El espíritu federalista de EE.UU. contrasta con la centralidad que emerge en momentos de crisis, fruto de la Transición española.
Cuando en 1620 los peregrinos partieron en el Mayflower hacia América, comenzó un proceso de creación de dos formas antagónicas de sociedad. Una bifurcación que se fue moldeando durante siglos y que, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se ha intentado reunificar mediante un sistema híbrido de liberalismo y socialdemocracia que no está respondiendo a la última crisis que se le ha presentado.
La crisis de la covid-19 no se puede analizar solo como un problema económico, político o institucional. Es un problema de principios morales y filosóficos que son la base para la toma de decisiones de cualquier país. Es una crisis de valores cívicos que sigue sin despertarnos. Los políticos y ciertos medios de comunicación tienden a esgrimir el guerracivilismo, y los ciudadanos se pierden en él en lugar de replantearse su filosofía de vida. Se nos ha vendido que la eficacia gubernamental responde a un eje de izquierda-derecha cuando es un problema de civismo de los gobernantes y los ciudadanos. Uno de los mejores ejemplos es la comparativa entre España y Estados Unidos. Dos países con gobiernos antagónicos y que han cometido numerosos fallos en su gestión, ponen de manifiesto la diferencia en el eje centralización-descentralización.
Un enfoque racionalista y otro empirista que se han ido mezclando por las necesidades coyunturales de la sociedad post guerra mundial.“Nuestro país no fue construído para estar cerrado”. Esta afirmación de Donald Trump refleja algunos de los valores de la sociedad estadounidense. Para bien o para mal, EE.UU. es un país hecho a sí mismo mediante un proceso revolucionario. Una sociedad que se inspira en los conceptos de libertad y propiedad que se reflejan en su Carta de Derechos de 1791. Mientras que la España de la Constitución del 78 es como un bombón de licor: apetitoso a la vista, dulce por fuera y agrio por dentro. Una naturaleza forjada a través de siglos de batallas religiosas, conflictos territoriales, quiebras estatales, una tibia industrialización y una fuerte influencia del derecho continental en nuestra carta magna.
En Estados Unidos se le da un mayor peso a la economía para evitar una política de consenso. La referencia histórica fueron las dificultades que tuvieron para pasar de los Artículos de la Confederación a la Constitución federal de 1787 y las discusiones sobre el plan de Virginia o el de Nueva Jersey para establecer cómo iba a funcionar el Congreso. Una fricción estatal que se evita mediante la descentralización. De nuevo, sale a flote ese concepto de libertad individual que tan próximo está al de libertad negativa. Mi libertad no acaba donde empieza la tuya, acaba hasta donde me puedas dejar.
En el imaginario colectivo, se tiene a Estados Unidos como un país unido donde todo el mundo se reúne al calor de la bandera mientras miran los fuegos artificiales del 4 de julio. Por el contrario, la opinión sobre nosotros mismos es la de un Estado de las Autonomías descentralizado, donde todo el mundo quiere barrer para casa. Nada más lejos de la realidad. EE.UU. tiene un sistema de organización territorial descentralizado que se basa en un espíritu fuertemente federalista, tomando como referencia ideológica a pensadores británicos como Locke o Hume. En cuanto al caso español, en momentos de crisis emerge esa centralidad de consenso que fue el germen de la Transición con ejemplos como la Ley para la Reforma Política o los pactos de la Moncloa.
Trump apelaba sólo al poder constitucional para pronunciar el Acta de Emergencia Nacional sin más restricciones que las del mismo presidente, sin necesidad de ser refrendado por un rey. Sin embargo, tiene su contrapartida en una sociedad en la que a veces, primero se dispara y luego se pregunta.
Desde el 13 de marzo hasta la actualidad, Trump ha emitido seis Órdenes Ejecutivas (el equivalente a un Real Decreto gubernamental) para la gestión directa del coronavirus. Estas cifras chocan con los trece Real Decreto-ley que se han publicado en el BOE desde el 11 de marzo. Así como los ocho Real Decreto, destacando el RD 463/2020 para el establecimiento del estado de alarma. El número de “executive orders”nos deja ver el alto grado de delegación que se ha concedido a los estados.
La respuesta federal está concentrada principalmente en tres departamentos (los ministerios estadounidenses): el de Salud y Servicios Sociales (HHS, en sus siglas en inglés), el de Seguridad Nacional (DHS) y el del Tesoro (USDT):
– HHS: estudio del virus por parte del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), pruebas para diagnosticar por la Agencia de Medicamentos y Alimentación (FDA) e investigación de tratamientos y vacunas por el Instituto Nacional de Salud (NIH).
– DHS: gestión en inmigración por el USCIS y guía para viajeros por la Administración Federal de Aviación (FAA).
– USDT: el acta CARES para establecer los criterios de ayudas a trabajadores afectados por la pandemia.
– Además de agencias independientes como el Seguro Social con su asistencia para familias en exclusión social (SSA) y el cheque estímulo de 1.200 dólares por persona con un salario inferior a 99.000 dólares anuales.
No obstante, tal concentración deja muchísimos aspectos que tienen que ser cubiertos por los estados. Tomaremos como referencia a Massachusetts. Un estado con tradición intervencionista (dentro de los parámetros norteamericanos) y con un gobernador republicano (Charlie Baker) que es uno de los fervientes opositores al presidente (un símil en clave española sería la relación Feijóo- Casado en el PP). Para que nos hagamos una idea de todo lo que pueden cubrir los estados, aquí algunas de sus competencias:
– Cada gobernador puede establecer las directrices del confinamiento sin consenso parlamentario federal. El pasado 18 de mayo, Baker anunció el reopening plan que establece la desescalada en Massachusetts. Todas las directrices se han desarrollado bajo jurisdicción estatal en consenso con el “Reopening Advisory Board”, la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Económico y representantes de negocios de la comunidad, oficiales de salud pública y líderes municipales. Un plan de cuatro fases que empezó el 18 de mayo y se extenderá (si los datos del departamento estatal de salud lo indican) hasta el día 3 de agosto para los sectores no esenciales, pasando de una fase a otra en periodos de tres semanas.
– Los departamentos estatales de salud gestionan el reparto de materiales sanitarios, las indicaciones del uso de equipos de protección (mascarillas, guantes, …), así como el reporte de las estadísticas de la pandemia.
– Las instituciones escolares (Boston Public Schools en este caso) deciden con el gobernador el cierre o no escolar, así como la forma de su plan de estudios telemático.
– En cuanto a los presupuestos federales del Tesoro, la gestión ha sido estatal. Las personas con derecho a prestaciones por desempleo (unemployment assistance, la PUA, ayudas para contratistas, self-employed, etc) pueden realizar sus aplicaciones a través de organizaciones estatales. Esto ha llevado a una falta de información en la que, como siempre, los más perjudicados han sido las personas que menos acceso tienen a ciertos canales de comunicación (especialmente dolorosa la falta de acceso a Internet en barrios con mayor nivel de pobreza). Las comunidades latinas y afroamericanas se han quejado ante la falta de información y el retraso en las resoluciones de elegibilidad.
En nuestro caso, hay un alto grado de centralización con el estado de alarma. Un recurso tan válido constitucionalmente que si no se gestiona bien, podría hacer saltar por los aires al Gobierno. No hay más que ver las sesiones de control en el Congreso que se están haciendo, los recursos de inconstitucionalidad publicados en el BOE, la sombra de una moción de censura, etc.
Con respecto al Ejecutivo, al contrario de la concentración estadounidense (que no centralización), las decisiones más importantes del Gobierno se han proyectado en trece ministerios (Sanidad, Interior, Defensa, Transportes, Trabajo, Hacienda, Economía, de la Presidencia, Asuntos Exteriores, Educación, Universidades, Consumo y Agricultura). Esta diversificación de los recursos abarca áreas que en EE.UU. las gestionan los estados:
– Las condiciones del confinamiento y el plan de desescalada. El Plan para la Transición a una Nueva Normalidad (PTNN) totalmente opuesto al federalista y descentralizado “reopening plan” de Massachusetts. El PTNN desarrollado bajo un enfoque de centralización amparado bajo la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio; el RD 463 para el Estado de Alarma y explicado en la Orden Ministerial SND/399/202012; donde el Ejecutivo central y el Ministerio de Sanidad son los dos principales sujetos de la gestión de la desescalada.
– Las condiciones del confinamiento y la desescalada.
– La compra y distribución de material sanitario.
– La gestión en materia de políticas públicas pasivas (ERTE, ayudas para autónomos, etc).
– La administración del curso académico (a pesar de que es una de las competencias transferidas a las CCAA, la gestión a través del Ministerio de Educación y el de Universidades ha sido mucho más centralizada que en EEUU).
– El despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Todos estos aspectos reflejan la importancia de la filosofía, la moral y la historia de un país para conformar sus sistemas político y económico. El poso que nos queda es un binomio de centralización versus descentralización. Una disyuntiva que responde a las capacidades que las constituciones otorgan a los presidentes, la gestión de los ministerios, la organización territorial (federalismo contra regionalismo centralizado) y el contrapeso entre los poderes ejecutivo y legislativo. EE.UU. y España no son esos paradigmas de patriotismo unitario y de nación de naciones respectivamente. Tampoco el capitalismo o el proteccionismo han traído la solución económica definitiva. Es hora de quitarnos las gafas ideológicas y hacer un análisis profundo de qué tipo de sociedad somos en Occidente y cómo debemos interactuar con el resto del planeta. La transformación de nuestros valores cívicos y huir de la polarización. El cambio en las relaciones sociales depende de cada uno de los ciudadanos. No es filosofía barata, es la búsqueda del sentido común y la lógica en las futuras crisis que están por venir.