No, debería ser nuestra respuesta a tal pregunta, no es necesario, porque ninguna disposición normativa del Poder Legislativo o del Gobierno españoles les ha privado formalmente de la nacionalidad española.
Pero Sí, hay que hacerlo, porque también en el tema de la nacionalidad los saharauis padecen una situación impuesta por hechos consumados y por enrevesadas resoluciones diversas que les llevan a encontrarse con que no tengan derecho a nacionalidad alguna.
Los saharauis estaban en un territorio bajo soberanía española, una colonia como las de otros países europeos, como lo eran Guinea Ecuatorial y, no mucho antes, Filipinas. Las personas que nacían y vivían en el Sáhara tenían un DNI español, en su caso podían obtener un pasaporte para viajar a otros países. Muchos conservan cuidadosamente el documento, su documento de identidad de entonces, así que seguir siendo identificados como españoles no debería requerir más que acudir a una comisaría y renovarlo. Algún caso hubo hace años que pudo hacerlo, a veces con un trámite adicional de re-verificación de las huellas dactilares. Nadie había planteado dudas al respecto antes de 1976, personas nacidas en el Sáhara fueron trabajadores, funcionarios, militares, estudiantes desde primaria hasta la universidad y… procuradores en las Cortes franquistas.
El Estado Español, al igual que había hecho en Guinea Ecuatorial, se comprometió con Naciones Unidas a dar los pasos para la descolonización del Sáhara convocando, de acuerdo con lo previsto en la Carta de Naciones Unidas, el correspondiente referéndum de autodeterminación anunciado para 1975. Pero Franco se moría y Marruecos decidió ocupar el Sáhara, lanzó la Marcha Verde, tropas parapetadas detrás de civiles, el 6 de noviembre de 1975 y el 14 de noviembre, en la Declaración de Madrid, el Estado Español entrega el territorio con los que en él vivían a Marruecos y Mauritania.
Jurídicamente la demencialidad de la situación se refleja en la Ley 40/1975 de 19 de noviembre, la víspera de la muerte de Franco y después de salir toda administración española, “sobre descolonización del Sáhara” porque, dice su exposición de motivos, “Próximo a culminar el proceso de descolonización de dicho territorio, de conformidad con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas” “Se autoriza al Gobierno para que realice los actos y adopte las medidas que sean precisas para llevar a cabo la descolonización del territorio no autónomo del Sáhara, salvaguardando los intereses españoles. El Gobierno dará cuenta razonada de todo ello a las Cortes”.
De la nacionalidad no se dice nada, pero el 10 de agosto de 1976 se publica el Decreto 2258/1976 sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sáhara. La propia norma dice que las autoridades españolas ya no están en el territorio del Sáhara, la población en su mayoría ha huido ante los invasores, a través del desierto más inhóspito bombardeada con fósforo y acaba encontrando refugio en el desierto argelino. El Tribunal Supremo (Sentencia de 28 de octubre de 1998) dirá que el Decreto sería nulo porque su rango es insuficiente para regular el tema de la nacionalidad, pero que, sobre todo, es inaplicable al ser de cumplimiento imposible por las personas, los saharauis a quien va dirigido, dado que no tienen posibilidad alguna de comparecer ante las autoridades españolas. Por supuesto además el Decreto se incluye a sí mismo como parte de un proceso de descolonización que seguirá paralizado hasta el día de hoy.
El Derecho Internacional dice que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, pendiente de descolonización (así se presenta año a año en Naciones Unidas), ha sido ocupado militarmente y esas normas dicen que no se puede obligar a la población a aceptar la nacionalidad del ocupante, Argelia da acogida a las personas refugiadas, pero tampoco les da la nacionalidad.
Es al Estado Español a quién corresponde reparar esta situación a la que se ha llegado a base de no asumir sus obligaciones ante los miles de saharauis abandonados, no una vez, sino repetidamente durante los cincuenta años de descolonización inconclusa
Pongámonos en la piel de una persona saharaui nacida allí antes de 1976, guardo mi DNI, no puedo renovarlo, no puedo ser argelino ni de ningún otro país, por cortesía y con mucho esfuerzo, puedo tal vez llegar a conseguir un documento de viaje. Mis descendientes no tienen nacionalidad. El Tribunal Supremo del Estado Español me dice, antes de 2020, que soy español de origen (aunque la administración española me somete a una retorcida tramitación que a menudo no llega a ningún resultado), mis descendientes tienen entonces también derecho a la nacionalidad española. Pero súbitamente cambia la jurisprudencia y resulta que se dice que los saharauis nunca fueron españoles, no eran ciudadanos sino súbditos, concepto totalmente novedoso en la historia del derecho español, que nadie ha propuesto para los “indígenas” de los también conquistados reinos de Granada y Navarra, para los numerosos españoles nacidos en el Protectorado español de Marruecos o en el propio Sáhara con apellidos de castellano viejo (¿pureza de sangre?) ni esperemos se legue a extender un día a personas nacidas en Ceuta y Melilla. Así que, como el Tribunal Supremo reconoce que las personas afectadas no pueden quedar sin nacionalidad porque es un derecho humano, deja a los saharauis la puerta de la apatridia (trampa administrativa que empieza por poder llegar a territorio español como indocumentado y se capaz de hacer la tramitación).
Todo esto porque la potencia colonial no terminó el proceso de descolonización, la opción por la nacionalidad de la metrópolis o por la del nuevo Estado creado se produce cuando se ejerce la autodeterminación de los habitantes del territorio no autónomo, y este caso todos sabemos que eso no ha sucedido.
¿Por qué ocurrió todo así? El proceso de descolonización interruptus se debió a la debilidad de una dictadura en estado terminal, que moría a la par que el dictador, la democracia consiguiente no fue nunca capaz de tomar las riendas de sus responsabilidades. En medio, miles de personas abandonadas en la Hamada, durante casi 50 años, víctimas del franquismo que jugaba a potencia colonial y rematadas por la caída del mismo.
¿No es esto memoria democrática? ¿Hay víctimas más evidentes de la dictadura?
El 14 de febrero de 2023 el Congreso admitió a trámite una Proposición de ley de Unidas Podemos para que, por carta de naturaleza, se reconozca la nacionalidad española a los saharauis nacidos en el territorio del Sáhara Occidental antes de 1976 y se facilite el acceso de sus descendientes a la nacionalidad española. El mecanismo jurídico es el mismo que se reguló para el reconocimiento de la nacionalidad española para los sefardíes y los miembros de las Brigadas Internacionales. De hecho en la reforma del Código Civil de 2015 se presentaron dos enmiendas a la totalidad por parte de IU y de ERC al no haberse incluido a los saharauis, las enmiendas se retiraron meses después ante la promesa del Ministro de Justicia de entonces (Rafael Catalá del PP) de que se acometería inmediatamente una disposición similar para los saharauis. El PSOE en aquel entonces también criticó la falta de ambición de aquel gobierno al no haber incluido a los saharauis.
Como no se hizo nada, ahora tenemos una Proposición de Ley encima de la mesa, ocho años después, para enmendar lo que parecía consensuado que se debía hacer y no se hizo. No puede ser otra frustración a sumar a esta tremenda historia.
Una tentación de descafeinar la iniciativa sería tratar de equiparar la solución que repare esta intolerable situación con la que para ciudadanos de otros países americanos se articula acortando los plazos de residencia que se exigen para acceder a la nacionalidad española (hoy los saharauis necesitan diez años de residencia y ¡hacer los exámenes de cultura y lengua previstos para los extranjeros en general!). La situación de las personas del Sáhara Occidental no es equiparable, los otros países tuvieron su proceso de descolonización, mejor o peor articulado, hace muchos años, incluida la posibilidad de opción por permanecer como españoles si se iba a la independencia. Los saharauis nunca se han podido autodeterminar, el proceso de colonización está inconcluso y, pedir un tiempo de residencia a personas que en su gran mayoría no pueden obtener un visado, es ponernos de perfil ante el problema que decimos querer resolver, hacernos trampas en el sudoku para tranquilizar la conciencia, pero en realidad dando el último golpe a los que fueron, y debemos seguir considerando, conciudadanos.
La dignidad de Portugal con Timor Oriental durante años está a años luz de la actitud de los gobiernos españoles respecto del Sáhara Occidental.
Es una cuestión de Justicia (con mayúsculas), una mínima reparación del sufrimiento infligido a mucho miles de personas que han padecido las consecuencias de un momento histórico crítico del Estado Español, con unas vergüenzas debajo de la alfombra entre las cuales el caso del Sáhara es de las más graves. Devolver la nacionalidad que nunca debieron perder los saharauis no es una reivindicación que corresponda defender a quién Naciones Unidas declara que les representa, el Frente Polisario, su objetivo es la autodeterminación, culminar el proceso de descolonización y ahí tendrán consolidada su nacionalidad, si optan por la independencia, la de la República Árabe Saharaui Democrática. Es al Estado Español a quien corresponde reparar esta situación, a la que se ha llegado a base de no asumir sus obligaciones ante los miles de saharauis abandonados, no una vez, sino repetidamente durante los cincuenta años de descolonización inconclusa.
Joseba M. García Celada es socio de infoLibre.