El texto, que supera los 1.000 folios, refleja los hechos cometidos contra los saharauis desde 1975. El documento expone presuntos delitos de genocidio, asesinato, torturas, detenciones y lesiones. Los querellantes tienen contabilizados por el momento 542 personas desaparecidas Asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y familiares de presos y de desaparecidos saharauis han presentado […]
El texto, que supera los 1.000 folios, refleja los hechos cometidos contra los saharauis desde 1975. El documento expone presuntos delitos de genocidio, asesinato, torturas, detenciones y lesiones. Los querellantes tienen contabilizados por el momento 542 personas desaparecidas
Asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y familiares de presos y de desaparecidos saharauis han presentado ante el Juzgado Central Decano de Instrucción de la Audiencia Nacional española una querella criminal contra 31 ex gobernantes y ex responsables militares marroquíes por presuntos delitos de genocidio, asesinato, torturas y detenciones ilegales y lesiones practicadas por el Reino de Marruecos contra el pueblo saharaui desde octubre de 1975.
Los querellantes tienen contabilizados por el momento 542 desaparecidos, de los que la mayoría poseía documento nacional de identidad como españoles cuando fueron expulsados de sus hogares en 1975, según ha explicado el abogado Manuel Ollé a las puertas de la Audiencia Nacional.
Suscriben la querella la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), la Federación de Asociaciones de Promoción de Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui (FESISSAH) y la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui (CEAS-SAHARA).
Entre los 31 querellados figura el ex ministro del Interior marroquí Dris Basri y el ex responsable de la Dirección General de Estudios y Documentación y consejero especial del rey de Marruecos Yassine Mansouri, además de otros responsables policiales y militares, entre ellos el general mayor de las Fuerzas Armadas Reales, Housni Ben Sliman, según detalla el texto de la querella, que supera los 1.000 folios.
Los hechos denunciados, se sitúan a partir del año 1975, cuando tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, «España se marchó de su provincia número 53, ocasionando la violenta invasión del Sahara Occidental por parte del reino de Marruecos», señala el escrito.
Añaden que la invasión y masacre contra el pueblo saharaui duró 16 años, tiempo en el que sus integrantes han sido sometidos a la dominación de una potencia extranjera que les impide «el ejercicio del derecho a su libre determinación, reconocido por la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1960, implicando con ello una denegación de los derechos humanos fundamentales».
El escrito presentado en la Audiencia Nacional relata que desde el 31 de octubre de 1975 y hasta la actualidad «el ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui» en una guerra de invasión que obligó a abandonar sus hogares a 40.000 personas, que tuvieron que huir al desierto y fueron perseguidos y bombardeados por las fuerzas invasoras con Napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación.
Eliminación sistemática de un pueblo
Ollé, que representa a una de las asociaciones querellantes, ha señalado que tienen constancia de que algunos de los perseguidos fueron arrojados al vacío desde helicópteros, y se ha referido a la existencia de un plan sistemático de eliminación del pueblo saharaui que se realizó de forma organizada por las personas denunciadas, sirviéndose del personal a su mando y de los efectivos personales militares y paramilitares.
Ollé se ha mostrado confiado en que la Audiencia Nacional aceptará la querella de acuerdo con los criterios del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de la propia Sala de lo Penal de esta Audiencia, que ya ha investigado la comisión de delitos de persecución internacional, como el genocidio, referidos a las víctimas de la represión Argentina entre 1983 y 1973 y que actualmente instruye causas por el genocidio en Guatemala y en el Tíbet.
Por su parte, el secretario de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui (FEDISSAH), Antonio López, ha señalado que el Gobierno español «está haciendo muy poco» por el pueblo saharaui, y que no basta con la ayuda humanitaria. «El Gobierno de España tiene una deuda histórica, política y moral con el pueblo saharaui», ha declarado.