Lo advertía el pasado viernes el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba, justo después de que José Luis Rodríguez Zapatero confirmara la participación española en la intervención militar contra Libia. «Estamos preparados para actuar de forma inmediata, si los acontecimientos se precipitan». Y la «precipitación» de los acontecimientos, decidida de antemano por […]
Lo advertía el pasado viernes el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba, justo después de que José Luis Rodríguez Zapatero confirmara la participación española en la intervención militar contra Libia. «Estamos preparados para actuar de forma inmediata, si los acontecimientos se precipitan». Y la «precipitación» de los acontecimientos, decidida de antemano por los potencias agresoras, dio lugar el pasado lunes a la entrada en acción de dos F-18 del ejército español en una primera misión de «patrulla» sobre el cielo libio. La primera incursión española tenía lugar un día antes de que el Ejecutivo socialdemócrata solicitase al Congreso de los Diputados la aprobación para la participación española en la operación militar.
Además de los aviones F-18, la ministra de Defensa, Carme Chacón, anunció que el submarino S-74 Tramontana, con base en Cartagena, y la fragata de combate Méndez Núñez ya han salido «camino a la zona de operaciones». El submarino y la fragata españolas se sumarán, junto al avión de vigilancia C-235, al dispositivo desplegado por la OTAN para el embargo marítimo que se ha impuesto al país africano. Unos 500 militares formarán parte también de esta primera contribución española a la guerra contra Libia. Se trata del despliegue militar español más amplio desde la guerra de Irak, y el más grande de la historia de España en la OTAN en cuanto a capacidad de combate. Los aviones F-18 que participarán en las fuerzas de la Coalición bélica para «hacer cumplir la zona de exclusión aérea» ya han recibido el permiso para bombardear. Los pilotos españoles «están autorizados para abrir fuego si es necesario», manifestó a la prensa el jefe del Mando de Operaciones, el teniente general Jaime Domínguez Cruz, tras la reunión del Estado Mayor de la Defensa convocada por la ministra Chacón para analizar la situación. La propia Chacón reiteró, por su parte, que las bases españolas de Morón, en Sevilla, y Rota, en Cádiz, están también a disposición de los efectivos militares en tránsito hacia el país africano.
Zapatero pide el aval del Congreso defendiendo el derecho a la injerencia «humanitaria»
En la mañana del martes 22 de marzo, en su primera intervención en el Parlamento español, el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pidió el «aval» de la Cámara apelando a la «responsabilidad de proteger» a la ciudadanía libia. «La ONU -afirmó Zapatero- aprobó la resolución 1973 que autoriza a los Estados miembro como España a que intervengan en la crisis libia para proteger a los ciudadanos amenazados». «La responsabilidad de proteger -añadió Zapatero- consiste en que si un Estado no cumple, la comunidad internacional debe intervenir para asumirla. Es un principio humanitario, para defender de ataques a la población». Las palabras pronunciadas por el presidente español llegaban después de que los bombardeos y los misiles de la Coalición produjeran medio centenar de víctimas civiles libias y al menos ciento cincuenta heridos.
Sin ninguna mención a estos muertos, Zapatero sostuvo que «la comunidad internacional ha estado a la altura de los ataques de Gadafi» y agradeció su apoyo a esta misión al Partido Popular». «Se dan las condiciones legales y políticas necesarias para que España asuma sus responsabilidades con la comunidad internacional», con «legalidad y legitimidad», concluyó.
«La responsabilidad de proteger» es la doctrina aprobada por la ONU en el año 2005 para legitimar legalmente sus intervenciones militares. Impulsada con entusiasmo por Estados Unidos y la Unión Europea fue, sin embargo, rechazada por una buena parte de los países del llamado Tercer Mundo y duramente criticada por naciones como Ecuador, Bolivia, Cuba, Venezuela o Nicaragua. Las razones de esta disímil recepción ya estaban entonces meridianamente claras. En una entrevista concedida a la periodista independiente Silvia Cattori, el físico francés Jean Bricmont -autor de la obra «Imperialismo humanitario»- advertía acerca del verdadero carácter de esta doctrina.
«En vez de proteger a los pueblos -denunciaba Bricmont- ésta amenaza con exponerlos a nuevas masacres, ya que los ideólogos que impulsan su adopción parecen querer utilizarla para legitimar las intervenciones militares». La nueva teorización comenzó a pergeñarse tras la intervención militar de la OTAN en la antigua Yugoslavia, cuando se planteó la necesidad de justificarla como «humanitaria». Con este fin, y sobre todo con la vista puesta en futuros botines de guerra, se creó una comisión y un grupo de expertos, bajo la dirección conjunta de Gareth Evans y de Mohamed Sahnoun -diplomático argelino-, que redactó un informe proponiendo el concepto de «responsabilidad de proteger». Gareth Evans, ministro australiano de Relaciones Exteriores de 1988 a 1996, fue finalmente el encargado de redactar, en diciembre de 2001, el informe titulado La responsabilité de protéger. Posteriormente -y quizá como pago por los servicios prestados- Evans pasó a presidir el International Crisis Group (ICG), «tanque pensante» creado por el magnate y especulador internacional George Soros.
La doctrina «responsabilidad para proteger», por tanto -alertaba Bricmont en la mencionada entrevista- buscaba inscribir en el derecho internacional el llamado «derecho de injerencia humanitaria». Esta injerencia tendría lugar en aquellos países que -según lo determinado por las potencias occidentales- «no sean capaces de asumir su responsabilidad de proteger a los pueblos del genocidio, de los crímenes de guerra, de la limpieza étnica y de los crímenes contra la humanidad». El objetivo, en suma, era desarrollar una coartada legal que proporcionara el rostro «humanitario» necesario para legitimar ante las poblaciones del mundo desarrollado agresiones militares motivadas por intereses económicos y políticos.
Para evitar excesos de «burocratismo» que pudieran dilatar excesivamente estas intervenciones, los impulsores del concepto «de la responsabilidad para proteger» -a los que se ha unido ahora el presidente español Rodríguez Zapatero- defendían también que habría que evitar que un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU pudiese recurrir al veto para evitar para paralizar alguna de las operaciones proyectadas. Un recurso que en el caso de Libia hubiera resultado innecesario, ya que todos los miembros con derecho a veto en las Naciones Unidas se han implicado activamente en la intervención militar o, como en el caso de Rusia y China, se han convertido en cómplices vergonzantes y necesarios de la misma al no vetar la resolución aprobada el pasado jueves 17 de marzo.
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