NO TIENEN VERGÜENZA TELEFÓNICA ha tenido en 2010 unos beneficios record de 10.167 millones de euros (un 30,8% de aumento respecto a 2009) en plena época de crisis y, en lugar de apostar por el empleo y la inversión, en la Junta de Accionistas que se celebra el día 18 de mayo, va a repartir […]
NO TIENEN VERGÜENZA
TELEFÓNICA ha tenido en 2010 unos beneficios record de 10.167 millones de euros (un 30,8% de aumento respecto a 2009) en plena época de crisis y, en lugar de apostar por el empleo y la inversión, en la Junta de Accionistas que se celebra el día 18 de mayo, va a repartir dividendos por un total de 7.300 millones de euros, el mayor repartido por una empresa española hasta el momento. La mayoría irá a entidades financieras que son las que ostentan el control de Telefónica desde su privatización (los mayores accionistas son BBVA y La Caixa), pero también entre los principales accionistas figuran ejecutivos de Telefónica con grandes fortunas como el propio presidente Cesar Alierta, el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, o Gonzalo Hinojosa, el ex dueño de Cortefiel con paquetes de acciones que, en algún caso, superan los 50 millones de euros. Para la alta dirección de Telefónica el premio será doble ya que, además de los dividendos de su paquete de acciones, se repartirá una prima de 450 millones de euros de los que 50 millones serían para los 3 directivos más importantes, y que sucede a otro plan de incentivos millonario que termina este año.
Recordemos que el presidente de Telefónica, Cesar Alierta, ya dio el pelotazo en Tabacalera al utilizar información privilegiada aprovechando su condición de Presidente de esa empresa; hecho delictivo demostrado, aunque no haya sido condenado por prescripción del delito (sentencia de 17/07/2009 de la Audiencia Provincial de Madrid) ya que tardó años en ser juzgado, años en que se aseguró ir «ganando voluntades» incorporando a la Empresa, con salarios millonarios, al ex-ministro Zaplana en 2008, a Javier de Paz, secretario de las Juventudes Socialistas, a Ignacio Urdangarín, yerno del Rey Borbón…
Lo tienen claro: para la dirección incentivos millonarios, para la clase trabajadora algo bien diferente, despidos, externalizaciones, ajuste de salarios, eliminación de condiciones laborales… recariedad.
Tras destruir 50.000 empleos cualificados desde 1993 (pactados con los sindicatos CC.OO y UGT), y sustituirlos por trabajo precario y mal pagado en las contratas, quieren continuar con la destrucción adicional de más de 6.000 empleos, un 20% de la actual plantilla.
Además, propone recortar de nuevo las inversiones un 10%, pasar de 30.000 a 27.000 millones de euros, en una economía atrasada como es la del Estado Español, que tiene la Banda Ancha más lenta y más cara de la Unión Europea (Informe oficial de la C.M.T., 2º semestre de 2010); ese dinero se lo dará a la especulación financiera y aumentará la distancia tecnológica y el déficit estructural de productividad de la economía del Estado Español.
Para aumentar el pago a los ricos, Telefónica propone desempleo y baja de salarios, de hasta un 25% en las nuevas tablas salariales, presentadas en la Negociación Colectiva de la Empresa a fines de 2010, rechazadas por los/las trabajadores/as y pendientes de acordar en el nuevo Convenio. Para someter a la plantilla que estamos peleando contra todo esto, primero intenta reprimir a los sindicatos que le plantan cara, despidiendo y sancionando a los delegados/as que encabezan las movilizaciones contra sus planes especulativos para continuar con la represión contra los trabajadores utilizando el despido por estar enfermos, aunque las bajas sean justificadas.
Todo esto que tiene en marcha la Dirección y los propietarios de Telefónica, no se hace para mejorar la vida de las personas y los servicios que reciben, ni para incrementar la productividad del sistema económico del Estado Español, sino para continuar la concentración y acumulación de capital en las manos de unos pocos. Todas las acciones propuestas por la alta dirección de Telefónica, reducir empleo e inversión, y entregarle los recursos económicos del país a la especulación financiera, ahondarán la crisis económica y el desempleo en un país con casi cinco millones de parados, más de un millón de familias donde ninguno de sus miembros tiene ingreso alguno, con millones de personas en el umbral de la pobreza y/o con economías de subsistencia…
No podemos consentir este expolio que va a suponer más especulación financiera, menos empleo y mayor desigualdad en la distribución de la renta. El propio congreso va a debatir una propuesta de ley que propone llevar a cabo todas las modificaciones legales necesarias para que las remuneraciones de los miembros de los consejos de administración y los altos ejecutivos de las empresas estén ligadas a objetivos ambientales y sociales y condicionar estos pagos al mantenimiento de los puestos de empleo.
No puede aceptarse de ningún modo que servicios públicos como telecomunicaciones, transporte, energía y quizás dentro de poco sanidad, educación… se ponga a disposición de la codicia de unos pocos en lugar de mejorar los servicios, el empleo y el reparto de la renta, es decir al servicio de toda la población.