Un presidente dimitido, decenas de altos funcionarios encarcelados y dos periodistas encumbrados. Es un resumen un poco a vuelapluma del «caso Watergate», el escándalo político más importante de EEUU, que estalló hace medio siglo gracias al celo de un vigilante nocturno de un edificio de oficinas.
En la madrugada del 17 de junio de 1972 la Policía, alertada por un vigilante de seguridad, arrestó a cinco personas que habían allanado el complejo de oficinas Watergate, sede del Comité Nacional del Partido Demócrata. La noticia apenas mereció una reseña en los medios, sin embargo, esas detenciones desencadenaron un escándalo que fulminó la carrera del presidente de EEUU y afloró una profunda trama de espionaje y corrupción política que implicó a las principales agencias de seguridad de aquel país.
Y es que resulta que los detenidos no eran simples ladrones, sino agentes al servicio del Partido Republicano que tenían como misión colocar micrófonos e intervenir los teléfonos de sus rivales demócratas. Con el tiempo, fueron conocidos como “The plumbers”, los fontaneros, y entre ellos estaba James McCord Jr., jefe de seguridad del Comité para la Reelección del Presidente (CRP), un equipo que estaba al frente de la campaña de Richard Nixon en las elecciones que se iban a celebrar el 7 de noviembre de ese año.
«Los hombres del presidente»
McCord, exoficial de la CIA, no era el único cuyo perfil se alejaba del ratero medio. Iban con él Virgilio González, Bernard León Barker, Frank Sturgis y Eugenio Martínez, vinculados a esa misma agencia y a operativos contrarrevolucionarios en Cuba, como la invasión de Bahía de Cochinos (1961). Según se supo después, estaban bajo mando de E. Howard Hunt y Gordon Liddy. El primero también exoficial de la CIA; el segundo ejercía de Asesor de Finanzas del Partido Republicano; y ambos, destacados integrantes del CRP.
Al poco de producirse las detenciones, y con la Policía al tanto de que no estaba ante un robo al uso, el FBI descubrió el nombre de Howard Hunt en sendas libretas de Barker y Martínez; esa mañana Liddy llamó a Jeb Magruder, jefe del CRP, y le informó de lo que había ocurrido. Por supuesto, Magruder sabia en qué andaban los arrestados, pues formaba parte del equipo que a principios de 1972 había diseñado un plan de campaña que incluía operativos como el del Watergate. En ese selecto grupo, además de Magruder, Liddy y Hunt, estaban John Ehrlichman, John N. Mitchell – ex fiscal general–, y John Dean, que formaban parte del círculo más estrecho de Nixon.
Tras conocerse la noticia de las detenciones, tanto el presidente como sus colaboradores trataron de desvincularse de lo ocurrido. «Puedo decir categóricamente que nadie en el personal de la Casa Blanca, nadie en esta Administración, estuvo involucrado en este incidente tan extraño», sostuvo Nixon el 29 de agosto, en una rueda de prensa en la que aseguró que Dean estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva del asunto. No tardó en saberse que lo que decía era mentira, y dos periodistas, Bob Woodward y Carl Bernstein, tuvieron buena parte de la culpa en eso.
El primero, joven reportero del “Washington Post”, se había acercado al juzgado para escuchar en directo la audiencia preliminar de los presuntos ladrones a los que habían pillado in fraganti en la sede del Partido Demócrata, y el caso enseguida despertó su interés, lo que tardó en saber que uno de los detenidos era el exagente de la CIA McCord Jr. Y ese interés fue en aumento cuando se conoció que era también el coordinador de seguridad del CRP.
Partiendo de ahí, Woodward y su compañero Bernstein tiraron del hilo y comprobaron que, de hecho, había una conexión entre esta persona y gente muy próxima a Nixon, gente a la que acabarían llamando los «hombres del presidente».
El papel de «garganta profunda»
El 1 de julio, Mitchel, jefe de campaña de Nixon, John Mitchell, presentó su dimisión alegando motivos personales. Para entonces, policías y periodistas estaban tirando del hilo del dinero hallado en poder de los cinco detenidos. El 1 de agosto, un cheque de 25.000 dólares destinado a la campaña de reelección del republicano fue encontrado en la cuenta bancaria de uno de ellos, y una investigación del FBI revelaría que el equipo tenía miles de dólares más para apoyar sus viajes y gastos en los meses previos a su detención. El examen de esos fondos mostró un vínculo con las finanzas del Comité de Reelección del Presidente. Eran donaciones privadas que pretendían sufragar los datos de campaña, y cuyo reparto había supervisado el dimitido Mitchell.
«Garganta Profunda» no aportaba ningún dato pero sí corroboraba los que lograban los periodistas y les orientaba hacia dónde encaminar su labor
Mientras la máxima detectivesca de seguir el rastro del dinero aportaba cada vez más información, Woodward y Bernstein lograron amarrar algunas fuentes internas del Partido Republicano, que les facilitaban datos del entramado, aunque la fuente principal fue la que se ocultó tras el seudónimo «Garganta profunda», que se mantuvo en el anonimato por décadas.
En 2005 se supo que detrás de ese apelativo se escondía Mark Felt, director asociado del FBI en los 70. Woodward y él usaron diversos tipos de señales para reunirse, como colocar una bandera roja en el balcón de la casa de Felt, y sus encuentros se celebraban de madrugada en un parking de Washington. Su papel fue decisivo, pues aunque Felt no revelaba ninguna nueva información al periodista, sí corroboraba todos los datos que obraban en poder de éste y requerían comprobación y, además, orientaba a Woodward hacia donde debía encaminar su labor.
El 29 de septiembre de 1972, Woodward y Bernstein revelaron que Mitchell, mientras ejercía de fiscal general, controlaba un fondo republicano secreto usado para financiar operativos contra los demócratas, y el 10 de octubre el FBI informó de que el allanamiento de Watergate era parte de una campaña masiva de espionaje político orquestada por el CRP.
Pese a ello, Richard Nixon ganó de calle las elecciones presidenciales el 7 de noviembre.
«Pistola humeante» y dimisión
A esta historia, sin embargo, aún le quedaban bastantes capítulos. En enero de 1973, el juicio a los asaltantes del Watergate se saldó con importantes condenas, incluida la de McCord, pero el 23 de marzo, el juez encargado del caso leyó al tribunal una carta del exagente de la CIA declarando que se había cometido un perjurio en el juicio y que los acusados habían sido presionados para que guardaran silencio. Aquello supuso un vuelco en el desarrollo de la trama, porque la atención de los medios se multiplicó y los implicados de mayor rango empezaron a sentir que el cerco se cerraba.
Aquello empezaba a ser un sálvese quien pueda; el 13 de abril Magruder confirmó a la Fiscalía que hubo, e implicó a sus colegas Dean y Mitchell. El propio Dean empezó a colaborar con la Fiscalía, y el 17 de abril el Ministerio Público expuso oficialmente a Nixon su convicción de que su Jefe de Gabinete H. R. Haldeman, Ehrlichman, Dean y otros funcionarios de la Casa Blanca estaban implicados.
El 30 de abril, el presidente pidió la renuncia de Haldeman y Ehrlichman, que más tarde fueron acusados y condenados, y despidió a Dean, cuyo papel acabaría siendo clave, no tanto por lo que estaba contando a la Fiscalía, sino por lo que dijo en el comité que se había creado en el Senado para abordar el creciente escándalo.
Quien había ejercido de abogado de Nixon hasta su despido declaró en la Cámara Alta que sospechaba que las conversaciones que ocurrían en el Despacho Oval estaban siendo grabadas, y aquello transformó la investigación del caso Watergate.
Archibald Cox, fiscal nombrado expresamente para este caso y ajeno a la jerarquía del Departamento de Justicia, ordenó que se exhibieran de las grabaciones, pero Nixon se negó a liberarlas, apelando a sus privilegios presidenciales. Ante la insistencia de Cox, el presidente ordenó al nuevo fiscal general Elliot Richardson, y luego al delegado de Richardson, William Ruckelshaus, que lo despidieran, pero ambos se negaron y renunciaron en señal de protesta. Al final, Cox fue removido por otro funcionario, pero el caso no se paró.
En marzo de 1974, un jurado acusó a varios ayudantes de Nixon –“Los siete de Watergate”: Haldeman, Ehrlichman, Mitchell, Charles Colson, Gordon C. Strachan, Robert Mardian y Kenneth Parkinson–, por conspirar para obstaculizar la investigación. Dean, Magruder y otras figuras ya se habían declarado culpables antes.
El último hilo se rompió al comprobarse cómo Nixon y sus hombres intentaban impedir la investigación del FBI
En el flanco de las grabaciones, el 29 de abril Nixon anunció la difusión de una versión editada de las mismas, pero el Tribunal Supremo le ordenó entegrar todo lo grabado. Lo hizo el 20 de julio, y el contenido fue elocuente, mostrando al mandatario totalmente implicado en la trama.
La situación del presidente pendía de un hilo, que se rompió el 5 de agosto, cuando la Casa Blanca publicó una nueva cinta fechada el 23 de junio de 1972, pocos días después de las detenciones de Watergate; mostraba a Nixon, Swingle y Haldeman estudiando cómo impedir que el FBI continuara la investigación. La cinta, que fue denominada «pistola humeante» –Smoking gun–, mostró que Nixon había estado involucrado en el encubrimiento desde el inicio. Aquel fue el último clavo.
El 7 de agosto los líderes del Partido Republicano le dijeron al presidente que le retiraban su apoyo, y avisaron de que en ambas Cámaras había votos suficientes para forzar su renuncia. Antes de que eso ocurriera, Richard Nixon dimitió el día 8.
Su vicepresidente y sucesor, Gerald Ford emitió un indulto completo e incondicional sobre su persona en setiembre, eximiéndolo de cualquier consecuencia legal, pero eso no impidió que la figura de Nixon quedara ligada para siempre al mayor escándalo político de Estados Unidos.