Un ecologista de Camerún que denunció la apropiación de tierras por una empresa trasnacional fue condenado a pagar una multa de 1.800 dólares o tres años de cárcel, además de 18.000 dólares de indemnización, un fallo que podría intimidar a otros que deseen proteger los recursos naturales del país. Nasako Besingi, director de la organización […]
Un ecologista de Camerún que denunció la apropiación de tierras por una empresa trasnacional fue condenado a pagar una multa de 1.800 dólares o tres años de cárcel, además de 18.000 dólares de indemnización, un fallo que podría intimidar a otros que deseen proteger los recursos naturales del país.
Nasako Besingi, director de la organización Lucha para Economizar el Ambiente del Futuro (SEFE), fue condenado el 3 de noviembre por un tribunal de Mundemba, una aldea sudoccidental de Camerún.
«La condena de Nasako Besingi… sugiere el deseo de intimidar a los activistas ambientales, en un contexto caracterizado por la proliferación de inversiones en la tierra y los recursos naturales, que invaden con fuerza las tierras de las aldeas»: Samuel Nguiffo.
SG-SOC, una filial de la estadounidense Herakles Farms, y dos de sus empleados, lo demandaron por difamación luego de que Besingi denunciara una agresión física por parte de dos trabajadores de la empresa, que pretendía explotar una plantación de aceite de palma, un producto cuestionado por los ecologistas ya que destruye los bosques.
Además de la multa, la corte le ordenó al activista pagar a los dos demandantes civiles una indemnización de 18.000 dólares y los costos del juicio, de 364 dólares. Besingi tuvo un plazo de 24 horas para pagar la multa, de lo contrario pasaría tres años tras las rejas.
SEFE pagó la multa «solo para tener tiempo para poder hacer otras cosas mientras nuestro abogado, Adolfo Malle, interpone un recurso de apelación», explicó el activista.
Besingi le contó a IPS que Herakles Farms (SG-SOC) lo demandó después de que el gobierno de Camerún suspendiera sus actividades en el país.
El activista había escrito peticiones en las que acusó a empleados de la empresa de mentirles a los aldeanos. En sus denuncias, Besingi notificó al gobierno que Herakles Farms (SG-SOC) había talado árboles y plantado viveros sin autorización, lo que él consideró ilegal.
También denunció que la empresa trasnacional afirmaba contar con la autorización para adquirir 73.000 hectáreas de tierra, gracias a una concesión de 99 años a un precio anual de 50 centavos de dólar por hectárea.
«Mi denuncia la presenté en agosto de 2012, y en noviembre de 2013 el presidente Paul Biya firmó un decreto que limitó a la empresa a 19.843 hectáreas de tierra en Camerún y a pagar siete dólares por hectárea por año», recordó el activista. La trasnacional abandonó el proyecto poco después.
Besingi sostiene que, en su demanda inicial, Herakles Farms (SG-SOC) lo acusó de incitar al gobierno a suspender sus actividades productivas, pero durante el proceso – que se prolongó casi dos años – la compañía modificó la demanda a difamación.
La agresión física contra Besingi se produjo pocos días después de que el activista condujera a varios periodistas locales e internacionales a cubrir el conflicto entre Herakles Farms (SG-SOC) y localidades de Mundemba.
En su informe del incidente, una copia del cual se remitió a Bruce Wrobel (fallecido), el director general de la empresa por entonces, Besingi identificó a los agresores como empleados de Herakles Farms (SG-SOC).
«Utilizaron el informe contra mí diciendo que había difamado a la empresa, mientras que hubo muchos testigos en el lugar de los hechos», aseguró el activista.
Varias ONG ecologistas, – entre ellas Nature Cameroon, Cultural Survival, African Coalition Against Land Grabbing y Greenpeace – que también se expresaron contra el acaparamiento de tierras de Herakles Farms, denunciaron la sentencia contra Besingi.
«La condena de Nasako Besingi… sugiere el deseo de intimidar a los activistas ambientales, en un contexto caracterizado por la proliferación de inversiones en la tierra y los recursos naturales, que invaden con fuerza las tierras de las aldeas», declaró Samuel Nguiffo, coordinador del Centro para el Ambiente y el Desarrollo, con sede en Yaundé.
Un comunicado de los activistas de Greenpeace, Amy Moas y Eric Ini, asegura que Besingi es «culpable nada más que de ejercer su derecho democrático a la protesta». Añaden que Herakles Farms opera sistemáticamente para silenciar a sus críticos y que el activista fue intimidado y agredido en los últimos años.
El jefe Alexander Ekperi, de Esoki, uno de los pueblos afectados por el proyecto agroindustrial, dijo a IPS que, como gobernante tradicional, fue el intermediario entre los inversores y los indígenas. Añadió que su pueblo depende de la agricultura y que sin tierras no tendrán nada que hacer y se sumirán en la pobreza.
«Yo apoyo 100 por ciento a Nasako. La compañía nos ocultó información. Nos engañaron al decir que desarrollarían la aldea, pero Nasako y otros ecologistas nos educaron sobre el proyecto y nos dimos cuenta que la empresa explotaría productos madereros y no madereros, se apropiaría de nuestra tierras de cultivo y dejaría a los habitantes sin nada», sostuvo.
«No éramos ni siquiera conscientes de cuánta tierra se estaba apropiando la compañía», añadió.
Peter Okpo Wa-namolongo, que vive en una de las aldeas del Parque Nacional Korup, cree que la sentencia contra Besingi fue injusta.
«Estas grandes empresas tienen dinero. Pagan para meterse en los lugares y estoy seguro de que incluso los jueces recibieron su dinero. Estoy muy en contra de lo que le está sucediendo a Nasako», opinó.
Mosembe Cornelius, dueño de un campo que Herakles Farms pretendía trabajar, dijo a IPS que «el mayor problema es que el gobierno tiene información incompleta acerca de la crisis. Yo hubiera perdido mis siete hectáreas si los ambientalistas no nos hubieran ayudado».
Otro aldeano, Edwin Njio, sumó su opinión. «Los ecologistas nos ayudaron a reunirnos con abogados internacionales que expusieron la ilegalidad de la empresa. Estaríamos muertos sin nuestra tierra. Nosotros los aldeanos estamos muy enojados», exclamó.
«Nos trataron como animales, pero ahora entendemos nuestros derechos. Si Nasako es condenado entonces todo Camerún debería ir a la cárcel. Incluso nuestros jefes (tradicionales) nos tratan como si no fuéramos dignos de respeto», afirmó.
El jefe Eben Joseph tiene un punto de vista discordante. Es uno de los gobernantes tradicionales en cuya zona se estaba instalando el proyecto de Herakles Farms.
«Este proyecto iba a traer el desarrollo a mi aldea. El jefe de Estado quiere que Camerún sea (un país) emergente en 2035. ¿Cómo vamos a lograrlo sin inversiones extranjeras?», se preguntó.
Aunque está enfrascado en la apelación, Besingi informó que recibió quejas de los trabajadores despedidos por Herakles Farms. «Les pagaron el despido a algunos trabajadores en julio de 2015 con la promesa de pagar a 70 empleados más el 30 de septiembre, pero no lo hicieron», indicó.
La compañía apeló a la presidencia de Camerún el 3 de octubre, pidiéndole al gobierno que interviniera en las causas judiciales en su contra.
Jonathan Watts, el gerente de operaciones de Herakles Farms, envió una carta en la que aseguró que su empresa gastó fondos en varios casos judiciales y que el gobierno debería ayudar a que se desestimaran esos procesos, para que la firma se dedicara a la producción de aceite de palma.
Traducido por Álvaro Queiruga
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2015/12/fallo-contra-activista-de-camerun-que-denuncio-a-trasnacional/