Desde comienzos del año 2000, la UE y sus Estados miembros se han apoyado en los regímenes del sur del Mediterráneo para externalizar su política de asilo y de inmigración. Frente a las revueltas populares en el norte de África y Oriente Medio, sus reacciones muestran que la «defensa de la democracia» y la «no […]
Desde comienzos del año 2000, la UE y sus Estados miembros se han apoyado en los regímenes del sur del Mediterráneo para externalizar su política de asilo y de inmigración. Frente a las revueltas populares en el norte de África y Oriente Medio, sus reacciones muestran que la «defensa de la democracia» y la «no injerencia» son sólo retórica cuando se trata de reafirmar la necesidad imperiosa de un cierre de fronteras contrario a derechos fundamentales.
Así, mientras las fuerzas armadas libias masacran a los rebeldes en todo el país, el coronel Gadafi levanta el fantasma de la invasión migratoria, amenazando con poner fin a toda «cooperación en materia de lucha contra la inmigración irregular» si la UE sigue «alentando» las manifestaciones populares. Esta última, a través de su Alta Representante para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, dice no querer ceder al chantaje [1], al tiempo que las autoridades europeas continuaban negociando, hace menos de una semana, la participación libia en su política de cierre del espacio mediterráneo.
Tras la caída de la dictadura en Túnez, unos miles de emigrantes llegados a la isla de Lampedusa (Italia) han sido presentados, en efecto, como una amenaza contra la que la UE ha de defenderse movilizando a sus aliados en el norte de África. La «fortaleza mediterránea» tiene que defenderse a costa de las aspiraciones de los pueblos y de principios (libertades, democracia, derechos humanos…) que sin embargo se presentan como el fundamento de la UE. Mientras los manifestantes del norte de África y Oriente Medio luchan contra el imperio policial, los Estados europeos responden con medidas de seguridad. La UE promete sobre todo desbloquear dinero para ayudar a Túnez a controlar sus fronteras e impedir que sus nacionales pongan en práctica su «derecho a salir de cualquier país, incluido el propio» (artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
De este modo, la UE y sus Estados miembros quieren que los acuerdos de cooperación migratoria firmados por las dictaduras y que violan derechos fundamentales, sean retomados por los nuevos regímenes. Es esta política de guerra contra los emigrantes la que ha provocado que miles de personas que intentan eludir las patrullas y otros dispositivos militares estén muriendo en el Mediterráneo, mientras que decenas de miles más sean encarceladas en campos en Argelia, Egipto, Libia, Túnez… Está de tal modo en el centro de la diplomacia de la UE que varios de sus Estados miembros están consternados por el hundimiento de regímenes a los que vienen armando desde hace años [2]. Hoy en día, estas armas se utilizan contra el pueblo libio que lucha por sus libertades.
En el momento en que la mayoría de Estados miembros está tratando de alinearse con la posición italiana y «no interferir en el proceso de transición en marcha en el mundo árabe (…) especialmente en Libia (…)», es urgente recordar que la UE se enfrenta a una situación histórica. Debe cesar el apoyo a regímenes cuyas violaciones de los derechos humanos de su población se refuerza por su utilización como gendarmes de Europa.
Sólo una reorientación radical de las políticas migratorias de la UE permitirá abrir una nueva era, marcada por menos injusticia, desigualdades y violaciones de derechos, en las relaciones entre la UE y sus vecinos mediterráneos.
Notas:
[1] Declaración de la Alta Representante, Catherine Ashton, en nombre de la Unión Europea sobre los acontecimientos en Libia, 20/02/2011. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/119397.pdf
[2] Francia y Gran Bretaña han anunciado la suspensión de la entrega de material de seguridad, lo que es una muestra más de que el régimen libio está sostenido por numerosos Estados de la UE en nombre de la lucha contra la inmigración ilegal (Despacho AFP de 18 febrero 2011).
Fuente: http://www.migreurop.org/article1812.html
rCR