Abu Ghraib, Camp Delta y Bagram son los nombres de prisiones que están en Irak, Cuba y Afganistán, respectivamente. No hace falta ser un enemigo acérrimo del Gobierno de Estados Unidos para oponerse a su actuación en esas prisiones. El Parlamento Europeo le pidió en el mes de junio que cierre el Centro de Detención […]
Abu Ghraib, Camp Delta y Bagram son los nombres de prisiones que están en Irak, Cuba y Afganistán, respectivamente. No hace falta ser un enemigo acérrimo del Gobierno de Estados Unidos para oponerse a su actuación en esas prisiones. El Parlamento Europeo le pidió en el mes de junio que cierre el Centro de Detención de Guantánamo.
Si a esa lista de prisiones añadimos la guineoecuatoriana de Black Beach, lo más probable es que la gente crea que se trata de otra cárcel estadounidense. Sin embargo, es una cárcel mucho más cercana a nosotros que las otras. En ella los torturadores amenazan en español y las víctimas se lamentan en español.
No consta que a los ministros del Gobierno español les quite el sueño que algunos de los torturadores entran y salen de España cuando quieren, sin ser siquiera molestados por la policía. Tienen en este país propiedades inmobiliarias, pasean por sus calles con sus novias y… se ríen de que España sea Estado miembro de la Convención contra la Tortura.
Quizás Maquiavelo redivivo sería capaz de justificar en otro libro la actuación del Gobierno español, pero lo que no podrían ni aquél ni los miembros de éste es convencer a presos como Weja Chicampo, que ha pasado dos años, tres meses y dos días en Black Beach sin juicio, sin recibir noticia de sus supuestos delitos y sin asistencia de un abogado, de que su política respecto de Guinea Ecuatorial no es tan cruel como las torturas sufridas tras ser detenido en Malabo: «Comenzaron a golpearme hasta que en un primer momento quedé ciego; posteriormente, fruto de más golpes, perdí el conocimiento. Mi familia y los niños estaban aterrorizados. Desde ese momento se inicia una prolongada agonía que durará días, semanas… Por poner un ejemplo puedo decir que estuve cuatro meses con las esposas puestas; como este ejemplo, hay otras muchas formas de tortura.»
Así declaró Chicampo el 22 de junio en una rueda de prensa en Madrid. También afirmó que «seguir narrando las vejaciones y malos tratos no conduce a nada más que a exacerbar el posible morbo que estas situaciones producen, y no es mi intención que esto se produzca».
La ley internacional es clara sobre la tortura y sobre la obligación de los Estados miembros de la Convención contra la tortura adoptada por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Como mínimo, el artículo 5 de la convención obliga a actuar jurídicamente a los países firmantes en cuyo territorio se encuentren los presuntos torturadores, es decir, que han de proceder a detenerlos. El Gobierno español, que detiene todos los días a africanos indocumentados que vienen a ganarse el pan, mediante su Sistema Integral de Vigilancia Exterior de millones y millones de euros, no ha detenido a uno solo de los torturadores a las órdenes de Teodoro Obiang, que entran en España con su pasaporte y visado en regla cómodamente sentados en aviones de la compañía de bandera.
Algunos políticos denuncian ante la sociedad española los vuelos secretos a cárceles igualmente secretas organizados por Estados Unidos. Con eso creen limpiar la conciencia nacional, mientras que olvidan convenientemente que en la cárcel de Black Beach los carceleros negaron una y otra vez que Chicampo estuviese en ella: «Traslados de prisión para evitar a la Cruz Roja Internacional cuando ésta llega de visita a las cárceles. A mí se me trasladó a la cárcel de militares (Campamento Acacio Mañé) el día 5 de abril de 2004 y a otros que tampoco debían ser vistos se les trasladaba a otros lugares como Punta Fernanda.»
La cárcel de Black Beach en Guinea Ecuatorial no causa entre la clase política española la preocupación que dice que le causan las cárceles secretas donde Estados Unidos. El Gobierno español sabe perfectamente lo que ocurre allí, conoce sus obligaciones ante la ley internacional, pero mantiene buenas relaciones de todo tipo con el Gobierno de Teodoro Obiang. ¿Qué hay detrás de esta política infamante? ¿Es ésta la actuación de un partido, «cuya razón de ser es contribuir a hacer una sociedad mejor»?