La máscara de la llamada guerra antiterrorista y en pro de la democracia y la libertad ha caído por completo como hoja seca en otoño. El rostro es negro: la Casa Blanca y Downing Street imponen a Irak contratos leoninos en materia de petróleo. Los favorecidos serán los de siempre: BP-Amoco, Shell, ExxonMobil, Chevron, la […]
La máscara de la llamada guerra antiterrorista y en pro de la democracia y la libertad ha caído por completo como hoja seca en otoño. El rostro es negro: la Casa Blanca y Downing Street imponen a Irak contratos leoninos en materia de petróleo. Los favorecidos serán los de siempre: BP-Amoco, Shell, ExxonMobil, Chevron, la francesa Total y la italiana ENI. Sus representantes integran el Centro Internacional de Impuestos e Inversiones (CIII) que presiona al gobierno títere de Bagdad para que adopte la Ley iraquí de hidrocarburos (LIH). Nuri al Maliki aceptó su primera versión en enero de este año, un texto preparado por la empresa consultora gigante Bearing Point por encargo del Departamento de Estado norteamericano. El primer ministro no contaba con la reacción contraria que provocó en el Parlamento colaboracionista, y menos con la de los 26.000 trabajadores del sector petrolero iraquí.
El periodista Arthur Lepic recuerda en el Réseau Voltaire (20-6-07) que el 4 de junio pasado aquéllos lanzaron una huelga que paralizó la zona productora principal del sur del país y cortó durante varios días las exportaciones de petróleo, que llegan a dos millones de barriles diarios, según cifras oficiales. Antes de la invasión, se elevaban a 3,5 millones, un 50 por ciento más, y Paul Wolfowitz, uno de los arquitectos de la intervención, predecía que la producción de energéticos de Irak financiaría rápidamente los costos de la guerra. Se equivocó, claro, como cuando le aumentó el sueldo a la novia ya de presidente del Banco Mundial. La guerra ha entrado en su quinto año y no parece cercano el final, pero Irak posee el 10 por ciento de las reservas mundiales de petróleo y hay que saciar el apetito de las megaempresas del ramo, especialmente en momentos en que se comprueba que la producción mundial de oro negro declinará en los próximos años por agotamiento de las reservas hoy explotadas.
La Federación iraquí de sindicatos del petróleo exige que se anule el aumento del precio interno de los hidrocarburos, que agrava una situación económica casi insostenible, y denuncian que la LIH privatizaría los ingresos del país procedentes del petróleo «en condiciones escandalosamente beneficiosas» para las compañías extranjeras. Al Maliki ordenó cercar a los huelguistas con tropas iraquíes y lanzó órdenes de arresto contra los líderes del movimiento, mientras cazas norteamericanos sobrevolaban las manifestaciones. No pudo quebrar la huelga e hizo vagas promesas que, se sabe, están destinadas a la errancia. El proyecto de ley, que el Parlamento iraquí no termina de aprobar, es absurdo y aun increíble.
La LIH sancionaría el método del «contrato de coparticipación en la producción» (PSA, por sus siglas en inglés) que no existe en Medio Oriente desde las nacionalizaciones de los años ’70. Algo saben de los PSA los dolores de cabeza de Putin, que los heredó del gobierno corrupto de Boris Yeltsin. El proyecto de ley para Irak estipula que los monopolios extranjeros, a cambio de inversiones -reales o no-, recibirán del 60 al 70 por ciento de los ingresos petroleros durante un período de amortización de 40 años y el 20 por ciento después. Las compañías aducen que la inseguridad imperante aumenta riesgos y costos. Olvidan un pequeño detalle: la ocupación ha generado esa inseguridad y se mantiene precisamente para garantizar la obtención de ganancias con el petróleo iraquí, que Hussein nacionalizó en 1972.
Este plan es viejo. El Departamento de Estado diseñó en abril del 2002 -un año antes de la invasión- el proyecto «Futuro de Irak» y en su elaboración participaron altos funcionarios del gobierno Bush, representantes de las megacompañías petroleras y exiliados iraquíes como Ibrahin Bahr al Ulum, casualmente nombrado ministro del Petróleo después de la invasión. Una de las conclusiones de tal proyecto es que Irak «debe abrirse a las compañías internacionales lo más rápidamente posible al terminar la guerra». Que ya estaba prevista. Otra conclusión: «El país debe crear una atmósfera propicia a fin de atraer las inversiones en los recursos del petróleo y el gas natural» (www.gwu.edu, 1-9-06). John Negroponte, el segundo del Departamento de Estado, acaba de visitar Bagdad para apurar la promulgación de la LIH: lo respaldaban 160.000 efectivos militares estadounidenses y un ejército de civiles contratados aún mayor. ¿Alguien suponía que esta guerra es por petróleo? ¿Eh?