El caso de Luis Posada Carriles demuestra una vez más que Estados Unidos manipula el terrorismo en función de sus intereses como máxima potencia imperialista mundial. A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial el gobierno estadunidense ha perpetrado actos de agresión militar directa y guerras de gran envergadura contra numerosos países (Corea, Vietnam, […]
El caso de Luis Posada Carriles demuestra una vez más que Estados Unidos manipula el terrorismo en función de sus intereses como máxima potencia imperialista mundial. A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial el gobierno estadunidense ha perpetrado actos de agresión militar directa y guerras de gran envergadura contra numerosos países (Corea, Vietnam, Filipinas, Laos, Tailandia, Irak, Afganistán, Cuba, República Dominicana, Panamá, Granada, Nicaragua, etcétera), pero también ha actuado por medio de acciones encubiertas, golpes de Estado contra gobiernos legalmente constituidos, atentados, secuestros y asesinatos de estadistas y dirigentes políticos, entrenamiento y utilización de bandas de sicarios, provocadores y mercenarios, sabotajes, secuestros de aviones y guerra bacteriológica. Estados Unidos ha elevado el terrorismo al rango de política estatal global, más dañina y peligrosa para la humanidad porque es llevada a cabo por un aparato especializado y diversificado de subversión y con el apoyo de la maquinaria bélica del más grande Estado capitalista.
La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), desde su fundación en 1947, ha sido el órgano fundamental del gobierno estadunidense para realizar las tareas de la guerra sucia que no puede ser caracterizada más que como «terrorismo», si tomamos la definición de este término de la propia Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadunidense como «el uso ilegal de la fuerza o la violencia contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar a gobiernos, a la población civil o un segmento de la misma, en la persecución de objetivos sociales o políticos.»
Bien conoce el pueblo cubano lo que significa la política de terror emprendida por el gobierno estadunidense desde el triunfo de la revolución en 1959. El Tribunal Internacional Benito Juárez que juzgó recientemente en México los crímenes de Estados Unidos contra Cuba, señaló en su sentencia: «En sólo seis meses, en el periodo comprendido entre octubre de 1960 y abril de 1961, la Agencia Central de Inteligencia introdujo en Cuba, con el fin de subvertir el orden interno, 75 toneladas de explosivos en 30 misiones clandestinas aéreas y 45.5 toneladas de armas y explosivos en 31 infiltraciones marítimas. Se realizaron durante este periodo 110 atentados dinamiteros, se colocaron 200 bombas, se descarrilaron seis trenes, se provocaron 150 incendios en fábricas y 800 incendios en plantaciones y se paralizó por una semana el funcionamiento de la refinería de combustible de Santiago de Cuba. La política de terror tuvo su origen en el verano de 1959, algunas semanas después de que el gobierno cubano pusiera en vigor la Ley de Reforma Agraria, el 17 de mayo del mismo año. Esta política de terror se extiende hasta la actualidad. Como consecuencia, 3 mil 478 cubanos han perdido la vida y 2 mil 099 han quedado discapacitados. Se comprobó en el juicio (de este tribunal) que de 1959 a 1997 se han ejecutado contra Cuba 804 actos de terrorismo. De ellos, 78 fueron bombardeos contra la población entre 1959 y 1968, ejecutados por aeronaves provenientes de Estados Unidos que ocasionaron 14 muertos y 75 heridos. También desde el primer año de la revolución hasta 2003 se han cometido intentos de secuestro y secuestros de 61 aeronaves y, entre 1961 y 1996, se realizaron 58 ataques desde naves marítimas contra 67 objetivos económicos y contra la ciudadanía» (www.tribunalbenitojuarez.org).
La protección que Estados Unidos brinda a terroristas confesos como Posada Carriles, entrenado por el ejército estadunidense como «experto en demoliciones» y antiguo agente de la CIA, pone también de manifiesto el doble rasero con el que este país mide el terrorismo. Mientras el presidente George W. Bush asegura que perseguirá a los terroristas «hasta el último rincón de la tierra», su gobierno se empeña en no extraditar a Venezuela a quien planeó el atentado con explosivos contra un avión de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976 -en el que murieron 73 personas-, junto con Orlando Bosch, otro terrorista protegido por Estados Unidos.
No fue éste un acto genocida de un grupo contrarrevolucionario contra Cuba. Como lo informó David Brooks en este diario a partir de la desclasificación de documentos oficiales, «la CIA tenía conocimiento previo de los planes del grupo dirigido por Luis Posada Carriles para hacer estallar el avión de Cubana en 1976, y que la FBI no sólo tenía contacto con uno de los venezolanos que colocaron la bomba en el avión, sino que le facilitó una visa para viajar a Estados Unidos cinco días antes del atentado.»
También ahora se conoce sobre la extensa información que el gobierno cubano hizo llegar a la FBI en junio de 1998 sobre los atentados terroristas realizados en Cuba por la estructura clandestina dirigida por Posada Carriles. El propio presidente Fidel Castro informó sobre las 51 carpetas con reportes que el FBI recibió, que incluían las grabaciones de 14 conversaciones telefónicas de Posada en las que se evidenció su involucramiento directo en ataques terroristas en Cuba. El gobierno cubano entregó asimismo a los agentes estadunidenses las confesiones de los guatemaltecos y salvadoreños convictos de los atentados contra hoteles en La Habana, que demostraban la intervención de Posada. Washington está obligado a extraditar a Venezuela a Posada Carriles. De no hacerlo, se confirmará una hipótesis sustentada por muchos analistas: Estados Unidos practica el terrorismo de Estado y su territorio es refugio de sus terroristas.