Los informes del Downing Street y los engaños, la manipulación, las torturas, las represalias, los encubrimientos en la Guerra de Irak y el espionaje ilegal en los Estados Unidos.
En julio del 2005, 122 miembros del Congreso y más de 500 000 estadounidenses enviaron una carta al presidente George W. Bush pidiéndole verificar si las afirmaciones expuestas en las llamadas «actas de Downing Street» eran irrefutables. El Presidente nunca respondió.
Esa ausencia de una respuesta hizo que el representante John Conyers (demócrata de Michigan), miembro de alto nivel del Comité Jurídico de la Cámara, encomendara a su personal redactar un informe en el cual se diera a conocer la manipulación y las mentiras suscitadas por el gobierno de Bush mientras se preparaban las condiciones para invadir a Irak. Cuando el New York Times notificó en diciembre del 2005 que el presidente Bush había aprobado una generalizada e injustificada vigilancia a estadounidenses inocentes en el país (corroborado después en mayo del 2006 por USA Today), Conyers pidió a su personal que incluyera también en el informe esos abusos. El informe final, «La Constitución en crisis», salida a la luz en agosto con poca promoción por parte de los principales medios de comunicación, constituye una acusación de peso al gobierno de Bush.
La editora Academy Chicago Publishers recientemente publicó el informe en formato de libro, con el título George W. Bush versus la Constitución de los Estados Unidos. Más abajo, In These Times ha seleccionado el prólogo del libro, escrito por el representante Conyers, quien explica los peligros a los que se enfrenta la Constitución a saber por la reafirmación del gobierno de Bush por un «poder ejecutivo unitario».
Escándalos como el de Watergate y el de Iran-Contras son ampliamente considerados como crisis constitucionales, en el sentido de que el poder ejecutivo actuaba en contra de la ley y en contradicción con el partido de la mayoría del Congreso. Pero el sistema de equilibrio de poderes puesto en práctica por los padres fundadores de la nación americana funcionó, se investigaron los abusos y se llevaron a cabo las acciones, aun en el caso de que los indultos presidenciales en última instancia impidieran que se hiciera plena justicia.
La situación en la que nos encontramos hoy bajo el mandato del gobierno de Bush es sistémicamente diferente. Las presuntas fechorías documentadas por mi personal, las cuales incluyen declaraciones engañosas sobre la decisión de ir a la guerra; manipulación de la información, facilitación y aceptación de las torturas; uso de información clasificada para sacar a un agente de la CIA; y la violación de las leyes de vigilancia federal y de la privacidad, son bastante comprometedoras. Sin embargo, el actual partido de la mayoría no ha mostrado grandes deseos de supervisar lo elemental, mucho menos de cuestionar al ejecutivo directamente. Los medios, aunque mostraban algunas señales de agresividad, están cada vez más lacónicos y todos con frecuencia poco deseosos de provocar la enemistad o el reto legal del partido en el poder. Al mismo tiempo, a diferencia de anteriores amenazas a las libertades civiles que representaron la Guerra Civil (la suspensión del habeas corpus y el desalojo de judíos en áreas de los estados del sur); la primera Guerra Mundial (antiemigrantes «Redadas en Palmer»); la Segunda Guerra Mundial (reclusión de japoneses y estadounidenses); y la Guerra en Vietnam (COINTELPRO, programas de la contrainteligencia estadounidense para reprimir a organizaciones políticas disidentes dentro del país); los riesgos que corren los derechos de nuestros ciudadanos hoy son potencialmente más graves, porque la guerra contra el terrorismo no tiene un fin definido.
Aunque en ocasiones los tribunales pueden servir como un control parcial sobre el alcance sin límites de la unilateralidad del poder ejecutivo, como ellos hicieron en el reciente fallo del tribunal en el caso de Hamdan v. Rumsfeld que invalida las decisiones de los tribunales militares decretados por el Presidente, la triste realidad sigue siendo que nosotros estamos muy lejos de ser constitucionales con la peligrosa combinación de una presidencia imperial y un complaciente Partido Republicano. Digo esto por muchas razones. Por ejemplo, la sentencia de Hamdan se aprobó por solo cinco jueces (tres jueces discreparon, y el Presidente del Tribunal Supremo, Roberts, se abstuvo de participar porque anteriormente había fallado en favor del ejecutivo) y fue redactada por el Juez Stevens de 86 años. En caso de retirarse éste en los próximos dos años, la balanza del tribunal se inclinará probablemente así como él sería sin dudas reemplazado por otro juez entre Scalia, Thomas, Roberts, o Alito, favoreciendo a un todo poderoso «ejecutivo unitario». En la primera audiencia realizada sobre el fallo del tribunal, el testigo del gobierno testificó que «el presidente siempre tiene la razón», y criticó severamente la decisión del tribunal. La mayoría republicana también parece estar preparada para utilizar el caso Hamdan para anotarse puntos políticos más que para reafirmar las prerrogativas del congreso: el Líder Mayoritario de la Cámara, Boehner, declaró francamente que el caso «ofrecía una oportunidad clara entre los Demócratas del Congreso de los Estados Unidos quienes celebran el hecho de dar privilegios especiales a violentos terroristas, y los Republicanos quienes quieren que el presidente tenga los instrumentos necesarios para iniciar un proceso judicial y alcanzar la victoria en la Guerra Mundial contra el terrorismo.»
Por esa razón, a pesar de la importancia del caso Hamdan, pienso que nuestra constitución sigue en crisis. Nosotros no podemos contar con una sola decisión judicial para reinstaurar el predominio de la ley o resucitar el sistema de equilibrio de poderes previsto por los padres fundadores de la nación americana. Más bien, necesitamos reinstaurar un congreso atento, un sistema judicial independiente, un presidente respetuoso de la ley, y una prensa libre vigorosa que ha servido tan bien a nuestra nación a lo largo de nuestra historia.
Creo que es esencial que nos unamos como nación para enfrentar el extremismo religioso y los infames regimenes extranjeros así como las tácticas terroristas internas. Sin embargo, como veterano, reconozco que nosotros no hacemos ningún bien a nuestras valientes fuerzas armadas pidiéndoles entablar un conflicto militar con mentiras y sin los recursos adecuados. Ni nunca avanzaremos en la causa de luchar contra el terrorismo si nuestro gobierno toma atajos constitucionalmente dudosos y poco eficaces en cuanto al cumplimiento de la ley, que alejan a los mismos grupos en este país cuya cooperación es fundamental para llevar a cabo esta importante lucha.
Muchos de nosotros recuerdan una época cuando el gobierno abusó extraordinariamente de su poder. Los que vivimos la guerra de Vietnam conocemos el daño que puede causar que nuestro gobierno engañe a sus ciudadanos sobre la guerra. Como uno que fue incluido en «la lista de enemigos» del Presidente Nixon, conozco muy bien el espectro de la intromisión ilegal del gobierno. Ante estas lecciones, considero que es imperativo que siempre expresemos nuestro desacuerdo a pesar de la presión política. Como dijo Martin Luther King «Llegan tiempos en los que el silencio constituye una traición». Ninguno de nosotros debe sentirse amenazado o intimidado cuando el poder ejecutivo acuse a aquellos que critiquen sus acciones de estar «ayudando a los terroristas» y «dar argumentos a los enemigos de los Estados Unidos» o cuando nos adviertan que «los estadounidenses necesitan tener cuidado con lo que dicen», como lo ha hecho esta administración.
Es penoso que nuestra nación haya invadido otra nación soberana porque «la información y los hechos fueran definidos por la política», y que millones de estadounidenses inocentes hayan sido objeto de una vigilancia gubernamental sin un proceso legal adecuado. Es imperdonable que el Congreso no haya estado dispuesto a inspeccionar estos asuntos y actuar para evitar que estas circunstancias ocurran de nuevo. Ya que el partido de la mayoría no está dispuesto a cumplir sus obligaciones de supervisar, les corresponde a los miembros individuales del Congreso, así como al pueblo estadounidense, actuar de inmediato para proteger nuestra forma constitucional de gobierno.
Debo destacar que sin la ayuda de la «blogosfera» y otros medios de Internet, hubiera sido imposible para mi personal haber reunido toda la información, fuentes y otros materiales que ellos hicieron, y me gustaría agradecerles desde el fondo de mi corazón. En tanto que los llamados «principales medios de comunicación» con frecuencia han estado dispuestos a pasar por alto los abusos de la administración Bush, la boglosfera ha probado ser un nuevo e importante baluarte de las libertades de la Primera Enmienda de nuestra nación.
Traducción: Cubadebate