No hace falta ser un genio para darse cuenta de que este país, tiene un problema de fraude fiscal enorme, heredado del franquismo y que los partidos mayoritarios, poco se han preocupado en subsanar. Basta echar un vistazo a nuestra economía, para ver que el dinero en uso representa el 10% del total, el doble […]
No hace falta ser un genio para darse cuenta de que este país, tiene un problema de fraude fiscal enorme, heredado del franquismo y que los partidos mayoritarios, poco se han preocupado en subsanar.
Basta echar un vistazo a nuestra economía, para ver que el dinero en uso representa el 10% del total, el doble que la media comunitaria. Pero la cosa no acaba ahí, ya que la mayoría de la población jura no haber visto jamás un billete de 500 euros, pero a pesar de los pesares, estos representan el 64% de nuestra economía y el 30% de todos los emitidos por el Banco Central Europeo.
Desgraciadamente no existen informes que provengan de fuentes gubernamentales, pero si los hay de organismos e instituciones privadas, uno de los últimos en salir a la luz pública fue realizado por GESTHA, en el cual se afirmaba que la economía sumergida representaba el 23,3% de nuestro PIB, lo que supone que el estado deja de ingresar al año 71.000 millones de euros. Además informaba, que el fraude se había incrementado en siete décimas con el inicio de la crisis, dándose los mayores incrementos en Navarra, País Valenciano y Andalucía.
Todo esto demuestra que hace falta una reforma, que ponga las bases necesarias en la lucha contra el fraude, para que se pueda reducir el déficit de las cuentas públicas y que esta no hipoteque el desarrollo de las generaciones futuras.
Estas cifras no hacen sino demostrar el enorme fracaso de las reformas, que se han ido haciendo por parte de los grandes partidos, la primera con Felipe González, tres en los ocho años de Aznar y la última en la pasada legislatura.
La más ambiciosa de ellas fue la de 2000, que salio desgraciadamente mutilada por el gobierno de la derecha pero que en su borrador contemplaba, la creación de una policía judicial, el reconocimiento de carácter legal para que la Agencia Tributaria investigara el fraude fiscal y el reforzamiento del poder jurídico del estado, con lo que el fraude siguió campando a sus anchas, incluso después de la reforma de 2006.
Pero lo que no se puede consentir, son declaraciones como las del presidente del círculo de empresarios, en las que trasladaba que «la economía sumergida puede ser considerada excepcionalmente un alivio y un refugio ante situaciones dramáticas», la afirmación hay a quien le puede resultar comprensible teniendo en cuenta la actual crisis económica, pero no es presentable si tenemos en cuenta que en 2006, los asalariados declararon tener unos ingresos medios de 20.782 euros y los empresarios 13.311, con lo que las afirmaciones de Claudio Boada se contestan por si mismas.
Por ello, la reforma planteada en marzo por Elena Salgado es más de lo mismo, puesto que es muy poco ambiciosa y no coge el toro por los cuernos, es cierto que se estrecharan los lazos de colaboración entre la Seguridad Social y la Agencia Tributaria y que se expedirá un certificado a las empresas, para que puedan demostrar que tienen sus pagos al día, pero el resultado de estas medidas es tan nimio, que solo se pretenden rescatar mil millones de euros de dinero negro para las arcas del estado, de un total de 71.000 millones.
Como es lógico pensar, es totalmente injusto que se haga pagar el peso de la crisis, a las clases trabajadoras, pongamos por caso el IVA o que se rebaje el sueldo a los funcionarios, cuando hay gente que evade al fisco cantidades ingentes de dinero.
Para ello es precisa la creación de una nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, en la cual se contemple la instauración de una policía judicial, dependiente de la Agencia Tributaria en el cual se integren miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y en el caso de Euskadi y Navarra, de sus policías autonómicas.
-Es sabido que los delitos fiscales son cada vez más complejos, por ello pedimos la especialización de jueces y fiscales en dicha materia, para que su trabajo se haga con las mayores garantías de éxito. Además de cambiar el régimen sancionador, para casos de obstrucción o falta de colaboración en la investigación de delitos fiscales y tipificar como infracción el ofrecer facturas sin IVA.
-El aumento de penas por delitos fiscales, pasando de 4 años a ocho años de prisión y que la prescripción del delito fiscal pase de cinco a diez años, además de considerar como agravante haber colocado fondos en paraísos fiscales, la eliminación de causas absolutorias en este tipo de delito y la inhabilitación para cualquier puesto de responsabilidad, en un periodo a estimar por el juez según su gravedad.
Para terminar, esta el tema de los paraísos fiscales, nacidos hace 40 años para poner las cuentas de las grandes fortunas, en lugares de escasa o nula tributación, que en los últimos treinta años se han multiplicado por tres.
Entre las medidas para frenar la huida de capitales estatales hacia estas plazas, es necesario que las entidades financieras que operen en España no puedan tener presencia en paraísos fiscales, no reconocer personalidad jurídica a las compañías que operen en ellas y poner un impuesto a todas las actividades con estos.
Guillermo Samanes Olleta. Coordinador de las juventudes de IUN-NEB
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