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Entrevista a Jean-François Dupaquier, presidente de la asociación «Memorial International»

Genocidio de los tutsis de Ruanda: el atentado del 6 de abril de 1994, una manipulación de cabo a rabo

Fuentes: Survie.org

Traducido para Rebelión por Caty R. y revisado por Rocío Anguiano

El juez «antiterrorista» Jean-Louis Bruguière fue el encargado de identificar y procesar a los responsables del atentado del 6 de abril de 1994 en Kigali (Ruanda), que costó la vida al presidente ruandés Juvénal Habyarimana y dio el pistoletazo de salida al exterminio de los tutsis. Su auto se basa, en gran medida, en las «piezas de convicción» de Richard Mugenzi, radio espía que presuntamente interceptó, el 7 de abril de 1994, los mensajes en los que el Frente Patriótico Ruandés reivindicaba el atentado. En la actualidad, Richard Mugenzi afirma que dichos mensajes de reivindicación fueron totalmente inventados por los extremistas hutus, sin duda para ocultar su propia responsabilidad en el atentado. Estas revelaciones debilitan notablemente la tesis del juez francés.

Señor Dupaquier, el diario Le Monde ha revelado que usted se entrevistó con uno de los testigos que al parecer convencieron al juez Jean-Louis Bruguière de la responsabilidad del Frente Patriótico Ruandés (FPR) en el atentado del 6 de abril de 1994; atentado que costó la vida al presidente ruandés Juvénal Habyarimana y sirvió de detonante para el genocidio de 1994 en Ruanda. Según Le Monde, el Nouvel Observateur, Le Soir de Bruxelles, la Agence France-Presse y otros medios de comunicación, ese testigo, Richard Mugenzi, al contrario que la tesis planteada por el juez Bruguière, parece que en la actualidad exonera al FPR de dicho atentado. ¿En qué condiciones recogió usted ese testimonio que da tanto que hablar, y cuáles son sus consecuencias?

No fue fácil localizar a Richard Mugenzi, y agradezco al juez Bruguière su ayuda involuntaria. Ocurrió así: desde hace varios años trabajo en la redacción de un libro sobre los orígenes del genocidio de 1994 que causó el exterminio de alrededor de un millón de tutsis y numerosos hutus demócratas. Como periodista y escritor, y como testigo experto y consultor en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR, tribunal encargado desde 1994 de identificar y juzgar a los principales «genocidas»), puedo acceder con una relativa facilidad a las audiencias públicas del Tribunal en Arusha (Tanzania). El proceso más notable es el de la comparecencia del coronel Théoneste Bagosora, considerado el artífice del genocidio, y de varios oficiales superiores ruandeses, entre ellos su mano derecha, el coronel Anatole Nsengiyumva. Ese proceso duró varios cientos de jornadas de audiencias; produjo decenas de miles de actas y documentos diversos y por él desfilaron los testigos claves del genocidio de 1994.

Me impresionó la larga declaración, en 2002, de un hombre cuya identidad fue objeto de una protección extraordinaria, hasta el punto de que se «censuró» parte de su declaración. Bajo el pseudónimo de ZF y oculto tras una cortina, proporcionó un testimonio abrumador sobre la organización del genocidio en Gisenyi, ciudad fronteriza del Zaire, que era el refugio de los extremistas hutus en la época. A pesar de la «censura», se puso de manifiesto que ZF era un operador reclutado en octubre de 1990 por el ejército ruandés para interceptar los mensajes de radio de los rebeldes del Frente Patriótico Ruandés.

Me pareció imprescindible entrevistarle en el marco de mis investigaciones, pero a pesar de mis esfuerzos no conseguí identificarle. En el TPIR, su nombre figuraba entre los secretos mejor guardados del equipo de «protección de testigos». Nadie quería arriesgar su puesto para informarme de su nombre y dirección.

En noviembre de 2006, cuando el juez Jean-Louis Bruguière difundió el texto de su auto (que se puede encontrar en Internet) en el que acusaba a nueve altos oficiales del ejército ruandés de haber sido los principales organizadores del atentado del 6 de abril de 1994, citó el nombre del principal testigo de cargo: Richard Mugenzi, operador de radio en Gisenyi (página 30). Al hacerlo, parece que el juez antiterrorista violó un compromiso con el Tribunal Penal Internacional: tenía autorización para interrogar a Richard Mugenzi en 2001 en Arusha, con la condición de que preservara su anonimato. Pero, desde mi punto de vista, esa es la menor de las anomalías de la instrucción llevada a cabo por Jean-Louis Bruguière. En cualquier caso, me permitió poner un nombre a la persona a quien quería entrevistar desde hacía tantos años. Después necesité tres años para encontrarle. Sin entrar en detalles, conseguí localizar a Richard Mugenzi el 29 de mayo de 2009. Concertamos una entrevista el 31 de mayo. En el curso de esa entrevista me reveló que Jean-Louis Bruguière se equivocó al utilizar su testimonio para acusar del atentado al Frente Patriótico Ruandés.

¿Puede explicar por qué es tan importante el testimonio de Richard Mugenzi?

Richard Mugenzi aparece en las páginas 29, 30, 31, 51 y 52 del auto Bruguière. Lo que muestra la importancia que le atribuye el juez «antiterrorista». El 7 de abril de 1994 por la mañana, hacia las 8:45, supuestamente Richard Mugenzi interceptó un mensaje de radio del Frente Patriótico Ruandés que reivindicaba el atentado cometido doce horas antes en Kigali. Ese mensaje se difundió «en abierto», al contrario de los habituales «cifrados» del Frente Patriótico Ruandés y, huelga decirlo, de todos los ejércitos en guerra. El mensaje decía aproximadamente esto: «El invencible (apodo que habían dado sus cortesanos al presidente Juvénal Habyarimana) ha muerto en su avión, los gorilas (hutus) han perdido, los aguzanieves (tutsis) han ganado, la victoria está próxima, felicitaciones al escuadrón reforzado, la guerra continúa, etc.».

Richard Mugenzi habría transcrito a continuación otros tres mensajes, siempre difundidos en abierto, mezclados con numerosos mensajes cifrados, que «confirmaban» que el Frente Patriótico Ruandés era sin duda el autor del atentado, puesto que lo reivindicaba e incluso se vanagloriaba.

Entonces, ¿no podía existir la menor ambigüedad sobre los responsables de un atentado que causó las muertes del presidente ruandés, el presidente de Burundi que le acompañaba, varios ministros y altos funcionarios y tres franceses: el piloto, el copiloto y el mecánico, y que desencadenó el genocidio?

Con esos cuatro telegramas reivindicativos, el juez Jean-Louis Bruguière pensó que tenía la prueba definitiva de la responsabilidad del FPR en el atentado.

Tengo que reconocer que tras su auto del 17 de noviembre de 2006 y las revelaciones de su instrucción que se filtraron, el contenido de los presuntos mensajes me había confundido. Desde su creación en 1988, el Frente Patriótico Ruandés reivindicaba un rechazo visceral al racismo del régimen de Habyarimana, que se apoyaba en «cuotas étnicas» entre hutus y tutsis. El movimiento rebelde -de mayoría tutsi- condenaba un apartheid que sólo seguía vigente en Ruanda y Sudáfrica. Sus miembros rechazaban llamarse hutus o tutsis, se proclamaban «únicamente ruandeses». Es extraño, por lo tanto, que al día siguiente del atentado del 6 de abril el FPR difundiera -y además en abierto- mensajes que estigmatizaban a los hutus, calificados de «gorilas» por oposición a los tutsi, asimilados a los elegantes pájaros aguzanieves. Como coautor del libro Les médias du génocide (Los medios de comunicación del genocidio), estoy bien ubicado para saber cómo era la prensa de los hutus extremistas de la época, que afirmaba que el FPR consideraba al conjunto de los hutus como «gorilas» y difundía caricaturas de ese tipo.

El asunto de los cuatro telegramas del 7 de abril no centró toda mi atención porque el atentado contra el avión de Habyarimana no es el origen del genocidio, como espero explicar en un próximo libro. Pero me prometí interrogar a Richard Mugenzi sobre ese punto. Empecé preguntándole si durante los cuatro años que interceptó los mensajes del FPR, había recogido alusiones a las divisiones étnicas entre los hutus y los tutsis. Me respondió que no. Después leí los cuatro presuntos mensajes de los radio operadores del FPR interceptados el 7 de abril. Fue entonces cuando Mugenzi me hizo esta confesión: esos mensajes no fueron interceptados al FPR, sino que fueron dictados por el coronel Anatole Nsengiyumva. En realidad Nsengiyumva, uno de los altos oficiales más extremistas, le tendió un trozo de papel y le exigió que lo copiara como si se tratase de un mensaje interceptado al FPR. Confieso que me quedé estupefacto por esa revelación. Después leí los otros tres mensajes y me dio la misma respuesta.

¿Qué conclusión saca de esa declaración de Richard Mugenzi?

La revelación del ex espía radiofónico aclara de un golpe ese episodio: nos encontramos frente a una manipulación deliberada. Exactamente 12 horas después del atentado, el coronel Nesengiyumva, adjunto directo y cómplice del coronel Bagosora (como se demostró en el juicio del Tribunal Penal Internacional del pasado mes de febrero que condenó a ambos a cadena perpetua), intentó que se creyera que el atentado había sido cometido por el FPR inventando un documento falso.

¿Usted no había imaginado antes una manipulación semejante?

Desde las audiencias del proceso de Bagosora en 2002, yo sabía que en Gisenyi había un centro de espionaje de radio considerado técnicamente «muy avanzado». Descubrí que los militares franceses habían desempeñado un papel en ese centro y que Richard Mugenzi se había beneficiado de una formación de «radioespía» impartida por dichos militares franceses. Pero en mi carrera como periodista nunca había tenido que tratar cuestiones relativas al espionaje y de repente me di cuenta de que el centro de espionaje de Gisenyi constituía también un centro de desinformación, que la desinformación es uno de los componentes del espionaje. Sin duda no leí con la suficiente atención el libro de Gabriel Peries y David Servenay Une Guerre Noire, que trata especialmente de esa «contribución» de los militares franceses en Ruanda, en la misma línea que los métodos utilizados durante la guerra de Argelia…

En la misma entrevista, Richard Mugenzi me confirmó que en otras ocasiones el coronel Nsegiyumva le había dictado presuntos mensajes que se supondrían interceptados de la radio del FPR y sólo eran operaciones de desinformación.

¿Cuál era la finalidad de los falsos mensajes del FPR?

Todos los que están un poco informados de la tragedia ruandesa saben que a continuación del atentado los extremistas hutus machacaron con el siguiente mensaje, especialmente en las ondas de la radiotelevisión Mille Collines (RTLM): «Los tutsis del FPR han matado al Padre de la Nación, todos los tutsis merecen la muerte por eso». Una propaganda que radicalizó a las masas hutus y las empujó, con más energía que nunca, a exterminar a sus vecinos tutsis: hombres, mujeres, niños, ancianos, todos sin excepción… Y con gran eficacia, puesto que la población ya venía concienciada desde hacía mucho tiempo por una propaganda del odio, adiestrada por las propias milicias armadas y entrenada para matar. Entendemos, por lo tanto, que los mensajes falsos formaban parte de un sofisticado dispositivo que desembocaría en el genocidio de los tutsis, satanizando a estos últimos y buscando convertir a los hutus en asesinos.

Pero entonces, ¿por qué Richard Mugenzi mintió al juez Bruguière cuando éste le interrogó en Arusha?

En ese momento, estaba tan sorprendido por la revelación que se me olvidó plantear esa pregunta obvia. Más tarde llamé a Richard Mugenzi. Entonces me explicó que aunque declaró en el TPIR en 2002 contra Bagosora y Nsengiyumva, nadie le preguntó por los famosos telegramas. Se sabe que para la fiscalía del TIPR, el escenario del atentado del 6 de abril es un tema tabú, el juez Bruguière lo ha expuesto claramente en su auto -con razón-. Y durante el contra interrogatorio del testigo que los atosigaba sobre su papel en el genocidio en Gisenyi, ni Bagosora ni Nsengiyumva levantaron esa liebre, ahora se entiende por qué.

Jean-Louis Bruguière afirma que interrogó a Richard Mugenzi el 5 de junio de 2001 (página 52). En realidad nunca habría interrogado a ese testigo que sin embargo describe como capital. Richard Mugenzi dice que el equipo del juez en Arhusa sólo le avisó una media hora antes de su declaración. Cuenta que se encontró frente a un policía francés que se conformó con hacerle reconocer su escritura en la transcripción de los supuestos mensajes del FPR, incluso sin tomarse la molestia de preguntarle si se trataba de transcripciones auténticas. Ésta es la versión de Richard Mugenzi. Sería interesante leer el acta de esa declaración en el informe Bruguière, por desgracia protegido por el secreto de sumario.

Usted alude a posibles incompetencias de los policías del entorno del juez Jean-Louis Bruguière ¿Puede ser más claro?

Parece que la instrucción se ha llevado únicamente de cargo, en una sola dirección, con un culpable designado muy pronto: el FPR. Por ejemplo, al leer el auto nos damos cuenta de que entre los testigos del juez se encuentra un periodista ruandés que conozco bien, Jean-Pierre Mugabe. En su periódico, LeTribun du Peuple, publicó un largo artículo en Ruanda acusando a cuatro miembros de la guardia presidencial de Habyarimana de haberle asesinado. Una hipótesis refutada de inmediato por Bruguière. Más tarde Mugabe, refugiado en Estados Unidos, acusó esta vez al FPR de haber dirigido el atentado. El juez pareció regocijarse y se explayó sobre esa nueva pista, forzosamente la buena. Sin preguntarse por la credibilidad de un testigo que declara una cosa y la contraria.

¡Es un detalle!

Bueno, hablemos de indicios más importantes, como la famosa caja negra del Falcon presidencial. Como reveló el periodista Patrick de Saint Exupéry en Le Monde del pasado 8 de abril, la célebre «grabación de las voces de la cabina» encontrada en condiciones misteriosas después del atentado, ha sido identificada por los especialistas como la caja negra de un Concorde. La caja se habría cambiado en el aeropuerto de Roissy en Francia, probablemente en un taller de mantenimiento, después se habría trucado para que contuviera la grabación de conversaciones en el aeropuerto de Kigali y habría sustituido a la «auténtica» caja negra del Falcon 50 presidencial que nunca se ha encontrado.

No es difícil adivinar a qué «servicios» puede pertenecer la persona que cometió una manipulación tan sutil y estúpida a la vez. En abril de 1994, enfrentados al genocidio y a la reanudación de la guerra, los militares del Frente Patriótico Ruandés tenían otras preocupaciones y seguramente no disponían de esa capacidad para falsificar los indicios.

Por lo tanto, esa caja negra es un señuelo, pero parece que la policía antiterrorista no ha investigado quien robó, transportó y depositó ese falso indicio en el lugar apropiado: el lugar del accidente.

Tercer indicio falso: los dos lanzamisiles encontrados el 24 ó 25 de abril en una colina próxima al aeropuerto de Kigali en condiciones más que sospechosas. El juez Jean-Louis Bruguière se refiere ampliamente a esos dos cañones lanzamisiles, que lamentablemente desaparecieron después, planteando la suposición de que sirvieron en el atentado contra el avión presidencial.

Los diputados franceses, en el marco de la «Misión informativa Quilès» de 1998, observaron que la fotografía de uno de los dos cañones lanzamisiles, entregado por los militares ruandeses en mayo, mostraba todavía sus dos capuchones, que estaba nuevo y por lo tanto no se podía haber utilizado. El juez Bruguière tampoco menciona esta observación de sentido común. Pierde cualquier capacidad crítica cada vez que se le presenta una «prueba» dirigida a responsabilizar al Frente Patriótico Ruandés.

¿Cómo puede estar tan seguro?

En su auto, el juez Bruguière señala (páginas 40 a 43) que el FPR poseía, desde su ofensiva de octubre de 1990, misiles SAM 7 y SAM 16 -lo que está demostrado por numerosas fuentes fiables y concordantes-. Quienes han analizado la guerra civil de Ruanda, desencadenada el 1 de octubre de 1990 por la incursión del Frente Patriótico Ruandés, saben que este último había robado un surtido de armas pesadas de las existencias del ejército ugandés, entre ellas un número importante de misiles tierra-aire vendidos a Uganda en 1987 por la ex Unión Soviética. Esas armas antiaéreas, muy eficaces, estaban destinadas a compensar la inferioridad estratégica de los rebeldes, que operaban en terreno casi desértico, apenas sin cobertura vegetal, a merced de los seis helicópteros Gacela del ejército ruandés, armados con ametralladoras y misiles, que demostraron su terrible eficacia contra ellos.

Interrogué a este respecto a James Kabarebe, jefe del estado mayor del Ejército Patriótico Ruandés (APR). Me contó que en octubre de 1990 su columna rebelde motorizada fue prácticamente destruida. Un helicóptero Gacela, violando el espacio aéreo tanzano, la sorprendió en pleno día, incendió con ametralladoras todos los vehículos y causó numerosos muertos y heridos.

Sin embargo, hasta el atentado del 6 de abril de 1994, durante cuatro años de guerra, ningún avión del ejército ruandés había sido derribado o dañado por un misil.

Jean-Louis Bruguière dice todo lo contrario en su auto. El juez multiplica los testimonios de pilotos franceses y ruandeses que afirman que los aviones de las FAR fueron derribados por misiles tipo SAM

Se entiende la razón de esa acusación que refuerza la tesis del juez: demostraría que el FPR tenía experiencia en el manejo de los SAM y que la destrucción del Falcon 50 de Habyarimana no era el primer «hecho de armas» de ese tipo. Y sin embargo el juez Bruguière se equivoca. El FPR no derribó ningún avión con ayuda de misiles durante los cuatro años de la guerra civil.

¿Qué pruebas tiene de que el juez se equivoca en su auto?

El juez Bruguière afirma que un helicóptero y un avión de reconocimiento fueron derribados por los misiles del FPR en octubre de 1990 y principios del 91. Esa afirmación está refutada por una nota del general Quesnot, jefe del estado mayor particular del presidente Mitterrand y, por su cargo, destinatario de todos los informes del agregado de Defensa en Kigali, así como de los informes de los servicios de inteligencia en Ruanda. En esa nota, dirigida al presidente de la República con fecha de 23 de mayo de 1991, y que se puede consultar en los fondos de los archivos Mitterrand, el general Quesnot, en efecto, muestra su preocupación por los misiles del FPR, pero no menciona ningún avión derribado por ese medio. Al contrario, se preocupa de «un caso concreto de proliferación anárquica de misiles tierra-aire, armamento que presenta grandes peligros para todo tipo de aviones, civiles o militares».

¿Por qué motivo se emitió esa nota?

Aquí es donde esto se pone interesante. Durante una ofensiva del FPR los días 17 y 18 de mayo de 1991 al noreste de Ruanda, los rebeldes sufrieron una derrota aplastante. Huyeron abandonando las existencias de material. En el campo de batalla, el ejército de Habyarimana recogió, en particular, una serie de misiles SAM 7 y SAM 16. Había tantos, que sin duda regalaron uno de esos misiles SAM 16, totalmente nuevo, en su cañón de lanzamiento, al agregado de Defensa de la embajada de Francia, lo que explica la nota del general Huchon.

Una partida de otros misiles que el juez Bruguière califica de «chatarra» -un término inapropiado- se expuso triunfalmente en la Escuela Superior Militar de Kigali, a la vista de todo el mundo. El coronel Nsengiyumva, entonces jefe de los servicios de espionaje del ejército ruandés, se interesó personalmente por este asunto, un hecho normal, por otra parte, dada su función. Lo que es menos normal es que después esos misiles y cañones lanzamisiles desaparecieran. El juez Bruguière y sus policías no se preguntan qué fue de ellos. Y sin embargo es sospechoso que dichos misiles, que valen en total varios millones de dólares, fueran perdidos por todo el mundo. Hay dos cosas seguras:

1) En esa guerra civil, en la que la recogida de armas en el campo de batalla jugó un papel importante, no podemos afirmar -como lo hace el juez Bruguière- que después del 18 de mayo de 1991, las FAR no disponían de los misiles.

2) Por el contrario, después del 18 de mayo de 1991, al parecer, el FPR perdió todas sus existencias de misiles. Esta deducción procede del hecho de que ningún avión fue derribado por el FPR con la ayuda de misiles entre el 18 de mayo de 1991 y el 6 de abril de 1994.

Hay serias razones para pensar que los dos cañones lanzamisiles, extrañamente encontrados el 24 ó 25 de abril de 1994 cerca del sitio desde el que presuntamente se disparó al Falcón presidencial, formasen parte de la denominada «chatarra» expuesta durante varias semanas en la Escuela Superior Militar de Kigali. Pero parece que el equipo del juez Bruguière no ha seguido esa pista que conduciría, hay que subrayarlo, al coronel Anatole Nsengiyumva, el inventor de los falsos telegramas de reivindicación del atentado por el FPR y guardián, en la época, de la «chatarra». Hay que añadir que parece que el juez Bruguière y su equipo se quedaron prendados del coronel Nsengiyumva, a quien interrogaron ampliamente en su prisión de Arusha, y al cual hicieron mucho caso, como cuentan actualmente algunos magistrados del TIPR que todavía no salen de su asombro…

¿Cree que el equipo de Jean-Louis Bruguière podría haber sido intoxicado por los detenidos de Arusha, es decir, los «grandes genocidas»?

Francamente, sí. Basta con observar otra anomalía enorme: la decisión de Jean-Louis Bruguière de elegir como intérprete a Fabien Singaye, un ex espía ruandés famoso por su odio patológico a los tutsis. Hasta el genocidio, aprovechando un modesto puesto de vicesecretario de embajada en Berna (Suiza), Fabien Singaye multiplicó los informes sobre la oposición democrática ruandesa en el exilio. Uno de sus empeños era denunciar a los diplomáticos y militares ruandeses que se habían casado discretamente con tutsis, lo que, obviamente, los desacreditaba a los ojos del régimen. Tras el descubrimiento de esos informes en la embajada y otras irregularidades, expulsaron a Fabien Singaye de Suiza en el verano de 1994. Es cierto que también se le acusó de haber intentado introducir fraudulentamente en Suiza a su suegro, Félicien Kabuga, el financiero del genocidio y de la RTLM, uno de los hombres más buscados todavía hoy por la justicia, junto con Osama Bin Laden, y con la misma prima por su captura: 25 millones de dólares.

¿Fabien Singaye influyó en la investigación del juez Bruguière? Es legítimo plantear la pregunta. En la mayoría de los Estados de derecho, la elección como intérprete de un individuo tan controvertido podría llegar a invalidar el conjunto de la instrucción.

Al final de sus investigaciones y preguntas, ¿cuál es su conclusión?

Los falsos telegramas que reivindicaban el atentado del 6 de abril de 1994 en nombre del FPR llevan a pensar, de manera inevitable, en el informe falso del «Caso Dreyfus» de finales del siglo XIX. Hay que desconfiar de los anacronismos y las mezclas, pero me sorprenden las similitudes entre lo que actualmente se denomina «El caso Bruguière» y el Caso Dreyfus. Soy francés, amo a mi país, pero por otra parte «me duele». Con la excusa del secreto de Estado, secreto de Defensa, secreto de sumario, vemos desarrollarse periódicamente una especie de tumor político-judicial como un psicodrama colectivo que se alimenta de las peores pulsiones. Aquí el judío, forzosamente traidor, forzosamente innoble, forzosamente culpable; allí el tutsi, descrito por los periodistas y escritores que «hacen el caldo gordo» al juez Bruguière como bellacos, carroñeros, de una crueldad y un cinismo ilimitados. Hay que releer la parte del auto del magistrado Bruguière, que supuestamente actúa «en nombre del pueblo francés», donde acusa a la rebelión del FPR de haber programado el exterminio de los tustis de Ruanda con el fin de conquistar un poder no compartido. ¿Qué diríamos de un hombre que acusara a los judíos de haber empujado a Hitler al Holocausto para obtener el Estado de Israel? Pero aquí hablamos del África negra, de pueblos sobre los cuales todavía se puede, en Francia, despotricar con total impunidad. ¿Cuántos se han alzado para gritar su indignación? ¿Qué ministro de Justicia, tras el 17 de noviembre de 2006, ha pedido al Consejo Superior de la Magistratura que se haga cargo del «Caso Bruguière»?

Hay que recordar que los primeros demócratas que se alzaron para gritar la inocencia de Dreyfus fueron acusados de elementos antinacionales, «la anti-Francia», exactamente como quienes se atreven a criticar la investigación Bruguière, por parecidos escritores subvencionados. Recordemos que, llevados por su pasión antisemita, pero también por una concepción singularmente corporativista y limitada del «honor del ejército», los jueces condenaron dos veces a Dreyfus, violando la evidencia y todos sus derechos, y exculparon a Esterhazy, a quien todos sabían culpable. ¿Es necesario añadir que se adivina en la actualidad quién es el Esterhazy del atentado del 6 de abril de 1994 y quiénes son sus cómplices? ¿Y esperar que el poder político deshaga el nudo gordiano de una instrucción atascada desde hace once años en sus prejuicios y sus falsas pistas?

* Jean-François Dupaquier, escritor y periodista francés, ha publicado numerosos artículos sobre Burundi y Ruanda. Dirigió la edición de la obra: La justice internationale face au drame rwandais  (Kartala, 1996) y colaboró en: Rwanda. Les médias du génocide (Kartala, 1995), con Jean-Pierre Chretién.

Texto original en francés: http://billetsdafrique.survie.org/Genocide-des-Tutsi-rwandais-L