¿Sabe usted por qué el caso del terrorista Luis Posada Carriles no ha quedado archivado desde hace mucho tiempo y él estuviera disfrutando de una tranquila vejez en Estados Unidos?. Simplemente porque el gobierno de Cuba ha mantenido una constante denuncia desde 1976 cuando este individuo planificó y derribó un avión de Cubana de Aviación […]
¿Sabe usted por qué el caso del terrorista Luis Posada Carriles no ha quedado archivado desde hace mucho tiempo y él estuviera disfrutando de una tranquila vejez en Estados Unidos?. Simplemente porque el gobierno de Cuba ha mantenido una constante denuncia desde 1976 cuando este individuo planificó y derribó un avión de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo.
Esas acusaciones contra uno de los terroristas confesos más grandes de la historia moderna, que tiene en su haber numerosos atentados dinamiteros y asesinatos, se reforzaron en los últimos años con las imputaciones que también le ha realizado el gobierno de Venezuela.
A lo largo de la historia de Estados Unidos, en ese territorio han tenido refugio seguro muchos represores, dictadores y asesinos que han cometido felonías en otros países pero que ellos o los regímenes para los que actuaban eran aliados de Washington.
Por conveniencia del naciente imperio norteamericano en esa nación tuvieron cabida cerca de 60 000 nazis tras la Segunda Guerra Mundial y varios laboraron después en experimentos científico-técnicos y vivieron tranquilos en Norteamérica hasta el resto de sus días.
A Estados Unidos fueron a parar Esteban Ventura, Rolando Masferrer, Julio Laurent, Pilar García y otros personajes que durante la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1959) torturaron y asesinaron a decenas de jóvenes.
Elementos represivos de casi toda América Latina han vivido y aun permanecen en ese país y su estancia se debe fundamentalmente a que los medios masivos de comunicación, controlados por los grandes capitales privados omiten su presencia, la silencian o no denuncian con constancia a esos individuos. Es decir, temen ponerse a mal con el imperio.
Las declaraciones e informaciones aportadas por Cuba y sus medios de comunicación han permitido que las fechorías cometidas por el terrorista Posada Carriles, hayan salido a la palestra pública internacional y no se olviden, a la par que la secundan muchas personas y gobiernos honestos.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional, William Schulz denunció al diario argentino Clarín que el gobierno estadounidense no ha procesado a un solo individuo culpable de actos de tortura, pese a que Washington ratificó en 1994 esa Convención. En vez de eso, el país ha optado por ignorar o simplemente ocultar el problema.
La mayoría de los represores son latinoamericanos que viven como respetables vecinos en Miami: el militar que organizó el asesinato del obispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero; el ex agente de la Dirección de Inteligencia chilena que asesinó al general Prats y su esposa en Buenos Aires, en 1974; el fundador de los Escuadrones de la Muerte de Honduras, entre muchos otros.
Sandra Coliver, del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJR) fundado por abogados estadounidenses que defienden a víctimas de la tortura declaró a Clarín que hay al menos mil extranjeros en los Estados Unidos que cometieron, ordenaron o tuvieron responsabilidad en la tortura y otras atrocidades en sus países.
Coliver puntualizó que casi 300 viven en la Florida. «Para Estados Unidos sería una gran vergüenza que Florida se convirtiera en el lugar de retiro de torturadores y criminales de guerra de América latina», agregó.
El diario argentino destacó que muchos de los torturadores que hoy transitan por Estados Unidos tuvieron buenos vínculos con Washington cuando eran hombres fuertes en sus países. Militares entrenados en la Escuela de las Américas y otros tantos protegidos de la CIA, como el haitiano Emmanuel «Toto» Constant. «Era siniestro, responsable de la gran represión en ese país. Decían que tenía protección de Washington», recuerda el diplomático argentino Leandro Despouy, ex embajador en Puerto Príncipe, en esos años de terror.
Algunos de esos individuos que fueron detenidos, lo han sido por problemas migratorios y no por las fechorías cometidas, y tras pagar una multa son nuevamente puestos en libertad.
Recientemente resultaron arrestados por fraude migratorio, tres acusados de violar los derechos humanos en Perú y Argentina, lo cual puso de manifiesto una larga lista de represores que viven e incluso trabajan en Estados Unidos mientras sus países los reclaman para juzgarlos o encarcelarlos.
Los peruanos arrestados (el primero en Miami y el segundo en Baltimore), según la agencia francesa AFP, son el ex mayor Telmo Hurtado, convicto en Perú por la «Masacre de Accomarca» de 1985, y Juan Rivera Rondón, vinculado a la misma matanza.
El tercero es el argentino Ernesto Barreiro, acusado de torturas en el centro clandestino «La Perla» de la dictadura argentina (1976-1983), detenido en Arlington (Virginia, oeste), también por fraude migratorio.
La AFP indicó que esos individuos conforman una larga lista de acusados de violaciones a los derechos humanos que residen de forma pública u ocultos en Estados Unidos, según organizaciones de derechos humanos.
Pero además, esos asesinos y terroristas cuando son encausados, pagan sus delitos con dinero sin algarabía ni publicación.
Armando Fernández Larios, miembro de la Caravana de la Muerte durante la dictadura de Augusto Pinochet, hallado responsable en 2003 en un juicio en Florida por torturar y matar al economista chileno Winston Cabello, fue condenado a pagar cuatro millones de dólares a familiares de la víctima, señaló la organización CJR. Aun vive en ese Estado.
Alvaro Saravia, quien participó en el asesinato del arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero en 1980, fue condenado en septiembre de 2004, en Estados Unidos, a pagar 10 millones de dólares a un familiar del prelado.
El ya mencionado Emmanuel «Toto» Constant fue condenado en 2006 a pagar 19 millones de dólares a tres mujeres víctimas de la organización paramilitar que dirigía: Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso de Haití.
Todos estos caso pasan casi inadvertidos por los medios de comunicación de Estados Unidos y Latinoamérica. De ahí la importancia de mantener una constante denuncia sobre terroristas y asesinos como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, también culpable de la voladura del avión de Cubana y que después de ser indultado por el presidente George Bush (padre del actual mandatario) vive en Miami sin ningún remordimiento y con plena libertad.
Cuba y Venezuela están decididas a continuar la lucha para que Posada Carriles, quien además contrató mercenarios para poner varias bombas en hoteles cubanos en 1997, una de las cuales causó la muerte del turista italiano Fabio Di Celmo, y que preparó un fallido atentado contra el presidente cubano Fidel Castro en Panamá, en 2000, sea llevado a los tribunales o extraditado a Venezuela para que se le juzgue por los crímenes cometidos.
Posada Carriles no puede formar parte de la larga lista de violadores de los derechos humanos y terroristas que disfrutan una vida placentera en Estados Unidos mientras miles de familiares de las victimas claman por justicia.