Si hubiera una mejor disposición moral y política de los gobiernos, de los pueblos y de los diferentes organismos multilaterales del mundo por hacer cumplir y respetar las disposiciones del Derecho internacional (Convención de Ginebra, Declaración Universal de los Derechos Humanos y/o las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, éstas últimas […]
Si hubiera una mejor disposición moral y política de los gobiernos, de los pueblos y de los diferentes organismos multilaterales del mundo por hacer cumplir y respetar las disposiciones del Derecho internacional (Convención de Ginebra, Declaración Universal de los Derechos Humanos y/o las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, éstas últimas vetadas por un solo voto de Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia o China, en un contradictorio ejercicio de la democracia entre las naciones), ya Estados Unidos habría sido juzgado y condenado en reiteradas ocasiones por perpetrar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio; del mismo modo que lo hecho por el Tribunal de Nüremberg contra los jerarcas más emblemáticos del nazismo en Alemania. Pero existe un «pequeño» detalle: Estados Unidos no reconoce, por ejemplo, la jurisdicción extraterritorial de la Corte Penal Internacional que podría encargarse de ello, como ya lo ha hecho en varias oportunidades; toda vez que quiere imponer su propia interpretación y aplicación de las leyes, estableciendo en consecuencia nuevas categorías legales que respondan a sus intereses particulares, como sucede con los prisioneros de guerra que mantienen en un limbo jurídico en la ilegítima base naval de Guantánamo, torturados, vejados e incomunicados, sin llegar a demostrarse convincentemente su condición de terroristas, calificados de combatientes o enemigos ilegales, por lo que serían ajenos a la aplicación de la Convención de Ginebra, más aún de los derechos consagrados en la misma Constitución estadounidense al hallarse en un territorio que no pertenece propiamente a Estados Unidos.
De este modo, Estados Unidos ha asumido una posición de arrogancia por sobre toda la humanidad. Ya bien lo describía en 1998, durante la presidencia de Bill Clinton, la entonces Secretaria de Estado Madeleine Albright, tras un ataque de misiles cruceros contra Iraq: «si tenemos que emplear la fuerza es porque somos Estados Unidos. Somos la nación indispensable. Somos grandes. Anticipamos el futuro». Siendo así, toda iniciativa de la Casa Blanca inscrita en su guerra contra el terrorismo global tendrá, por consiguiente, una duración y un ámbito territorial indefinidos, y será, además, «justa» desde todo punto de vista. Así, los diferentes gobiernos yanquis se han convertido en los ejecutores consecuentes de la estrategia comercial y militar del capitalismo neoliberal globalizado, en plena correspondencia con lo expuesto por Thomas Friedman, Consejero de Seguridad del gobierno de Clinton, respecto a que «la mano invisible del mercado no funcionará jamás sin un puño invisible. Mac Donalds no puede extenderse sin Mc Donald Douglas, el fabricante del F-15. El puño invisible que garantiza la seguridad mundial de las tecnologías del Silicon Valley es el ejército, la fuerza aérea, la fuerza naval y el cuerpo de marines de los Estados Unidos».
Como se puede inferir, para Washington es vital que nadie ni nada contraríe este estatuto imperial. Por ello, el estado de ingobernabilidad o caos que viene propiciando desde hace algún tiempo en diferentes regiones y naciones (caso del Medio Oriente y Siria) se transforma por obra y gracia de la política imperial yanqui en escenario que facilite la imposición y existencia del neoliberalismo capitalista como expresión incuestionable de libertad, progreso y civilización; sobre todo, frente a quienes se resisten a ello, defendiendo su identidad cultural y su inalienable derecho a la autodeterminación.
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