La Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos (NAS en inglés) abandonará Bolivia después de casi 40 años de labor en el país, y también suspenderá su apoyo económico a lucha contra las drogas desde 2015, comunicó la Embajada norteamericana en La Paz. Luego de la expulsión de la DEA en 2008, el gobierno boliviano […]
La Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos (NAS en inglés) abandonará Bolivia después de casi 40 años de labor en el país, y también suspenderá su apoyo económico a lucha contra las drogas desde 2015, comunicó la Embajada norteamericana en La Paz. Luego de la expulsión de la DEA en 2008, el gobierno boliviano «nacionalizó» la lucha contra el narcotráfico y alcanzó resultados históricos sin violar los derechos humanos.
Tres semanas después de que el Presidente Evo Morales anunció la expulsión de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) de Bolivia, Washington comunicó que cerrará su oficina de Asuntos Antinarcóticos luego de 40 años de labor en el país. «Durante esos años, nuestros dos países, junto con otros socios, han logrado evitar que echen raíces en Bolivia la narcoviolencia y el narcoterrorismo que plagan a otros países de la región… Por respeto a la soberanía de Bolivia y debido al deseo del Gobierno de Bolivia de nacionalizar los esfuerzos antinarcóticos, Estados Unidos ha tomado la decisión de cerrar la oficina de asistencia antinarcóticos», confirmó la Embajada estadounidense en La Paz. «Estamos orgullosos de los éxitos que los bolivianos y nosotros hemos logrado juntos en nuestra lucha común durante estas décadas. Tenemos la esperanza de que seguiremos viendo éxitos por parte del Gobierno de Bolivia mientras asume la responsabilidad de este importante esfuerzo permanente», manifestó la legación diplomática en un comunicado reproducido por la Agencia Boliviana de Información (ABI). Tras la expulsión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en 2008, el gobierno de Evo Morales «nacionalizó» la lucha contra el narcotráfico y fortaleció las capacidades nacionales, lo que se tradujo en un mayor número de operativos, mayores incautaciones y una lucha contra el narcotráfico más efectiva, todo ello sin violar los derechos humanos. (1) El gobierno boliviano optó por «regionalizar» la lucha contra el narcotráfico mediante la suscripción de convenios con países vecinos, además de la conformación del Consejo Sudamericano de Lucha contra el Narcotráfico en el ámbito de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), con miras a la consolidación de mecanismos e instancias imparciales de evaluación y certificación de carácter multilateral que transparenten los verdaderos resultados y esfuerzos de los países en la lucha contra el narcotráfico. (2) En ese marco se ejecutaron planes binacionales de interdicción con Argentina, Paraguay y Brasil. El Plan binacional Brasil-Bolivia «Bol-Bra» se destaca por el desmantelamiento de factorías con tecnología muy sofisticada y con volúmenes elevados de producción, incluso implementando laboratorios de reciclado de precursores necesarios y suficientes para la cristalización de cocaína. (3) Los resultados de la lucha integral contra el narcotráfico sin apoyo de la DEA demuestran que es posible enfrentar el fenómeno de las drogas sin injerencias o presencia de fuerzas extranjeras en territorio nacional, destacó el Poder Ejecutivo. Cuando la DEA manejaba la lucha contra las drogas en Bolivia en el período 1999-2005, la erradicación de coca excedente dejó un saldo de 29 muertos y 468 heridos. «Sin la DEA, con el control social y un pleno respeto a los derechos humanos, se han logrado resultados históricos que han sido reconocidos por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), que en septiembre de 2012 certificó que Bolivia redujo sus cocales hasta un 12% con un total de 27.200 hectáreas de coca ilícita», valoró el Ministerio de Gobierno. Según un informe oficial, de 1999 a 2005 se realizaron 32.700 operativos y 25.512 aprehensiones, mientras que de 2006 a 2012, en el gobierno del MAS, el número de operativos se incrementó a 82.987 y la cifra de detenidos hasta 27.675. Además, entre 1999 y 2005 se secuestró 55 toneladas métricas de cocaína, y se destruyeron 10.621 fábricas y 13.933 pozas de maceración. Sin la DEA, en el período 2006-2012 la policía antidrogas de Bolivia secuestró 187 toneladas métricas de cocaína y destruyó 33.605 fábricas de cocaína y 46.565 pozas de maceración. Por otro lado, la ministra de Planificación Viviana Caro informó que el gobierno inició hoy reuniones con el agregado comercial de la Usaid Larry Memmott para cerrar los proyectos que administraba y no dejar «ningún tema sin resolver». Caro precisó a la ABI que «hay temas que tenemos que ver, como el cambio de fuente de financiamiento, la transferencia de vehículos y equipamiento en general a entidades beneficiarias que debe quedar cerrado, además de ver cómo van a continuar algunos programas como el de salud, para lo cual ya estamos realizando previsiones con el Ministerio de Salud».
Notas:
1. Entre otras iniciativas, la Secretaria de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) creará un Centro de Operaciones Antinarcóticos en Santa Fe de Yapacaní, departamento de Santa Cruz, operado por la Felcn; y fortalecerá el Control Fronterizo Integral Contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos con apoyo de la Dirección General de Migración (Digemig). El presupuesto para cada uno de estos proyectos, de 24 meses de duración, es de un millón de euros, 800 mil aportados por la Unión Europea y 200 mil de contribución nacional. Con la creación del Centro de Operaciones Antinarcóticos en Santa Fe se pretende garantizar la presencia del Estado en la provincia Ichilo, además de proporcionar equipo logístico, tecnológico, vehículos, capacitación e infraestructura a los efectivos de la Felcn. Por otra parte, el proyecto de Fortalecimiento del Control Fronterizo ampliará la participación de la Digemig en la lucha contra el narcotráfico, extendiendo su cobertura a través de puestos móviles en La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, además de puestos fijos en los municipios de Puerto Suárez (Santa Cruz), Villazón (Potosí), y la zona lacustre del lago Titicaca. Por otro lado, el fiscal general del Estado Ramiro Guerrero Peñaranda y el representante de la UNODC César Guedes suscribieron el 14 de marzo un Convenio de Cooperación Interinstitucional para el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico mediante la entrega de al menos tres hornos de incineración. «Lo que se quiere es fortalecer el trabajo que realizamos, validando la información sobre la destrucción de drogas ilícitas y sustancias controladas incautadas en Bolivia, además de equipar la Fiscalía General para mejorar las investigaciones relacionadas con el narcotráfico», informó Guerrero. Guedes explicó que la Fiscalía proporcionará a la UNODC información sobre las cantidades de drogas y sustancias químicas incautadas e incineradas. «La UNODC, a través del proyecto BOL/J52, participará en los operativos de incineración a fin de constituir un protocolo que sirva de descargo para las Fiscales de Materia en Sustancias Controladas y para los efectivos de la Felcn», detalló el representante de la ONU.
2. El pasado 7 de febrero, los ministros del Interior de Perú Wilfredo Pedraza; de Justicia y Derechos Humanos de Brasil Eda Rivas Franchini, y de Gobierno Carlos Romero suscribieron el acta de creación del Grupo de Trabajo Trilateral encargado de elaborar un Plan de Acción para enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico, que incluye la propuesta de un Fondo para fortalecer la lucha antidroga en el espacio aéreo, terrestre, lacustre y ribereño en los pasos fronterizos. También en febrero, los jefes antidroga de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) presentaron en Lima un proyecto de estrategia común de combate a los narcóticos para el período 2012-19, elaborado por el Proyecto Anti Drogas Ilícitas en la Comunidad Andina (Pradican).
3. El 8 de agosto de 2011 comenzó la Operación Agata 5 en el marco del Plan Estratégico de Fronteras presentado por la presidenta Dilma Rousseff. Impedir el tráfico ilícito de productos explosivos fue el objetivo principal del despliegue de casi 10 mil militares y civiles brasileños en las fronteras con Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, bajo la coordinación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El despliegue militar perseguía también reducir el narcotráfico, el comercio ilegal de armas y el contrabando de animales y productos de los países vecinos. En julio de 2012 las Fuerzas Aéreas de Bolivia (FAB) y Brasil realizaron la operación conjunta BolBra II, en la región de frontera entre Mato Grosso do Sul y el Departamento de Santa Cruz, con la participación de aeronaves A-29 Super Tucano, E-99 (AWACs de alerta temprana), C-98 y C-97 de Brasil, así como Pilatus PC-7 y Cessna C210 de Bolivia. Por primera vez en maniobras conjuntas se desplegaron los cazas Karakorum K-8 de la FAB. En agosto el ministro de Defensa de Brasil Celso Amorim hizo entrega formal de los primeros dos helicópteros H-1H de un total de cuatro donados a Bolivia, atendiendo una solicitud del Presidente Morales al presidente Lula en diciembre de 2008. La donación fue oficializada por Rousseff el 25 de junio de 2012, explicitando de esa manera el compromiso de los dos países de estrechar lazos de cooperación en el área de defensa, con especial atención a la vigilancia del espacio aéreo y combate a los ilícitos transfronterizos. El 20 de mayo de 2013 llegaron a La Paz técnicos del Departamento de Recuperación de Activos y de Cooperación Jurídica Internacional (DRCI) del Ministerio de Justicia de Brasil para intercambiar experiencias con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) del Estado Plurinacional en materia de soluciones tecnológicas para el combate al blanqueo de dinero. El objetivo final del proyecto es el establecimiento de un Laboratorio de Tecnología contra el Lavado de Dinero (LAB-LD) en Bolivia para que apoye las investigaciones del Estado destinadas a recuperar los valores generados por la corrupción y el crimen organizado transnacional. Utilizado para la producción de pruebas relevantes en casos de alta complejidad involucrando la práctica del crimen y de lavado de dinero, el Laboratorio cuenta con equipos de software y hardware y recursos humanos altamente especializados para procesar y analizar grandes cantidades de datos financieros y bancarios en espacios de tiempo más reducidos. Brasil inauguró su primer LAB-LD en abril de 2007, dispone hoy de 16 laboratorios instalados y su meta es llegar a un total de 32 unidades distribuidas en todo su territorio.