Dentro de algunos años, los maltratos de los prisioneros de guerra afganos detenidos en Guantánamo y los de Abu Ghraib es probable que estén al nivel de la detención de civiles japoneses-americanos en la Segunda Guerra Mundial, como una mancha en la historia de los Estados Unidos. Pero la administración Bush sigue haciendo oídos sordos […]
Dentro de algunos años, los maltratos de los prisioneros de guerra afganos detenidos en Guantánamo y los de Abu Ghraib es probable que estén al nivel de la detención de civiles japoneses-americanos en la Segunda Guerra Mundial, como una mancha en la historia de los Estados Unidos. Pero la administración Bush sigue haciendo oídos sordos a las críticas de sus acciones, ya sea de parte de los tribunales de ese país o la Cruz Roja Internacional. El Congreso debe actuar para que Estados Unidos vuelva a las convenciones de Ginebra y las leyes norteamericanas.
En un informe confidencial a la administración, basada en visitas a la base de Guantánamo en junio, la Cruz Roja Internacional encontró que los detenidos fueron sometidos a formas de coerción físicas y psicológicas que eran «equivalentes de tortura». El informe, partes del cual llegaron hasta el New York Times la semana pasada, acusaba también a los doctores y personal médico estadounidenses de proveer a los interrogadores información sobre la salud y vulnerabilidades de los prisioneros.
La semana pasada un proceso judicial demostró también cómo los Estados Unidos están dándole la espalda a los estándares de tratamiento de los prisioneros. Durante décadas, la evidencia de torturas ha sido inadmisible para los tribunales estadounidenses. Pero el jueves, un fiscal federal dijo al juez que no existía nada para impedir que los militares norteamericanos utilizaran declaraciones inducidas por la tortura, para decidir si un detenido debía ser definido como un enemigo combatiente.
En otro caso del mes pasado, un juez federal encontró que los procesos de Guantánamo para determinar el status de enemigo combatiente no se ajustaban a las convenciones de Ginebra y las leyes norteamericanas, que establecen que cualquier detenido en el campo de batalla es considerado prisionero de guerra hasta tanto un «tribunal competente» lo pongan en un status con menos protección legal de enemigo combatiente.
Lejos de corregir la política de violar los estándares médicos y legales, el presidente George W. Bush ha nombrado como ministro de justicia a su jefe de asesores, Alberto Gonzáles, que en el año 2002 escribió un memo llamando a partes de las convenciones de Ginebra «anticuadas» y obsoletas. El Congreso debería investigar detenidamente las condiciones de los detenidos y, si es necesario, votar leyes que restrinjan las violaciones de los derechos humanos de la administración.
Traducción de Celeste Murillo, especial para Panorama Internacional