“Hay niños en la calle y no le importa a nadie”; “¡Basta ya, ningún desahucio más”; “No pot ser, gent sense casa i cases sense gent”; con la señal (de tráfico) de Stop desahucios, las camisas cortas verdes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y algunos chalecos amarillos de Yayoflaut@s Valencia, decenas de activistas y vecinos se concentraron el 4 de mayo en el número 67 de la avenida Cardenal Benlloch de Valencia, para pedir a la empresa especulativa Promontoria Coliseum “que firme alquileres sociales ya”.
En 2019 el Banco Sabadell vendió la mayor parte de sus activos inmobiliarios al fondo estadounidense Cerberus Capital; la sociedad Promontoria Coliseum Real Estate forma parte del entramado deCerberus, fondo buitre contra el que se movilizan actualmente los colectivos en defensa del derecho a la vivienda.
En la acción del 5 de mayo en Valencia, el edificio de oficinas (punto de la convocatoria) estuvo custodiado por un furgón y cerca de una decena de agentes de la Policía Nacional; los activistas de la PAH lograron finalmente entrar, y presentaron un escrito que informaba: “Hoy escenificaremos que hemos de limpiar nuestros barrios y ciudades del virus de los fondos buitre, que como la COVID-19 nos mata y arruina nuestras vidas”.
No se trata de una movilización aislada; el 22 de marzo las PAH de Cataluña iniciaron una campaña de denuncia que señalaba la “inacción política”, a la banca y los fondos buitre; integrantes de la plataforma se concentraron ese día ante la sede de la inmobiliaria Servihabitat (fondo de capital Lone Star y CaixaBank), en el municipio de Cornellà de Llobregat (Barcelona); asimismo el 19 de abril se desarrollaron protestas en diferentes ciudades –Madrid, Barcelona o Valencia- insertas en la campaña Guerra a Cerberus.
La acción de PAH Valencia tuvo lugar –el 19 de abril– ante una oficina del BBVA: una mujer jubilada y enferma –María Luz– está amenazada de desahucio en el municipio de Xirivella, a instancias de la inmobiliaria Divarian (Cerberus y BBVA).
Entre los puntos denunciados en el escrito de PAH Valencia, figuran los precios “desorbitados” del alquiler en la ciudad; de hecho, según el portal inmobiliario Idealista.com (datos 3 de mayo), el incremento del último año en la capital valenciana es del 20,6%, la tercera de las grandes ciudades tras Málaga (24,4%), y Palma de Mallorca (21,2%); y por delante de Barcelona (18,7%) o Madrid (10,3%).
En el edificio de la avenida Cardenal Benlloch 67 de Valencia está ubicada la sede de Haya Real Estate; la empresa se autodefine como “gestora de activos financieros e inmobiliarios”, que tiene entre sus clientes al BBVA, CaixaBank, Cajamar y Cerberus Capital Management.
En la concentración del 4 de mayo participa M.C.S.B, de 60 años, afectada por una discapacidad, diabetes, hipertensión y problemas cardíacos, por los que ha de medicarse; firmó hace una década un contrato de alquiler de la vivienda con el Banco Sabadell (200 euros mensuales), que Solvia –inmobiliaria de la citada entidad– le rebajó a 150 euros.
Pero “recibí un burofax en el que se me informaba de que la vivienda había sido transferida al fondo buitre Promontoria Coliseum; el contrato finalizó hace dos meses y no quieren renovármelo”; mientras, M.C.S.B. vive con 764 euros mensuales de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI); comparte la casa con una compañera, de 56 años, que trabaja como vendedora ambulante en los mercados.
Otro afectado que está presente en la movilización es J.C., de 50 años; reside con una compañera en una vivienda propiedad del fondo Promontoria Coliseum, en la Avenida de la Plata de Valencia; vive ya tres años en la casa, y se halla en situación de desempleo. J.C. pide un contrato de alquiler con el precio de vivienda social; actualmente percibe 600 euros mensuales del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
“Con esta prestación he de pagar la comida, la luz y el agua; así, ¿cómo voy a vivir?”, se pregunta; “ocupamos por necesidad, somos personas vulnerables y con pocos recursos”, añade.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (año 2022 con ingresos del 2021), la tasa de riesgo de pobreza en el País Valenciano se sitúa en el 22,3% (la media estatal en el 20,4%); el 34,6% de los hogares valencianos no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, y el 12,2% presenta retrasos en los pagos respecto a la vivienda principal o compras a plazos.
Asimismo, la encuesta del INE detalla que el 8,4% de los hogares del País Valenciano tuvo en 2022 “mucha dificultad” para llegar a final de mes; a ello se suman los efectos de la inflación: 5,5% interanual a finales de 2022, pero que en julio alcanzaba el 10,9%; en enero de 2023, la inflación subyacente (no considera el precio de los alimentos no elaborados y los productos energéticos) se situó en el “máximo histórico” del 7,8% (instituto Valenciano de Investigaciones Económicas –IVIE–).
“Está aumentando la emergencia habitacional”, alerta el portavoz de PAH-Valencia, José Luis González; el País Valenciano fue en 2022 la tercera autonomía –tras Cataluña y Andalucía– en lanzamientos consecuencia de procedimientos que se derivan de la Ley de Arrendamientos Urbanos (3.511), según la estadística del Consejo General del Poder Judicial.
Por otra parte, el Congreso de los Diputados español aprobó el 27 de abril el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, cuya tramitación continúa en el Senado; la nueva legislación ha contado con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís y Teruel Existe.
La misma fecha de la aprobación, las PAH valoraron la nueva legislación sobre Vivienda: “Continuará funcionando como un bien de mercado con el que especular (…); se han impuesto las presiones del periodo electoral, así como las de los fondos de inversión y las patronales inmobiliarias”.
De hecho, “no ofrece una alternativa a los desahucios, ni garantiza alquileres asequibles, ni asegura la protección de un techo a las personas sin hogar y cuyas medidas más destacables consisten en ventajas fiscales para los propietarios y una regulación de alquileres llena de carencias (…)”, concluyeron las plataformas.
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