La IAJUWS afirma que resulta “paradójico y cruel” que, mientras se abre una vía para la integración de cientos de miles de personas, se cierre la puerta específicamente a quienes el Estado español tiene la obligación, de conformidad con el Art.73 de la Carta de Naciones Unidas, de proteger y amparar.
La Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS) afirma que excluir a solicitantes del estatuto de apátrida de la regularización de personas migrantes es una discriminación hacia el pueblo saharaui, y exige que deje de utilizar la burocracia como herramienta de exclusión política contra el pueblo saharaui, al que tiene la obligación de proteger
La IAJUWS ha lamentado la “decisión deliberada” del Gobierno de España de excluir a solicitantes del estatuto de apátrida del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, lo que supone “dejar al margen a los y las saharauis que viven en España”.
Según la IAJUWS, es ajustado a Derecho la regularización de las personas que conviven y trabajan en España otorgándoles el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, como respuesta a las reiteradas reivindicaciones de los movimientos sociales, por lo que y condena el régimen de exclusión adoptado hacia las personas solicitantes del estatuto apátrida.
Informa de que según datos del Ministerio del Interior, más del 95% de las personas que solicitan el Estatuto de Apátrida en España son saharauis (3.000 solicitudes en 2025) y que ese a que este procedimiento debe ser resuelto en un plazo de 3 meses, “la realidad es que sufre retrasos injustificables que superan los dos y tres años, es decir, una situación muy similar a la de las personas demandantes de protección internacional”.
Denuncian que, a diferencia de lo que ocurre con las personas solicitantes de asilo, el Gobierno español ha preferido excluir de esta regularización extraordinaria a las personas solicitantes del estatuto de apátridas, “condenándolas a la invisibilidad administrativa, precariedad laboral, a la imposibilidad de acceder a derechos básicos fundamentales, atentando contra sus derechos universales”.
Para los juristas, esta exclusión, además de representar una nueva traba administrativa, “constituye una discriminación sistemática hacia el Pueblo Saharaui con el que España mantiene una imperativa responsabilidad histórica, jurídica, política y moral”.
Afirman que resulta “paradójico y cruel” que, mientras se abre una vía para la integración de cientos de miles de personas, se cierre la puerta específicamente a quienes el Estado español tiene la obligación, de conformidad con el Art.73 de la Carta de Naciones Unidas de proteger y amparar”.
“Esta decisión del gobierno obvia la naturaleza excepcional de los y las saharauis, cuya falta de nacionalidad es consecuencia directa de una decisión adoptada por España, de forma ilegal, con la promulgación del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, que les privó de la nacionalidad española”. concretan.
La IAJUWS exige la inclusión inmediata de las personas solicitantes del estatuto de apátrida en el proceso de regularización extraordinaria, la adopción de medidas para garantizar la celeridad en la tramitación de las solicitudes para poner fin a los retrasos en la resolución de expedientes de apatridia que mantienen a las familias en un limbo jurídico, y que el Gobierno de España “actúe, con coherencia, conforme a sus compromisos internacionales y deje de utilizar la burocracia como herramienta de exclusión política contra el pueblo saharaui”.
“La justicia que llega tarde no es justicia; y para el pueblo saharaui, la administración española sigue llegando décadas tarde”, concluye la IAJUWS