Arranca la campaña electoral de unos comicios atípicos que reconfiguraran el sistema de partidos en Cataluña y las posteriores hojas de ruta. La maquinaria electoral se pone en marcha de cara a un 21-D, donde la lógica que se impone es la de un doble plebiscito, respecto al 155 y sobre la independencia. Unas elecciones […]
Arranca la campaña electoral de unos comicios atípicos que reconfiguraran el sistema de partidos en Cataluña y las posteriores hojas de ruta. La maquinaria electoral se pone en marcha de cara a un 21-D, donde la lógica que se impone es la de un doble plebiscito, respecto al 155 y sobre la independencia. Unas elecciones como intento de restauración o como profundización en la crisis del régimen del 78.
El gobierno español intenta, por todos los medios, que la convocatoria del 21-D aparente una imposible normalidad democrática. Una convocatoria electoral impuesta por Rajoy -previo cese del Govern y disolución del Parlament-, con la aplicación de la suspensión del autogobierno en marcha, con presos políticos y candidatos exiliados, y con la amenaza de la continuidad del 155 -si vuelve a haber una mayoría independentista-.
La campaña arranca con miles de personas en las plazas de los ayuntamientos de Cataluña como muestra de rechazo por la continuidad de Junqueras, Forn y los Jordis en la prisión. La decisión del juez del Tribunal Supremo es la de mantener cuatro encarcelados, uno de ERC, uno del PDeCAT, uno de Omnium y uno de la ANC, por un supuesto riesgo de reiteración delictiva, mientras que el resto de consejeros han sido puestos en libertad bajo fianza y con otras medidas cautelares. Una arbitrariedad judicial que no se entiende, si no es por una cuestión de revancha del Estado, a la vez que para intentar incidir en la opinión pública española y europea de que el movimiento independentista catalán es violento. En este sentido, por un lado, el juez argumenta que la prisión sin fianza es para prevenir la reiteración «de una explosión violenta» y lo vincula directamente a lo que denomina «asedio» a la consejería de Economía que se produjo en Barcelona el 20-S. Por otro lado, desde algunos espacios, el intento de mostrar una cara agresiva y violenta del independentismo viene de la mano de los deplorables hechos publicados por Sociedad Civil Catalana, donde se simulaba el ahorcamiento de votantes unionistas. Una criminalización del movimiento independentista en general, que desde las grandes movilizaciones de 2012 hasta ahora siempre ha sido pacífico, y una estigmatización de la izquierda independentista en particular, para intentar cambiar el relato de la realidad que no es otro que el Estado ejerció una violencia extrema para intentar impedir el referéndum del 1-O. Parece ser que todo vale contra quien cuestiona, pacífica y democráticamente, la unidad del Estado español. Todo ello en una continuación de la deriva autoritaria.
Mientras tanto, un juez belga decidirá el 14 de diciembre sobre la orden europea de arresto y extradición, emitida por la Audiencia Nacional, contra Puigdemont y el resto de los consejeros exiliados. Pero, la judicialización no se limita aquí, sino que se amplía con la imputación, por primera vez, de un director de escuela y a cinco mossos más por el 1-O. Por su parte, la Junta Electoral entró en campaña prohibiendo toda una serie de simbolismo por supuesto partidismo y subversión: el color amarillo, las pancartas exigiendo la libertad de los presos políticos, etc. Las denuncias de TV3 a la Junta electoral por injerencia, y la publicación por parte del Colegio de Periodistas de Cataluña de un manifiesto para exigir respeto y libertad al trabajo de todos los profesionales de los medios de comunicación, son ejemplos claros de la grave situación. Es sintomática la pugna entre el Partido Popular y Ciudadanos por ver quién propaga más odio y animadversión hacia el modelo de éxito de la escuela catalana y contra los medios públicos catalanes. En este sentido, son recurrentes mensajes políticos los ataques a la escuela, infundiendo un relato de un supuesto adoctrinamiento que no existe; y hacia TV3, con declaraciones como las de García Albiol argumentando que hay que «cerrar TV3 y volverla a abrir con gente normal y que sea plural» y que hay que «rehacer de arriba abajo» la «impresentable» programación de la cadena.
Finalmente, el baile de encuestas tampoco se frena, y el CIS ha entrado en juego pocas horas antes de que empezara la campaña. El barómetro estima que el independentismo perdería la mayoría absoluta en el Parlament (por un escaño) y que ERC y Ciudadanos pugnarían por la primera plaza. Cocinadas o no, las encuestas crean una matriz de opinión en la ciudadanía. En este contexto de represión, de intervención, de judicialización, de criminalización y de encuestas a la baja, el independentismo inicia debilitado y a la defensiva el camino hacia el 21D, pero la carrera continúa, la campaña acaba de empezar y las urnas esperan el veredicto de un pueblo unido, alegre y combativo. Pese a todo, la gran pregunta es: ¿el resultado será respetado y atendido por el gobierno español?
Jesús Gellida. Politólogo.
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