Desde hace años nos hemos acostumbrado en Galiza a dar determinados debates en un marco trampa, donde la posición hegemónica amparada por el poder y los grandes intereses económicos se predefine previamente en un mantra “en defensa del progreso, cueste lo que cueste y caiga quien caiga”.
Si las derechas extremas a nivel global han usurpado el significado de la palabra libertad, homologando esta con la sociedad de consumo, algo así ha sucedido con un progreso mal entendido que se alimenta de un “laissez faire, laissez passer” que no tiene en cuenta los límites del planeta, aunque en su cínica coartada diga operar en defensa de este. Si traspasamos esta manera de actuar derivada de un capitalismo justificado en el “vale tudo” a una nación sin estado instalada en la periferia de la periferia donde operan dinámicas neocoloniales, las consecuencias se amplifican.
En los últimos años hemos comprobado con la instalación de los parques eólicos, como la justificación de la necesaria transición energética ha obviado en nuestro país el marco legal europeo, el impacto en el territorio, la falta de retorno para los que aquí viven y el hecho cuestionable de que los beneficiarios sea el oligopolio de las eléctricas con la complicidad y el amparo del gobierno gallego. Recientes autos del Tribunal Superior de Xustiza contra esta manera de actuar, con la consiguiente paralización de muchos proyectos, ha desatado una declaración de guerra desde la propia Xunta y los interesados. Un proceder análogo está comenzando a suceder con otros grandes proyectos financiados con fondos europeos.
Eucalipto y celulosa
La iniciativa de la empresa portuguesa Altri en el corazón de Galiza para la implantación de una macro celulosa, con una parte menor de fabricación de fibra textil, le plantea otro gran conflicto social y político a la Xunta en su idea de promover una política económica extractivista al servicio de grandes intereses económicos.
Lo que hace dos años se vendió como un proyecto generador de 2.500 empleos directos dedicada a la producción de lyocell, ha resultado ser una propuesta preparada para producir 400.000 T. de celulosa al año por tan solo 200.000 de fibra textil con una previsión de crear unos 500 empleos. Lo que no ha variado en este tiempo es el compromiso de los aproximadamente 250 millones de fondos europeos de la partida destinada a la «descarbonización» dedicados para este fin, desde una sociedad público-privada creada a tal efecto por la Xunta y en la que participan Abanca, Reganosa y Sogama. Este modelo de producción redundará en un aumento de la demanda de eucalipto, cifrada en el proyecto en 1,2 millones de toneladas, lo que supondrá una especialización aún mayor de Galiza en este monocultivo que genera poco valor y empleo, y tal como se plantea, muchos impactos ambientales, y patrimoniales.
En este país de mil ríos, donde las centrales hidroeléctricas sostienen un tercio de la producción total del estado, se prevé que el consumo de agua del proceso industrial proyectado por Altri con 46 millones de litros diarios, igualaría al de toda la provincia de Lugo donde se ubica. El volumen de vertido resultante después de la depuración, con más de 500 T. de sólidos en suspensión afectará al buen estado de las aguas del río Ulla y de una Ría de Arousa con una importante producción marisquera que da trabajo a miles de personas. Hace poco un informe desaconsejaba el traslado de ENCE a zonas de interior porque no existía ningún río con suficiente capacidad de acogida para sus vertidos. Sin embargo, parece que el PP si está dispuesto a sacrificar el Ulla con un proyecto con peores datos de vertidos que la propia ENCE.
Está previsto situar la fábrica de Altri en el concello de Palas de Rei, justo en el borde de la superficie Red Natura 2000, en una zona que también debiera serlo porque estaba en la propuesta de ampliación que el PP bloquea desde hace años. Resulta curioso saber, que junto a la marca portuguesa formará parte del proyecto Greenalia, una empresa que cuenta con dos ex-Conselleiros del PP. Una de ellas, Beatriz Mato, fue en su momento Conselleira de Medio Ambiente con Alberto Núñez Feijoo. Diremos aquí para resumir todo este marco de intereses cruzados, lo que a veces exclama con vehemencia Xosé Manuel Beiras, “átame esta mosca por el rabo”.
Defensa del territorio
La naturaleza de la iniciativa ha provocado una fuerte respuesta de movimientos sociales y vecinales, que saben que no están solas, y han llevado a cabo movilizaciones, charlas informativas y la realización de incontables alegaciones que han sacado a la luz todas las insuficiencias y defectos del proyecto. Hay en Galiza una defensa continua del territorio por parte de movimientos ecologistas, agrarios o vecinales que vienen dando respuestas contundentes ante diferentes propuestas, vendidas como la solución a los problemas económicos y demográficos del rural gallego y que no eran más que el espolio de recursos naturales para beneficio de grandes empresas, la mayoría con nula conexión con la economía del país.
Sólo en los últimos quince años de gobierno popular podemos recordar los intentos de la megaminería del oro en Corcoesto, la reactivación de la explotación del cobre en Touro, el plan de despliegue de macro parques eólicos al margen de cualquier racionalidad ambiental o social o el anteproyecto de la ley de Acuicultura. En todas estas situaciones el movimiento de resistencia consiguió vencer y frenar cada uno de los proyectos, y cada lucha multiplicó el conocimiento de asociaciones, grupos ecologistas y diferentes plataformas, fortaleciendo el aumento de la sensibilidad ambiental y el sentimiento de defensa del país en amplios segmentos de la ciudadanía.
Este muro que derrotó al PP en varias ocasiones está formado por un movimiento social fuerte que en las sucesivas batallas en respuesta al catecismo del espolio ha ido aumentando su «know how” y también, por una legislación europea que Rueda, Feijoo y compañía parecen no tomar en serio. Es paradigmático que reiteradamente la Xunta haya salido derrotada en instancias judiciales cada vez que cualquier colectivo presentó un contencioso. Sea por una DIA obsoleta, por estar en plena Red Natura, por fragmentación artificial de parques eólicos, por afección patrimonial, por reducir ilegalmente los plazos de información pública o por afecciones a hábitats de interés ecológico, el resultado fueron varapalos judiciales que debieran haber supuesto dimisiones inmediatas que nunca se dieron. Todo esto sucede a pesar de que la principal tarea legislativa de gobierno en el Parlamento de Galicia fue modificar a la carta la normativa para retorcerla del modo más conveniente a eléctricas, mineras o a la propia ENCE, actividad que se intensificó a partir de la muy acertadamente bautizada por la oposición social como “Ley de Depredación”.
El modelo de desarraigo amparado por el gobierno gallego opera bajo la lógica de privatizar beneficios por la vía de los fondos públicos y democratizar los impactos a través de los hechos consumados. Para muestra la sinceridad de Altri al manifestar reiteradamente que sin los 250 millones de subvención la iniciativa no llegará a buen puerto. Ante los sucesivos fracasos en el sector eólico y en el minero, el Partido Popular y los medios públicos o concertados que controla han recurrido a la descalificación de la oposición social y política mediante todo tipo de adjetivos y pocos argumentos; “defensores del atraso”, “negacionistas” y “enemigos del progreso”, o incluso una campaña contra el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza por sus autos y sentencias han copado portadas de papel y minutos de televisión pública. Pretenden con esta manera de proceder vencer con la fuerza lo que no consiguen con la razón, porque saben que, aunque legítimamente el movimiento está creando un debate para la superación de un modelo económico que es responsable de la grave crisis ambiental del planeta, están utilizando como armas defensivas tan solo muchas de las Directivas que en Europa incluso ha apoyado la derecha y que son allí, desde hace tiempo, espacio de consenso. Recurren además a la trampa de plantear la situación como una disyuntiva de “Altri o subdesarrollo» insultando nuestra inteligencia que todavía no está narcotizada y obviando otros proyectos racionales y sostenibles.
El proyecto de Altri aterriza como un extraterrestre en la zona, porque no se incardina en la economía del lugar si no que entra en conflicto, porque pone en peligro las actividades turísticas asociadas al Camino de Santiago, a la naturaleza y al sector primario, con impactos en el paisaje, con unos volúmenes de construcción, contaminación y olores enormes.
Un modelo económico que no sepa conjugar la conservación de la biodiversidad, del agua o del patrimonio con la actividad económica es un modelo obsoleto y sin futuro.
Esto es algo que tienen claro las mujeres y hombres que defienden nuestro territorio. Las políticas ambientales ya no son políticas sectoriales apartadas del núcleo de acción del gobierno, impregnando las decisiones en el ámbito industrial, de movilidad, vivienda y ordenación del territorio o del consumo. No hay progreso si se destruye lo que nos sustenta y Galiza no es una nación a subasta que se ofrezca a precio de saldo, a pesar de que, para algunos, como canta Rubén Blades, este sea un lugar donde hacer negocio con un país portátil.
Martiño Noriega es portavoz de Anova, la organización política fundada en el 2012 por Xosé Manuel Beiras. Ejerce como médico de familia en Santiago de Compostela, la ciudad de la que fue su alcalde entre 2015 y 2019. Antón Sánchez fue portavoz de Anova y diputado en el Parlamento gallego.
Fuente: https://www.sinpermiso.info/textos/galicia-se-vende-un-pais-portatil