Washington es corresponsable de la ola criminal en Centroamérica, admite Barack Obama
La guerra contra las drogas enarbolada por Estados Unidos, además de haber fracasado en la práctica, ha desatado una ola de violencia criminal sin precedentes, sobre todo en Centroamérica, la segunda región más violenta del mundo, coincidieron el secretario general de la OEA, la secretaria de la Cepal, los gobiernos de Centroamérica y Rusia, y decenas de organizaciones de la sociedad civil.
Según Naciones Unidas, Centroamérica es la segunda región más violenta del mundo (después del sur de África) con 25 muertos por cada cien mil habitantes, tasa que en Honduras se eleva a 86. Recientemente el Institute For Economics Peace publicó el Índice Global de Paz 2013 que clasifica a Honduras como el tercer país más violento, solo antecedido por Colombia y México, en ese orden.
Insuflada por el tráfico de drogas, la deportación de criminales y los problemas económicos, la violencia es uno de los principales flagelos que afectan a las paradisíacas islas del Caribe. La delincuencia es uno de los principales escollos hacia la integración económica regional, afirmó el primer ministro de San Vicente y las Granadinas Ralph Gonsalves. «Si usted no puede trabajar un turno de noche, si es necesaria mayor seguridad para el negocio, si los expertos no quieren venir porque sienten que en otro lugar están más seguros, estamos en problemas», subrayó.
Para Gonsalves, los altos niveles de criminalidad en varios países en el área son un freno al turismo y un factor que no estimula la inversión extranjera. «Nada representa una mayor amenaza para el futuro de nuestra economía que la delincuencia», coincidió el jefe de gobierno de Bahamas Perry Christie. Similar opinión tiene Trevor Benn, de la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Guyana, quien aseguró que en prácticamente todos los Estados caribeños el crimen afecta de manera especial a jóvenes y adolescentes.
Según Benn, la delincuencia juvenil tiene un costo tremendo para el desarrollo de la región, tanto en el plano económico como en el social. El problema, precisó, pone presión sobre el sistema de atención de salud, ya que suma un costo para el estado por la pérdida de recursos humanos productivos. En ese sentido, el ministro de Seguridad Nacional de Jamaica Meter Bunting admitió en febrero que su país pagó un alto costo económico y social por las acciones de la delincuencia en las últimas cuatro décadas.
Durante una conferencia en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos, el funcionario explicó que si Jamaica no hubiera tenido tales índices de inseguridad su economía sería como mínimo tres veces más grande. Destacó que ese problema ha afectado a esa isla caribeña, ya que ha disminuido la competitividad económica y mina la confianza de los inversores. Como resultado de las limitaciones económicas, no hay fondos suficientes para gastar en servicios sociales y luchar contra ese flagelo.
Para el diario Jamaica Observer, «las raíces de esta ola de crímenes violentos no son las privaciones económicas, ya que, con la excepción de Haití y Guyana, los ingresos per cápita son muy altos en países como Bahamas y Trinidad y Tobago». Según ese medio de comunicación, la delincuencia transnacional generada por el narcotráfico es un factor importante que contribuye a la situación de inseguridad, tanto en naciones productoras de drogas, como Jamaica y Belice, como en otras por donde transitan los estupefacientes, como San Vicente y las Granadinas.
La cocaína producida en Sudamérica recorre rutas de Centroamérica y el Caribe para llegar hasta Estados Unidos, el principal consumidor mundial de esas sustancias psicotrópicas ilegales, han reconocido informes de Naciones Unidas. Tanto la producción como el tráfico de drogas genera violencia, circulación ilegal de armamentos, corrupción e inestabilidad, coinciden en señalar expertos caribeños.
«Es posible que un pequeño grupo de delincuentes bien armados y financiados puedan tomar el control de un pequeño país insular. Esas naciones están en riesgo de convertirse en ‘narcoestados’, en los cuales la policía, el poder judicial y los políticos sean corruptos», subraya el Observer.
En una reciente conferencia convocada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para analizar el problema de las drogas en los países de América Latina, el secretario general de la OEA Miguel Insulza y el asesor del gobierno de México en materia de seguridad Óscar Naranjo Trujillo coincidieron en rechazar el enfoque bélico del combate al narcotráfico que privilegia Estados Unidos. Sin nombrar al país del norte, señalaron que el problema no puede ser planteado como una guerra, nombre que Washington da a su política en el tema.
«La droga es un tema de seguridad pública y no un tema militar ni una guerra. No se puede decir ‘vamos a sacar a los ejércitos a las calles’, sino hacer los ajustes que se consideren necesarios en una política que debe tener un componente de interdicción», opinó Insulza y recalcó que los objetivos de las fuerzas policiales son distintos a los de los ejércitos, pese a que estos últimos pueden un rol en la lucha antidrogas, como el control marítimo y la inteligencia.
«Pero no se trata de tener un enfoque de guerra, con soldados y ocupación de ciudades», expresó Insulza al exponer en la mesa «Políticas de Drogas: Desatando el Nudo» del foro mundial, donde planteó un enfoque de seguridad y salud pública. Dijo que los adictos no son criminales, sino enfermos crónicos que deben ser atendidos, como los alcohólicos, y la seguridad pública debe enfrentar la delincuencia, corrupción y criminalidad que genera el narcotráfico.
En el mismo foro celebrado en la sede de la Cepal el 1 de junio, Naranjo planteó proscribir el concepto de «guerra contra las drogas» de las políticas antinarcóticos de la región. Explicó que término «guerra» implica convertir en «enemigos a aniquilar» a los involucrados en el tráfico ilícito de drogas y poner en riesgo vidas humanas. «Cuando incorporamos el concepto de ‘guerra’ la única certeza que les damos es la posibilidad de morir y bajo esa lógica responderán asesinando hasta que sea asesinados», comentó quien fue jefe de la policía colombiana entre 2007 y 2012.
Naranjo recordó también que varios países de la región adoptaron en el pasado reciente el concepto de política de guerra contra el narcotráfico, y para algunos eso significó olvidarse de la integralidad de la política contra las drogas, que supone también esfuerzos de prevención.
Más de 1.200 municipios mexicanos, de los 2.440 del país, son afectados por la guerra contra y entre cárteles de la droga, informó la Procuraduría General de la República (PGR). Entre ejecuciones, enfrentamientos y agresiones, más de la mitad de los municipios (52% ) han registrado al menos un deceso relacionado con el crimen organizado entre diciembre de 2006 y septiembre de 2011, de acuerdo con cifras oficiales de la PGR.
El saldo: 47.515 muertos, de los cuales las cifras más altas se registraron en Ciudad Juárez (Chihuahua), con 7.643, seguido por Culiacán (Sinaloa), con 2.255 asesinatos, destacó el diario El Universal. A esta estadística letal se suman Tijuana (Baja California), que contabilizó 1.850 asesinatos; Chihuahua (Chihuahua), 1.817; Acapulco (Guerrero), 1.456 y Torreón (Coahuila), mil.
La narcoguerra se ha expandido en varias entidades federativas de la Unión a todos sus territorios como son los casos de Sinaloa, Baja California y Baja California Sur. Mientras en las 16 delegaciones del Distrito Federal se han reportado homicidios vinculados con el crimen organizado, aunque en magnitudes diferentes. Este combate contra el narcotráfico también ha ocasionado un número elevado de militares fallecidos en prácticamente la totalidad de Morelos (97% de sus municipios), Nayarit (95%), Michoacán (95), Tabasco (94), Guerrero (93), Chihuahua (93), Durango (92), Aguascalientes (91) y Colima (90).
En 2008, 324 demarcaciones más se convirtieron en escenarios de las cruentas disputas entre organizaciones criminales. En 2009 otros 184 municipios ingresaron a la nómina de ejecuciones y en 2010 se agregaron 196. En los primeros nueve meses de 2011, la ola de crímenes de este flagelo se extendió a 122 municipios más. De otro lado, organizaciones de derechos humanos calculan en más de 50 mil los decesos asociados al narcotráfico.
El secretario general de la OEA insistió en que uno de los peligros del narcotráfico y en general las drogas es que derivan en otros delitos conexos, de violencia criminal. Insulza señaló que ese es uno de los fenómenos que más preocupa a la población de la región, ya que está muy ligado al tráfico de armas. «La violencia letal producida por las armas de fuego en América Latina y el Caribe supera ampliamente al promedio mundial de 42% del total de homicidios», precisó.
El informe de la OEA Sobre Seguridad Ciudadana 2012 revela que en el Caribe el 68% de los homicidios son cometidos con armas de fuego; en América Central el 78%; en Norteamérica el 55%, y en América del Sur el 83%. Es motivo de preocupación la espiral de violencia armada en Honduras, que tenía una de las tasas menores hace 20 o 25 años.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Cepal Alicia Bárcena reiteró que en materia de narcóticos se necesita que los países desarrollados jueguen su rol para combatir un mal que lesiona el desarrollo de América Latina y el Caribe. Se necesita trabajar allí donde se genera el grueso de la demanda de drogas ilegales, y se fabrican y venden la mayoría de las armas de las que disponen las organizaciones delictuales que operan en nuestra región, enfatizó.
En la conferencia El problema de las drogas en las Américas, la funcionaria de la ONU precisó que la inseguridad en la región, tan influida por el narco, ha conducido a la fragmentación del tejido social, a la segregación y a la exclusión. Recordó que sobre la base de la información disponible de 2006, la Cepal estimó que los costos económicos de la violencia en Centroamérica, azotada con protagonismo por la presencia de narcotraficantes, alcanza el 7,7% del Producto Interno Bruto (PIB) subregional. En estos costos se consideraron los relacionados con las pérdidas de salud, costos institucionales, seguridad pública, justicia, gastos privados en seguridad y pérdidas materiales.
Bárcena indicó que el gasto de Centroamérica en defensa, seguridad y justicia en 2010 fluctúa entre el 1,7 y el 3,3% del PIB. «Comprometer recursos tan cuantiosos para países donde las necesidades sociales esenciales son tan extensas imponen un lastre que no se mide solo en números, sino que tiene un costo con nombres y apellidos, hombres y mujeres de nuestro continente a los que se hipoteca la posibilidad de construir proyectos de vida satisfactorios», apostilló.
La ejecutiva de la Cepal comentó también que así como la industria del narcotráfico, la violencia y la delincuencia son causa y consecuencia de la pobreza, la inseguridad y el subdesarrollo, del mismo modo la delincuencia y la violencia limitan la democracia, la libertad y reducen la calidad de vida de los habitantes. «Nuestra América Latina, con tan solo 8% de la población mundial registra más del 30% de los homicidios en el mundo (…) y un promedio de 25,6 homicidios por cada 100 mil habitantes en comparación con los 8,9 de Europa, 3,4 del Pacífico Occidental o 5,8 de Asia Sur-Oriental», reflexionó Bárcena.
De otra parte, Anna Alvazzi del Frate, directora de investigación de la organización Small Arms Survey, coincidió en que las políticas ejecutadas por algunos gobiernos en Centroamérica en el combate contra la droga generan más violencia. Además, aseguró que las estrategias antipandillas fracasaron, y de ahí la necesidad de implementar otras más pacíficas que contrarresten los índices de inseguridad y homicidios, que en Honduras y El Salvador resultan los más altos del mundo en zonas sin conflicto.
La experta expresó que los gobiernos deben ofrecer alternativas a la población como la generación de empleos, pues la violencia pandillera generalmente está ligada al consumo y tráfico de drogas, acciones provocadas en muchos casos por la falta de trabajo. En el estudio realizado por su organización, Alvazzi del Frate aseveró que se observa una reducción notable en las muertes violentas tras la tregua pactada entre las pandillas salvadoreñas, por lo que confía que Honduras también podrá reducir sus cifras con el acuerdo firmado entre las denominadas maras.
Analistas locales consideran que las medidas adoptadas por el Gobierno, tales como sacar los militares a las calles y cambiar los altos mandos de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad, no han resuelto el problema de la inseguridad. Esto se debe a las deficientes medidas de prevención, a los endebles procesos de investigación y al mal empleo de los recursos destinados a la seguridad, lo que facilita a los criminales delinquir a sus anchas, especialmente en las principales ciudades del país como Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Rusia promueve integración contra el crimen trasnacional
La XXX Conferencia Internacional de las agencias de lucha contra el tráfico de estupefacientes (IDEC) celebrada por primera vez en Moscú en la primera semana de junio constató el creciente papel de la consolidación de los esfuerzos antidrogas para neutralizar las redes de contrabando, y centros de producción y tránsito de estupefacientes. Es así que organismos internacionales antinarcóticos y expertos refrendaron en la cita la urgencia de una integración global en la lucha contra el crimen trasnacional organizado, en tanto catalizador de desestabilización y violencia a escala planetaria.
El director del Servicio Federal Antinarcóticos de Rusia (SFA) Víctor Ivanov llamó la atención sobre cómo la drogadicción y la narcocriminalidad se convirtieron de hecho local en el mayor tipo de acción criminal y antisocial con tentáculos por todo el mundo. Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, continúa en espiral el auge de la producción y consumo de alucinógenos, una tendencia al parecer imparable en los últimos 15 años, cuando «las drogas invadieron sociedades y comenzaron a determinar la vida política y económica de algunos estados», observó el titular ruso.
Ivanov agregó que de delito, el narcotráfico pasó a desempeñar un papel como catalizador universal del extremismo, brazo del paramilitarismo, y de las turbulencias políticas en muchos rincones del planeta. De ahí su insistencia en que solo mediante la concertación global es posible derrotar un negocio ilícito que mueve cada año 600 mil millones de euros. La posibilidad de los países usados como tránsito por las bandas criminales de resistir el narco tsunami es limitada por los presupuestos, que son 10 y hasta 100 veces menores que los flujos financieros de los paramilitares con la mercancía criminal (las drogas), advirtió.
Se trata de un trasiego transcontinental de grandes volúmenes de heroína y cocaína, provenientes de dos centros globales de producción: Afganistán y Sudamérica, mientras que al norte del hemisferio occidental, Estados Unidos sobre todo, y en Europa, se ubican los mercados más grandes de consumo de narcóticos. En ese contexto, los expertos asocian el negocio de la cocaína al crecimiento explosivo en 400 veces, de la violencia en algunas naciones de Centroamérica, y del extremismo y el terrorismo en países de África occidental y en la región del Sahel, por el dominio de las rutas.
Así, el encarnizado enfrentamiento de las organizaciones paramilitares y la concurrencia sangrienta por el control en el comercio de esas mercancías lucrativas, el incremento de la violencia y los asesinatos en los estados tránsitos conduce inexorablemente a la desestabilización.
Durante la XXX Conferencia, con la asistencia de representantes de más de 120 estados, el presidente ruso Vladimir Putin catalogó el tráfico de narcóticos de catástrofe para la humanidad. Refirió a modo de ejemplo que el SFA logra interceptar un 40% de las drogas prohibidas que vienen hacia Rusia (en 2012 fueron abortados unos 11 mil intentos), pero el otro 60% penetra en el mercado interno.
Para Rusia, y así lo hizo saber Putin, resulta medular la coordinación de acciones en la lucha global contra el narcotráfico, de cara a la anunciada retirada de Afganistán de las fuerzas extranjeras de ocupación, al mando de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). De acuerdo con la oficina de la ONU para el control sobre drogas y el crimen organizado, en ese empobrecido país centroasiático funcionan miles de laboratorios para la producción de estupefacientes. A pesar de la ocupación de las fuerzas de la OTAN, solo en 2012 los campos cultivados de amapola aumentaron en un 18%, de 131 mil hectáreas a 154 mil. El comercio de opiáceas supera los 60 mil millones de dólares.
Putin advirtió que la producción y el tráfico de las opiáceas afganas no es solo un problema para Rusia, aunque les toca en primer lugar, sino también de Europa, Estados Unidos y Canadá, al tiempo que previno de un deterioro de la situación a corto plazo, con consecuencias trágicas.
De otra parte, la violencia y la inseguridad en Centroamérica están intrínsecamente relacionadas con el narcotráfico y sus raíces en la producción y consumo de drogas en el norte, afirmó Aminta Granera, directora general de la Policía de Nicaragua, en la XXX Conferencia Internacional de la IDEC. La funcionaria aseguró que ni un solo problema derivado del tránsito de narcóticos existiría, si no hubiese producción, demanda y economía de la droga.
Por lo tanto, alertó, la situación de los altos niveles de violencia de los países centroamericanos «no es solo un problema nuestro. Es también un problema de los estados sudamericanos, de los norteamericanos, de los europeos, de los africanos, asiáticos, del mundo entero». Insistió la representante centroamericana en la vigencia «cargada de urgencia» del principio de responsabilidad compartida, adoptado por los países de la región como parte de la estrategia de seguridad.
Responsabilidad compartida frente a un crimen organizado que no respeta fronteras, ni conoce distancias, advirtió sobre una de las grandes y principales amenazas para los estados y pueblos del área. Si no tuviésemos al norte a los mayores consumidores y al sur a los mayores productores, aseveró Granera, no tendría el triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) los niveles de violencia que solo son comparables con los países en guerra.
¿Tendría Honduras la tasa de homicidios más alta del mundo; los 70 mil mareros que tenemos en Centroamérica tendrían nexos con el crimen organizado trasnacional, y con el narcotráfico?, preguntó la directora de la Policía Nacional de Nicaragua a los delegados de esa magna cita mundial en Moscú y llamó a reflexionar sobre las 150 mil víctimas anuales por la violencia entre organizaciones criminales, vinculadas al narcotráfico, en el hemisferio americano.
Nueva estrategia antidrogas de EE.UU. provoca críticas y desconfianza
El pasado 3 de mayo el presidente de Estados Unidos Barack Obama reconoció en Costa Rica las responsabilidades de su país en la violencia de la región centroamericana por la demanda de drogas en la nación norteña. En una conferencia de prensa junto a su par costarricense, al concluir un encuentro bilateral en San José, Obama también calificó a Costa Rica de aliado y dijo que por ello es que se encontraba en el país.
Durante la reciente cumbre de la Comunidad del Caribe, celebrada en Haití, los líderes regionales instaron al secretario de Justicia estadounidense Eric Holder a terminar con esa política. Aunque dijo entender los señalamientos, Holder dejó claro que esas acciones continuarían.
En abril de este año, el director de Política Antidrogas de la Casa Blanca Gil Kerlikowske presentó las directivas de la nueva estrategia antidrogas 2013 en la Escuela de Medicina John Hopkins en el estado de Maryland, que incluye un énfasis mayor en el uso de tratamientos médicos para combatir la adicción. Estados Unidos enfoca ese mal como un problema de salud, en momentos en que más de 70% de los norteamericanos consideran un fracaso la lucha contra dicho flagelo.
La estrategia anunciada por el llamado Zar de la Droga también pone un mayor énfasis en la necesidad de una reforma del sistema de justicia penal que incluye la instalación de tribunales especiales y programas de investigación dirigidos a reducir las encarcelaciones relacionadas con esos delitos. Esta medida, de acuerdo con especialistas, estaría dirigida además a disminuir al menos en algo la población penal de Estados Unidos, la mayor del mundo, con más de dos millones de reos, aproximadamente uno por cada 100 habitantes.
Kerlikowske afirmó que el problema de la droga sigue encerrado en un debate con una fuerte carga ideológica en un tema en el que no existen respuestas simples. Según el funcionario federal, la legalización del uso de la marihuana en estados como Washington y Colorado no cambiará la misión principal de la oficina que él dirige, que es la lucha contra el problema de la droga a nivel de todo el país, lo cual no se resolverá con la legitimación de su uso. Un total de 18 estados y el Distrito de Columbia -donde radica la capital del país- legalizaron el consumo de la marihuana como tratamiento médico, 16 territorios la descriminalizaron, mientras en Colorado y Washington los votantes decidieron regularla de la misma forma que el alcohol.
El texto presentado por Kerlikowske desvía recursos que se utilizan para reprimir el consumo y tráfico de drogas para combatir otras infracciones consideradas más serias por las autoridades estadounidenses, informó el diario The Washington Post. Sin embargo, a pesar de la retórica de la estrategia, el presupuesto antidroga continúa con el mismo desequilibrio de siempre, al dedicar casi 60% de los recursos a la represión del uso y tráfico de estupefacientes, y menos dinero al aspecto sanitario y preventivo.
Críticos de la nueva política señalan que ese supuesto énfasis incluye elementos de sanciones penales, como la creación del sistema de cortes antidrogas, donde los enfermos están sujetos a castigos legales si no se realizan las pruebas pertinentes o se ausentan a una consulta médica. Según Bill Piper, director de asuntos nacionales de la organización no gubernamental Alianza para la Política Antidrogas, mientras las autoridades arresten a miles de personas por consumir estupefacientes, no pueden decir que enfrentan el problema desde el punto de vista de salud.
De acuerdo con Piper, no existe otro padecimiento médico para el cual los pacientes sean enviados a prisión para curarlos. Por tanto, la simple expansión de los servicios hospitalarios para este mal no es suficiente, debido a que la estrategia de la Casa Blanca sigue centrada en medidas punitivas contra los drogadictos. En ese sentido, según el Post, más de 750 mil estadounidenses son arrestados anualmente por la posesión de cantidades ínfimas de marihuana. De acuerdo con cifras oficiales, casi 23 millones de norteamericanos mayores de 12 años consumen algún tipo de droga, lo que equivale al 8,9% de la población.
Además de ser el mayor consumidor de drogas ilícitas en el mundo, Estados Unidos se está convirtiendo en un importante productor, como es el caso de la marihuana, que ya es el mayor cultivo comercial del país con un valor superior al del maíz y el trigo combinados.
* Con reportes de los periodistas Roberto Castellanos de la redacción Centroamérica y Caribe, Odalys Buscarón Ochoa, jefa de la corresponsalía en Rusia, y de los corresponsales de Prensa Latina en Tegucigalpa, Lima, San José, Santiago de Chile y Washington.