Con la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, España entregó el Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania. Esta semana se cumple el 44ª aniversario de unos acuerdos, insostenibles desde el punto de vista del derecho internacional, que siguen siendo la condena del pueblo saharaui. Eso lo conoce a la perfección la abogada canaria Inés […]
Con la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, España entregó el Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania. Esta semana se cumple el 44ª aniversario de unos acuerdos, insostenibles desde el punto de vista del derecho internacional, que siguen siendo la condena del pueblo saharaui. Eso lo conoce a la perfección la abogada canaria Inés Miranda, quien es una jurista experta en la cuestión saharaui de larga trayectoria.
Miranda, premio de Derechos Humanos por la Asociación Internacional de Abogados (IBA), es también fundadora y miembro de la Asociación de Juristas por el Sahara Occidental (IAJUWS). Además, actualmente es consejera del Cabildo de Gran Canaria. Ella es una de las ponentes que participará en la Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (Eucoco), un encuentro internacional que se celebra todos años y que este se desarrollará durante el 22 y 23 de noviembre en Vitoria-Gasteiz.
-España transfirió la administración de la que hasta entonces había sido su colonia, el Sahara Occidental, a Marruecos y Mauritania el 14 de noviembre de 1975. ¿Por qué son tan cuestionados estos acuerdos?
-Desde hace mucho tiempo venimos cuestionando la validez los Acuerdos Tripartitos de Madrid, en los que España junto con Mauritania y Marruecos decidieron repartirse la soberanía y el territorio del Sahara Occidental por un tiempo determinado. Primero, porque se realizaron sin contar con una parte importante de esa acción, el pueblo saharaui. Segundo, porque esos acuerdos no se publicaron en ningún boletín oficial español. Tercero, porque España, si hizo mal la colonización del Sahara ha hecho peor la descolonización que aun no ha concluido. Sencillamente decidió abandonar a su población sometiéndola a una guerra.
-¿Qué validez oficial le confieren a estos acuerdos tanto España como la UE?
-Nosotros, desde la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental, coincidimos en en gran medida con (Fernando) Grande-Marlaska. Cuando ejercía de magistrado, en un auto de julio de 2014, señaló que España no había concluido la descolonización del Sahara Occidental y, por lo tanto, seguía siendo la potencia administradora del territorio. Es decir, que en todo aquello que concerniera jurídicamente y territorialmente al Sahara eran competentes los tribunales y la Administración española. Otra cosa es que, de hecho, España haya hecho absoluta dejación de funciones con respecto al pueblo saharaui. Ahora mismo hay nueve saharauis defensores de derechos humanos condenados a cadena perpetua. España no solo no se ha manifestado, ni siquiera los ha condenado, cuando sí que condena acciones contra los derechos humanos en otras partes del mundo.
Europa también parece obviar la legalidad internacional porque, además de la nulidad de los acuerdos tripartitos de Madrid, tiene el informe del fiscal del Tribunal Europeo y una sentencia en la que determina que no se puede negociar con los recursos del Sahara Occidental porque pertenecen a esa población. Además, habría que segurar que los beneficios de esta negociación revierten en el pueblo saharaui. Europa no ha hecho ni una cosa ni la otra y se han vuelto a firmar los acuerdos de pesca con Marruecos, con los recursos procedentes del Sahara Occidental.
– De hecho, en los Acuerdos Tripartitos de Madrid hay unas cláusulas secretas que repartían los recursos del Sahara Occidental.
– Exacto. Esas cláusulas siguen siendo secretas. Lo cierto es que durante un tiempo importante después de la firma de estos acuerdos España sigue beneficiándose del fosfato, así como otras potencias internacionales. Ahora bien, algunos países como Suecia y algunas empresas australianas y norteamericanas han participado en la expoliación de los recursos del Sahara. España y la UE siguen pescando allí. Marruecos sigue presentándolos como recursos suyos. Nosotros mantenemos que no se puede mantener esa ilegalidad, sobre todo por parte España, que sigue siendo la metrópolis responsable durante todo este tiempo. Hemos pedido de todas las maneras que España actúe. Se debe constituir una comisión que examine estos acuerdos, los declare nulos y se restituya la legalidad internacional. Una cosa es que sea difícil y otra cosa es que sea imposible. Todo aquello que implique los derechos de los pueblos y las personas tiene que ser de obligado cumplimiento.
-Usted también ha viajado a los territorios ocupados en numerosas ocasiones para presenciar los juicios que realiza Marruecos contra activistas saharauis, que en muchos casos finalizan en condenas muy severas. ¿Cómo calificaría estos juicios? ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en el territorio saharaui controlado por Marruecos?
-He viajado en numerosas ocasiones como observadora internacional y además soy abogada de Aminetu Haidar. El respeto a un juicio justo, que garantice unos mínimos, es inexistente. Era inexistente en el año 2000, cuando empezamos a ir esos juicios, y lo es en la actualidad. Sin ir más lejos, recientemente se ha celebrado un juicio en El Aaiún contra defensores de derechos humanos donde se ha prohibido la entrada de los observadores internacionales en el territorio no autónomo del Sahara Occidental para asistir a ese juicio. Todo ello ante la absoluta pasividad de España, que además viene a refrendar lo que hace Marruecos y solo responde que esto pasa por acudir al Sahara.
Según los Convenios de Ginebra, en ningún momento la población de un territorio ocupado puede ser enjuiciada por la potencia ocupante, en este caso Marruecos, ni mucho menos se puede desplazar a población para ser enjuiciada como pasó en 2013, cuando fueron llevados a Rabat. Por parte de la comunidad internacional solo hubo silencio y, por parte de España, no solo silencio, sino justificación de la actuación de Marruecos. Eso viene a significar la instrumentalización de la Justicia como un elemento más de represión contra la población saharaui. El único instrumento que entiende Marruecos contra ellos es la violencia permanente y no el diálogo. Y todo esto es fruto de darle vigencia a unos acuerdos nulos de pleno derecho como los Acuerdos Tripartitos de Madrid.