Paisaje urbano de Londres. Foto: Free-Photos (Pixabay).
Para Kelly Craft, embajador de los Estados Unidos en la ONU, y su homólogo británico Jonathan Allen, las cosas están claras: el genocidio de 1994 en Ruanda ha afectado a todos los sectores de la población ruandesa, tanto los tutsis como los hutus y los twas han sido víctimas de esta barbarie indescriptible.
Es lo que se desprende de la lectura de las notas diplomáticas que los dos representantes han presentado a las Naciones Unidas el 20 y el 23 de abril pasado, es decir, dos semanas después de la 26 conmemoración del genocidio, que ha tenido lugar el 7 de abril de 2020. Como la pandemia de covid-19 ha atraído la atención de los medios de comunicación en ese momento, esos documentos, que cuestionan la opinión impuesta por las autoridades ruandesas sobre los acontecimientos ocurridos en 1994 en el país de las mil colinas, han pasado casi desapercibidos.
En sus notas, Kelly Craft y Jonathan Allen «protestan» contra la enmienda a la Resolución 58/234 de la ONU que, desde 2003, hace de la fecha del 7 de abril el «Día internacional de reflexión sobre el genocidio en Ruanda». Sin embargo, desde enero de 2018, a petición del régimen de Kigali, este día ha sido rebautizado «Día internacional de reflexión sobre el genocidio de los tutsis en Ruanda». Este cambio de denominación, aparentemente anodino, tiene sin embargo un gran peso de significado, ya que sugiere que solo los tutsis han sido víctimas del genocidio y no los hutus y la minoría twa.
Excluir a toda costa a las víctimas hutus de las conmemoraciones
En Ruanda, todos los supervivientes del genocidio no viven sus sufrimientos de la misma manera y, sobre todo, no tienen los mismos derechos. Si bien los tutsis pueden verbalizar y relatar con relativa facilidad lo que les ha ocurrido y se benefician de los programas y privilegios reservados a los supervivientes del genocidio, este no parece ser el caso de la gran mayoría de los hutus, que sufre en silencio. Este sufrimiento mudo se explica por el síndrome de culpabilización generalizada al que se enfrenta la gran mayoría de los supervivientes hutus desde el fin del genocidio.
En efecto, desde julio de 1994, se ha permitido que se instale en los espíritus la lógica binaria según la cual hutus es igual a verdugos y tutsis, igual a víctimas. Además de esa interpretación caricaturesca de los hechos, el régimen victorioso del Frente Patriótico Ruandés (FPR), dirigido por el presidente Paul Kagame, ha llevado a cabo una campaña de demonización y de culpabilización colectiva de los hutus, presentándolos a todos, tanto verdugos como víctimas, como los autores del genocidio.
La doctrina oficial consagra la jerarquización de las víctimas y de los supervivientes, recordando únicamente los crímenes cometidos contra los tutsis, después concedió a los hutus llamados «moderados» la posibilidad de figurar entre las víctimas del genocidio. De hecho, estos solo se mencionan a título indicativo para mostrar a la opinión internacional que el FPR se preocupa y se interesa por todas las víctimas del genocidio, mientras que, en realidad, los supervivientes hutus están excluidos de las conmemoraciones.
Es cierto que, durante la primera conmemoración del genocidio en 1995, el FPR honró a todas las víctimas de las matanzas sin distinción étnica, pero las cosas han cambiado mucho desde entonces. Las conmemoraciones han dejado de ser un asunto de víctimas ruandesas para limitarse únicamente a las víctimas tutsis. Toda mención de los asesinatos de hutus por el FPR antes, durante y después del genocidio puede llevar directamente a la cárcel. Y cualquiera que se atreva a hablar de las víctimas hutus es acusado atropelladamente de divisionismo, revisionismo, negacionismo e incluso de «minimización del genocidio de los tutsis», al igual que Victoire Ingabire, figura de la oposición ruandesa, condenada a 15 años de prisión por haber pedido, entre otras cosas, que los autores de los crímenes contra los hutus fueran juzgados. Después de haber pasado ocho años en prisión, se benefició en 2018 de una medida de clemencia de Paul Kagame…
Es, pues, en un contexto de estigmatización y de apartheid memorial contra los hutus como hay que comprender la ofensiva diplomática llevada a cabo por el régimen de Kigali en las Naciones Unidas para que la expresión «genocidio ruandés» sea abandonada por «genocidio de los tutsis». La enmienda, adoptada el 26 de enero de 2018 sin votación, había suscitado un cierto malestar en la ONU. Después, la fecha del 7 de abril, marcada tanto en Ruanda como en el extranjero por la conmemoración del drama ruandés, está consagrada desde entonces a la memoria solo de las víctimas tutsis del genocidio. Una victoria para Paul Kagame, que obtiene la exclusión «internacional» de los hutus de las conmemoraciones y refuerza al FPR en la posición de «salvador» de Ruanda que se ha arrogado, mientras que su papel en el genocidio ya no está por demostrar…
La sorprendente posición de los Estados Unidos y del Reino Unido
Emitiendo reservas sobre la enmienda de la ONU que hace del «genocidio ruandés» el «genocidio de los tutsis», Estados Unidos y Reino Unido ponen fundamentalmente en cuestión la opinión oficial que el régimen de Kigali y sus aduladores han impuesto desde 1994. La posición manifestada por estos dos países es tanto más sorprendente en tanto en cuanto ambos están reconocidos entre los partidarios incondicionales del régimen de Kigali desde siempre.
En efecto, Washington y Londres han apoyado al FPR antes, durante y después del genocidio. Durante años, han reprimido las investigaciones que revelaban los crímenes del FPR tanto en Ruanda como en la República Democrática del Congo (RDC). Se recordará el destino reservado al «informe Gersony» que había establecido que el FPR había masacrado, en los tres meses siguientes a su conquista del poder, a más de treinta mil civiles hutus en el este de Ruanda. En 2003, Carla Del Ponte, entonces fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), fue destituida de su cargo cuando decidió investigar los crímenes del FPR durante el genocidio. Los ejemplos de obstrucción a la justicia y a la verdad para que esos crímenes no sean expuestos son legión. ¿Cómo entender, entonces, la reciente postura americano-británica en el caso del genocidio ruandés?
Leyendo entre líneas la nota diplomática americana y británica, todo hace pensar que el tiempo de la luna de miel entre Ruanda y sus padrinos angloamericanos parece haberse terminado. Los primeros signos de esta «ruptura» se remontan a la época de Obama. A diferencia de las administraciones estadounidenses anteriores, que siempre se habían mostrado benévolas con el régimen ruandés, la de Barack Obama no dudó en sermonear a su aliado de los Grandes Lagos en varias ocasiones. Aunque parte del equipo demócrata -compuesto por antiguos miembros de la administración Clinton que llevaron al FPR al poder- ha continuado apoyando al régimen Kagame, no es menos cierto que la posición de los Estados Unidos de Obama en Ruanda estaba en conjunto lejos de ser complaciente
En efecto, fue bajo la administración Obama cuando se reveló, el 1 de octubre de 2010 -tras varios intentos de represión-, el informe Mapping, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que describe cerca de 617 violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en la RDC por el FPR.
En 2012, los Estados Unidos castigan simbólicamente a Ruanda por haber apoyado al movimiento rebelde del M23, activo en la región de Kivu Norte, en la República Democrática del Congo. Inmediatamente después, Stephen Rapp, embajador americano encargado de los crímenes de guerra, insiste declarando a The Guardian que Kagame podría algún día ser perseguido por «complicidad» en crímenes de guerra cometidos en un país vecino.
Algunos meses más tarde, Estados Unidos vuelve a levantar el tono con respecto al régimen de Kigali, tras la ola de detenciones y desapariciones de decenas de ciudadanos ruandeses y del asesinato de opositores ruandeses en el exilio. En 2016, Washington vuelve a la carga acusando abiertamente a Ruanda de intentar «desestabilizar» a Burundi. En 2019, el Departamento de Estado publica un informe crítico sobre las violaciones de los derechos humanos en Ruanda…
Tantos hechos y elementos irrefutables que han terminado por convencer a Washington y Londres de tomar sus distancias cara a cara de su aliado ruandés, cada vez más molesto. Lo que explicaría el acercamiento del régimen de Kigali a los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica): a los ojos del equipo dirigente de Ruanda, el gran padrino Occidental (el Tío Sam) y el aliado británico ya no son tan «fiables» como lo eran en el pasado.
Si el cordón umbilical entre los padrinos angloamericanos y su pupilo africano parece todavía sólido, no parece menos que la toma de posición de los embajadores americano y británico en la ONU marca un giro no despreciable en las relaciones cada vez más complicadas entre el país de las mil colinas y sus poderosos protectores. Subrayando que el genocidio ha afectado a todos los componentes de la población ruandesa, incluidos los hutus, los americanos y los británicos, hacen comprender insidiosamente que su pupilo, el FPR, tiene las manos tan sucias como los extremistas hutus que cometieron matanzas contra los tutsis.
Texto original: «Génocide rwandais: quand Washington et Londres remettent en question la doxa officielle», en Sputnik News.
Traducido por Mª Isabel Celada Quintana para Umoya.