Traducción de Antonio Martínez Castro
En los dos meses y medio que han pasado desde la gloriosa Revolución del 14 de enero el pueblo tunecino, con su lucha y sacrificios, ha logrado conquistas importantes. Tras derrocar al dictador y a los dos gobiernos consecutivos de Mohammad al-Ganushi, el pueblo tunecino ha cumplido la reivindicación del Consejo Fundacional de disolver el RCD y la policía política. También ha ampliado el espacio de las libertades de expresión, de organización, de reunión y de manifestación. Pero a pesar de todo, grandes peligros, que aumentan con el paso de los días, amenazan una revolución que todavía está a medio camino.
El poder no está en las manos del pueblo que se rebeló contra la tiranía, la explotación y la corrupción, sino en las de las fuerzas reaccionarias que, mediante la presidencia temporal y el gobierno transitorio, trabajan para reconducir la revolución de forma que quede en simples medidas de reforma en el marco del antiguo régimen. Mubazaa (el presidente) y Beji Caid Essebsi (primer ministro), no están sometidos a ninguna vigilancia y han rechazado tratar con el Consejo Nacional de Defensa de la Revolución para evitar presiones, y mantienen el contacto con una Instancia Consultiva cuyos miembros se han encargado ellos mismos de nombrar.
Mubazaa y Essebsi aceptaron el establecimiento de una Asamblea Constituyente, sin embargo ellos dos fueron los que fijaron la fecha de los comicios sin consultar ni tener en cuenta el interés popular. De hecho, la prohibición del RCD no ha impedido que vuelva a la escena política en forma de partidos de nueva creación, eso además de que no se han disuelto las organizaciones que tenía asociadas como la Unión de Mujeres . Del mismo modo, es evidente que la disolución de la policía política también ha quedado en una medida de cara a la galería, ya que de hecho sigue presente, reprime, tortura, vigila, hace escuchas telefónicas, corta el internet, y sus cabecillas, responsables de torturas y asesinatos, ocupan los más altos puestos del Ministerio del Interior sin que les haya sometido a interrogatorio ni se les haya pedido que rindan cuentas.
El mismo lenguaje amenazante al que la etapa pasada nos tenía acostumbrados bajo el nombre de «resistencia a la violencia y al caos» ha reaparecido en los últimos días cuando la policía política y el ejército han reprimido brutalmente dos concentraciones en la Qasbah y en Mahdia. Se han multiplicado las declaraciones sobre la necesidad de los ciudadanos y ciudadanas en términos de seguridad y en el sentido de financiar estas necesidades a costa del presupuesto de las políticas sociales y así dar esquinazo a la revolución.
A pesar de haber suspendido la constitución, el Gobierno sigue rigiéndose por leyes de prensa, de asociación, de partidos, de reunión y de manifestación que vulneran las libertades. Dichas leyes deberían haber sido derogadas y sustituidas por decretos que legitimen las libertades y que no perduren las viejas leyes como un alfanje en el cuello del pueblo.
Los mentores «recedistas» de la tiranía y de la corrupción siguen controlando hasta el día de hoy la administración y vuelven con fuerza a sus centros de poder en todas las provincias y, de nuevo, gobiernan despóticamente a los ciudadanos y ciudadanas, y marginalizan los Consejos en Defensa de la Revolución como paso previo a atacar. Esta situación se repite en las instituciones económicas y financieras, como los bancos, donde los implicados en el saqueo del pueblo y el país, en complicidad con «la banda«, mantienen toda su influencia como si no hubiera pasado nada.
La situación tampoco es diferente en la justicia donde anida la corrupción como confirma la Asociación de Jueces. De la misma manera los medios de información están bajo el control de los ilustrados del régimen de Ben Ali y trabajan, como de costumbre, acatando órdenes. No progresan las interpelaciones a los cabecillas del despotismo y la corrupción (entre los que están los asesinos de los mártires de la revolución en Sidi Bouzid, y en Menzel-Bouziane, y en Regueb, y Tala, y Kasserine, y Túnez, y en otras muchas partes del país) ni se les ha pedido que rindan cuentas. Es más, el entorno de Ben Alí ha vuelto a la vida pública en tono provocador y continúa con sus negocios.
En el aspecto económico y social, el Gobierno transitorio no ha mostrado en la etapa presente la más mínima intención de adoptar medidas urgentes y determinantes a favor de las clases y grupos populares. El sentimiento dominante de la mayoría en las diversas regiones del país, y especialmente en aquellas pauperizadas, es que su miserable estado no ha cambiado nada. El desempleo, el coste de la vida y la degradación de los servicios sociales no ha cambiado nada, y mientras tanto el Gobierno sigue determinado a no dar señales en la dirección de hacer frente a estos problemas.
El Gobierno no ha puesto su reloj en hora con la revolución ni ha contradicho los intereses de la minoría saqueadora en la que se sustentaba el despotismo, y no sólo eso, sino que ejecuta los presupuestos aprobados por el dictador el pasado diciembre dando prioridad a devolver los préstamos que el régimen había contraído en el extranjero para financiar los inmensos cuerpos de seguridad. Además, pese a su carácter temporal, no ha dudado en comprometer el país con más deuda externa. No ha adoptado ninguna medida para reducir los precios, ni siquiera el de los servicios y materias que monopolizan los miembros de la mafia gobernante. No ha indemnizado a las familias perjudicadas durante la revolución ni a las de los mártires, como tampoco ha proporcionado ayuda urgente a las regiones empobrecidas.
El Gobierno justifica su comportamiento en el hecho de ser «temporal» y en «no tener una varita mágica» que resuelva los problemas. No obstante, ¿Quién sino el Gobierno impide interrogar a la pandilla de saqueadores y expropiarles? ¿Qué le impide congelar el pago de la deuda externa por un periodo determinado e invertir, como han hecho otros países, en atender las necesidades del pueblo? ¿Por qué no baja el precio de los materiales básicos, la factura de la electricidad y del agua, ni quita el impuesto sobre televisión? ¿Por qué no ayuda a la gente de Sidi Bouzid y electrifica sus pozos? ¿Por qué no escucha las propuestas de los profesores universitarios de contratar a licenciados en paro?
Si el Partido de los Trabajadores insiste en los peligros que amenazan la revolución es por responsabilidad. El pueblo tiene derecho a defender su revolución y conquistas, y a enfrentarse, con los medios legítimos, a las amenazas y violaciones de libertades por parte del Gobierno, así como al intento por parte de éste de tomar las decisiones en reuniones a puerta cerrada de la Instancia Superior para la Realización de los Objetivos de la Revolución . La etapa actual exige que nos movilicemos en torno a los ejes que allanan la senda de la revolución hasta cumplir con los objetivos siguientes:
1- Aferrarse al Consejo Nacional en Defensa de la Revolución como instrumento de observación y vigilancia de la presidencia provisional del Gobierno de transición.
2- Posponer las elecciones a la Asamblea Constituyente hasta después del verano para permitir que el pueblo pueda elegir conscientemente y que las fuerzas políticas puedan prepararse.
3- No permitir que los polos del RCD se organicen en nuevos partidos.
4- Disolver, de hecho y de forma transparente, la policía política y juzgar a los responsables de ordenar y ejecutar torturas, asesinatos y saqueos.
5- Depurar la Administración y las instituciones públicas y concertadas de los símbolos del despotismo y la corrupción.
6- Depurar el cuerpo judicial y permitir que sean los jueces los que elijan su Consejo Supremo.
7- Depurar el sector de los medios de información de los cabecillas de la era pasada.
8- Suprimir las acciones de acuerdo a la represiva legislación vigente y respetar el derecho de expresión, de organización, de reunión y de manifestación.
9- Darse prisa en perseguir a los asesinos y responsables de cometer crímenes contra el pueblo. Expropiar los bienes de los cabecillas de la era pasada, juzgarlos y requisar los caudales huidos.
10- Bloquear el pago de la deuda exterior por periodo de tres años e invertir en provecho del pueblo, especialmente en crear trabajo, apoyar el desarrollo de los sectores empobrecidos y no pedir nuevos préstamos a costa de la independencia del país.
11- Bajar el precio de los productos de consumo básico, los servicios de electricidad, gas, agua y retirar el impuesto de la factura de la televisión.
12- Darse prisa en indemnizar a las familias de los mártires y a todos los perjudicados por la represión y los saqueos tanto durante la revolución como antes.
Partido Comunista Obrero de Túnez.
31 de marzo de 2011.