La ausencia total del Estado en grandes partes del territorio centroafricano dejó terreno libre a milicianos armados hasta los dientes, que crearon los llamados «grupos de autodefensa»
En la provincia de Bria estos grupos, de mayoría musulmana y pertenecientes a la alianza Séléka, establecieron su propia gendarmería y su propia policía, y dictan su ley.
Hace décadas que las áreas periféricas de la República Centroafricana (RCA) están abandonadas a su suerte. Las corruptas autoridades centrales de Bangui nunca tuvieron en la agenda política las zonas más remotas, que quedaron a merced de los acontecimientos. Por un lado, la ausencia del Estado y, por el otro, las incursiones de grupos paramilitares extranjeros como el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), del criminal ugandés Joseph Kony, que secuestró y alistó a miles de menores, acabaron con este país, que no por casualidad es el último en el ranking mundial del Índice de Desarrollo Humano.
«Tomamos las armas -dice el coronel Mahamoud Voungaba, de 37 años, jefe de la Policía de Frontera de Bria- porque no teníamos otra opción. Aquí en Bria el Estado nunca estuvo presente y nos volvió vulnerables a las incursiones del LRA, que cometió atrocidades indecibles».
«Teníamos que defender a nuestras familias, y por eso nos armamos lo mejor que pudimos. Lamentablemente, también hubo conflictos entre musulmanes y cristianos, pero como se puede ver hoy en la ciudad todo funciona sin problemas», dice.
La versión del coronel Voungaba es una verdad a medias. En Bria, una pequeña ciudad en el centro-este de la RCA, todo está aparentemente tranquilo, pero lo que se respira es un clima de fuerte tensión.
Aquí en 2016 estalló un feroz conflicto entre las milicias Séléka (en lengua sango significa «alianza») y las milicias Anti-Balaka (Anti-AK47 o Anti-Kalashnikov), de religión cristiana.
Sigue habiendo violencia, de baja intensidad, todos los días, a pesar de la presencia masiva en el terreno de la MINUSCA (la Misión de Estabilización Multidimensional e Integrada de las Naciones Unidas en la República Centroafricana).
Los hechos de Bria son una pista de lo que sucedió en Bangui a finales de 2012, cuando comenzó una guerra civil tras el golpe que condujo a la caída del presidente François Bozizé. Los que los destituyeron fueron los Séléka, que pusieron en el poder a Michel Djotodia, uno de sus hombres, y desencadenaron la furia de los Anti-Balaka.
Ambas facciones son culpables de crímenes escalofriantes, que van desde la violación hasta el asesinato de niños, pasando por casos de canibalismo. Parece que la intervención primero de las tropas de la Unión Africana (UA) y luego de la ONU sirvió de poco.
La Presidencia de Djotodia tuvo una corta vida, al igual que los mandatos de sus sucesores. A finales de 2016 se registró una fase de calma relativa, cuando el ex primer ministro Faustin Archange Touadéra fue elegido presidente.
Sin embargo, las promesas hechas por Touadéra en relación con una mayor presencia de las autoridades estatales en todo el país fueron ignoradas y la violencia volvió a manifestarse, especialmente en las regiones del centro-este.
«Los horrores cometidos por los Séléka y los Anti-Balaka en la RCA -revela un comerciante que pide permanecer en el anonimato- son hijos de una política marchitada, que se convirtió por completo en gangrena. Los grupos de autodefensa nacieron por una razón muy válida: defender a los familiares, los cultivos y las granjas».
Pero, señala, «el hambre es un animal feo, afecta, provoca odios que no existían unos años antes. Las filas de los Séléka y los Anti-Balaka se engrosaron debido al reclutamiento de menores, que no pueden ir a la escuela porque las escuelas son casi inexistentes, y todo esto en Bria es evidente».
La situación en Bria es una de las más críticas del país. Actualmente esta pequeña área urbana alberga a más de 73 mil desplazados, la mayoría de los cuales provienen justamente de Bria. Viven en los campos diseminados por la ciudad, pero tienen sus casas a unos cientos de metros de distancia.
Casi todos cristianos, estos desplazados son víctimas de todo tipo de abusos por parte de los Séléka y de los Anti-Balaka, esos mismos milicianos que aseguran administrar la seguridad de su propia gente dentro de los campamentos.
En Bria hace años que no se ven hombres de las fuerzas regulares centroafricanas (FACA), y lo mismo pasa con los agentes de la Policía Nacional. El orden público lo mantienen los Séléka, a su manera.
El Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana (FPRC), uno de los 15 grupos que conforman la alianza Séléka, se hizo cargo tanto de la Gendarmería como de la Policía. Solo los miembros más ancianos llevan uniforme, robados en casernas abandonadas, mientras que los más jóvenes se tienen que conformar con ropa civil y una vieja escopeta.
«¿Qué otra solución hay? -se pregunta el general Baba Hessein, de 38 años, jefe de la Gendarmería y de la Policía de Bria-. Organizar nuestras fuerzas policiales era lo único que se podía hacer. El Estado se olvidó de nosotros, teníamos que protegernos. Nos ocupamos de la seguridad de nuestra población, sin hacer distinciones entre musulmanes y cristianos».
Afirma que su posición no es religiosa. «Hay personas que dicen que la posición de los Séléka es religiosa, a favor del Islam, pero no es así para nada. Estamos por la República Centroafricana. Luchamos por los intereses de todos y lo haremos hasta que el estado nos envíe a una representación estable».
El general Baba se niega a explicar que la ciudad es una tierra de nadie. Los Séléka se mueven a su antojo por las calles de Bria, saqueando sin tener que vérselas con la ley, ya que ellos mismos son la ley.
Los Anti-Balaka no ponen un pie fuera del campamento por temor a represalias y el contingente de la ONU solo interviene cuando es testigo presencial de un estallido de violencia.
El grupo Séléka más temido por su brutalidad es apodado ‘chadiano’, precisamente porque algunos de sus componentes provienen de Chad. Cuando un civil, musulmán o cristiano, ve de lejos a los «chadianos», inmediatamente cambia de camino.
Pero los Séléka no se limitan a la gestión del orden público. También las comunicaciones, la electricidad, el gas y la educación están en sus manos. Las escuelas en particular están en condiciones desastrosas.
El instituto público de primaria de Nydjama, al que asisten principalmente los hijos de familias musulmanas, tiene apenas cuatro maestros para un total de dos mil estudiantes. Ningún maestro con sueldo público quiere poner un pie en Bria. Aún más extrema es la situación escolar en los campamentos, donde las escuelas ni siquiera existen.
La única oficina pública presente en la ciudad es la del Prefecto, una autoridad que no tiene ningún poder real y que intenta, a menudo en vano, actuar como intermediario entre el Estado central y las milicias.
«Mi trabajo en Bria -explica el prefecto Evariste Thierry Binguinendji, quien asumió el cargo hace apenas dos meses- consiste en sentar en una mesa por la paz a todas las facciones de la ciudad, tanto a los Séléka como a los Anti-Balaka».
Resume que «es por razones económicas y no por voluntad política que el gobierno central no consigue imponerse en lugares difíciles como Bria, pero puedo asegurar que mis colaboradores y yo estamos haciendo todo lo posible para que las milicias abandonen las armas».
La religión tiene poco o nada que ver con la crisis centroafricana, cosa que en cambio intentan difundir los periódicos locales cercanos a una u otra facción. El país es un escenario hostil para gente pobre e ignorantes, producto de un conflicto causado por la avaricia de políticos sin escrúpulos y de episodios cíclicos de inhumanidad.
Las cifras de la ONU hablan por sí solas: más de un millón de personas entre desplazados internos y refugiados en países vecinos; más de dos millones de personas, es decir, la mitad de la población del país, que necesitan asistencia alimentaria.
El descontento por la Minusca y Sangari (el controvertido contingente militar francés), ambos de «gatillo fácil» en manifestaciones aunque sean pacifistas, está por las nubes. La posibilidad de nuevas olas de violencia iguales, si no superiores, a las de 2013 se está volviendo cada vez más real.