La orden de arresto dictada en Francia contra colaboradores del presidente de Ruanda, Paul Kagame, acusados de participar en el asesinato de su antecesor Juvenal Habyarimana en 1994, originó una nueva guerra diplomática de consecuencias impredecibles. El juez francés Jean-Louis Bruguière ordenó el lunes el arresto de nueve funcionarios ruandeses, entre ellos los comandantes militares […]
La orden de arresto dictada en Francia contra colaboradores del presidente de Ruanda, Paul Kagame, acusados de participar en el asesinato de su antecesor Juvenal Habyarimana en 1994, originó una nueva guerra diplomática de consecuencias impredecibles.
Bruguière sostuvo que Kagame, de la minoritaria etnia tutsi, debería ser llevado a juicio ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda por su participación en el derribo del avión que transportaba a Habyarimana, de la mayoritaria etnia hutu, el 6 de abril de 1994.
En el atentado murió también el entonces presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira.
Las leyes francesas impidieron a Gruguière dictar orden de arresto contra Kagame, porque goza de inmunidad en su carácter de como jefe de Estado.
Ruanda es un pequeño país de 24.000 kilómetros cuadrados en el centro de la región de los Grandes Lagos, que limita con Uganda, Tanzania, República Democrática del Congo y Burundi.
Los hutus constituyen alrededor de 80 por ciento de su población, de unos ocho millones de habitantes. El resto corresponde a la comunidad tutsi, que a lo largo de la historia de este territorio dominó el ejército y el gobierno.
Habyarimana contaba con apoyo militar francés y belga desde fines de los años 80, pese a fuertes evidencias de que milicias de su etnia hutu vinculadas al ejército ruandés habían masacrado a líderes opositores, especialmente tutsis.
El ejército había combatido a la insurgencia guerrillera del Frente Patriótico Ruandés, conducido por tutsis exiliados en Uganda, incluido al actual presidente Kagame.
Bruguière dijo en el juicio que «desde octubre de 1993 Kagame consideró la eliminación física del presidente Habyarimana como el único medio para alcanzar sus objetivos políticos de una victoria total (en la guerra civil), incluso al precio masacres contra (su propia minoría) tutsi».
La muerte de Habyarimana aceleró la guerra civil y desató la masacre de hasta un millón de tutsis y hutus moderados. La matanza fue perpetrada por milicias radicales hutu en menos de 100 días.
El genocidio sólo terminó cuando el Frente Patriótico Ruandés de Kagame capturó la capital, Kigali, y sacó del poder a las milicias hutu.
Bruguière basa sus acusaciones contra Kagame y sus colaboradores sobre evidencias que vincula a las guerrillas tutsis con los misiles disparados contra el avión de Habyarimana.
Según la investigación de Bruguière, los dos misiles tierra-aire habían sido vendidos por la ex Unión Soviética al gobierno de Uganda, principal aliado del Frente Patriótico Ruandés.
Bruguière dijo que el Frente había usado misiles de fabricación soviética similares en otros ataques contra aviones y helicópteros militares hutu de Ruanda.
El genocidio ruandés es considerado el peor crimen de guerra desde el Holocausto contra los judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). La comunidad internacional permaneció pasiva mientras ocurrían las masacres.
La responsabilidad por las matanzas no ha sido completamente establecida. Bruguière acusa a Kagame de provocar el genocidio contra su propio pueblo matando a Habyarimana.
Pero el nuevo régimen tutsi de Ruanda acusa a oficiales del ejército francés a cargo de la Operación Turquesa de pacificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de entrenar, armar y proteger a milicias hutus antes y durante el genocidio.
Estas acusaciones se repitieron en Kigali durante las audiencias de un tribunal local que buscaba establecer las responsabilidades internacionales, especialmente del gobierno francés, en las masacres.
Durante estas audiencias, que empezaron el 26 de octubre, el ex embajador ruandés –tutsi– ante Francia, Jacques Bihozagara, dijo: «La Operación Turquesa solamente aspiraba a proteger a los perpetradores del genocidio, porque éste continuó incluso dentro de la zona» custodiada por soldados franceses.
Francia negó cualquier participación en las matanzas, pero aceptó que sus fuerzas cometieron «errores de apreciación» de la situación.
En diciembre de 1998, una investigación parlamentaria concluyó que la política francesa en relación a Ruanda en los años de la guerra civil estuvo viciada de «incoherencias», pero desestimó acusaciones de participación voluntaria en el genocidio.
En paralelo a la investigación de Bruguière y a las audiencias del tribunal de Kigali, otras varias investigaciones están en curso en Francia y en el mundo.
En París, la jueza Florence Michon investiga la participación de militares franceses en la masacre. Comenzó recabando los testimonios de sobrevivientes del genocidio que en febrero de 2005 presentaron demandas en París contra soldados franceses por «complicidad en crímenes contra la humanidad» en Ruanda.
Presionado por la investigación de Michon, el gobierno francés anunció la desclasificación de 105 documentos del servicio secreto del ejército relacionados con la guerra civil ruandesa.
Mientras, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que sesiona en la nororiental ciudad tanzania de Arusha, investiga los crímenes desde su constitución en enero de 1997.
Desde junio de este año emitió 22 veredictos que involucraban a 28 acusados, todos ellos hutus.
Un tribunal internacional en Bélgica también falló contra líderes hutus, y para el año que viene hay nuevas audiencias programadas en Bruselas.
Pese a la negativa oficial de Francia sobre cualquier participación en el genocidio, analistas independientes franceses e internacionales respaldan las acusaciones ruandesas contra París.
Oficiales militares franceses apostados con el ejército ruandés «necesariamente sabían lo que estaba ocurriendo en las estructuras militares de Ruanda, fueron plenamente informados de que la masacre estaba en preparación», dijo Roméo Dallaire, el general canadiense que dirigió la misión de la ONU enviada a Ruanda en 1993.
El periodista francés Patrick de Saint-Exupéry, autor de un libro sobre el genocidio ruandés, confirmó las acusaciones de Dallaire contra consejeros militares franceses.
«Oficiales militares franceses entrenaron a los asesinos en el genocidio», dice Saint-Exupéry en su libro «L’Inavouable: La France in Ruanda» («Lo indecible: Francia en Ruanda»). «Lo hicieron siguiendo órdenes, enseñando al ejército ruandés estrategias y tácticas contrainsurgentes.»
Dallaire cree que los militares franceses también participaron en escaramuzas entre el ejército ruandés y las guerrillas.
«En los días que siguieron al asesinato de Habyarimana, vimos soldados europeos usando el uniforme militar ruandés, tomando parte en maniobras», afirmó luego de las masacres.