbo). Como se reconoce en Abidján, junto con el FRCI mantiene sobre todo una serie de actividades muy lucrativas: tráfico de armas, exportación de cacao a Burkina Faso, explotación aurífera, forestal y venta de tierras.
La policía y la gendarmería han empezado a desplegarse en la región, pero sus hombres no están armados. Para tratar de solucionar los conflictos y apaciguar las tensiones, el ministerio del Interior ha creado también unos comités de alerta rápida compuestos de jefes tradicionales y de representantes de las autoridades locales, de los partidos políticos y de la sociedad civil, con pocos resultados por el momento. Los prefectos también se implican en la reconciliación, pero los autóctonos apenas confían en ellos: su campeón está preso en La Haya y los hijos de la región (Alphonse Voho Sahi, ex consejero y pluma de Gbagbo, y Marcel Gossio, el poderoso ex director del puerto de Abidjan) están en el exilio. Cada día padecen detenciones arbitrarias, chantajes y todo tipo de vejaciones.
En el plano nacional no hay avances significativos en el diálogo entre el poder y la oposición. Hamed Bakayoko, ministro del Interior, recibe regularmente en un marco más o menos formal a los antiguos fieles a Gbagbo. Pero el FPI, que boicoteó las legislativas en diciembre de 2011, sigue exigiendo la liberación de todos «sus» presos, el desbloqueo de sus bienes, la vuela de los exiliados voluntarios… Los más radicales piden la liberación de Gbagbo y repetir las últimas elecciones, unas exigencias que el poder considera aberrantes. «Tiene que haber dos para dialogar», explica una persona cercana al presidente Alassane Ouattara. «Los cuadros del FPI no están dispuestos a ponerse de acuerdo sobre ningún aspecto a nivel político».
En este diálogo de sordos, los duros de ambos campos dirigen el baile, animados siempre por un espíritu de venganza, y los moderados no consiguen imponer sus puntos de vista. Por lo tanto, no es segura la 
participación de la oposición (que solo está representada de forma marginal en la Asamblea Nacional) en las elecciones municipales y regionales programadas para finales de 2012.
Todo esto no facilita la tarea de la Comisión de Diálogo, Verdad y Reconciliación (CDVR) presidida por el anciano ex primer ministro Charles Konan Banny. Instalada con gran pompa el pasado diciembre en Yamoussoukro, la Comisión se mueve en un terreno minado. Supuestamente autónoma desde el punto de vista financiero y jurídicamente independiente, ha mantenido varias misiones consultivas, pero tiene dificultades para reunir financiación de los proveedores de fondos. Por ello, todavía no ha empezado su despliegue sobre el terreno a través de la creación de 36 comisiones locales. Sin embargo, así es como se recogerán los testimonios de las víctimas y se podrán conceder las reparaciones. «La reconciliación va sobre unos raíles muy malos», confiesa un diplomático del oeste de África.
Ante estos bloqueos, a principios de junio Banny envió a uno de sus emisarios a reunirse con Laurent Gbagbo en La Haya para calibrar su ánimo. Sin embargo, resulta difícil pensar en implicarlo en el proceso de reconciliación mientras esté entre rejas y pesen sobre su cabeza los peores cargos (crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad). Los participantes en un seminario de la CDVR celebrado en Bouaké mencionaron también la posibilidad de una amnistía para los crímenes de después de las elecciones, lo que permitiría soltar las lenguas y contribuir a que se manifieste la verdad. «No soy favorable a ello sin concertación previa ni acuerdo nacional», replica Patrick N’Gouan, presidente de la Convención de la Sociedad Civil Marfileña. «Las víctimas tienen derecho a la justicia».
A día de hoy [3 de julio de 2012], 148 personas han sido acusadas formalmente de crímenes cometidos durante la crisis posterior a las elecciones. Todas pertenecían al régimen de Laurent Gbagbo o eran cercanas a él, lo que no hace sino reforzar el sentimiento de una justicia de los vencedores y de una situación de impunidad para las fuerzas que llevaron a Ouattara al poder. Para la sociedad civil todas las cuestiones están íntimamente relacionadas. «La reconciliación nacional pasa por poner todas las cartas sobre la mesa», mantiene N’Gouan. «Hay que llegar a un consenso sobre las cuestiones de justicia, de seguridad y de refundición del ejército, de la solución de los problemas de posesión de la tierra, de política de emigración y de naturalización, de creación de empleo». Los representantes de la sociedad civil se reunieron con el presidente Ouattara el 16 de mayo en el palacio presidencial de Abidján. «Parecía más abierto al diálogo», concluye N’Gouan. «Gbagbo no nos recibió nunca».