Las organizaciones de derechos humanos se crean supuestamente para defender ciertos principios universales, tales como el Estado de derecho y la libertad ante la represión por parte del Estado. Pero, cuando sus sedes están en los Estados Unidos y estas se vuelven muy cercanas al gobierno de ese país, con frecuencia se hallan en sintonía […]
Las organizaciones de derechos humanos se crean supuestamente para defender ciertos principios universales, tales como el Estado de derecho y la libertad ante la represión por parte del Estado. Pero, cuando sus sedes están en los Estados Unidos y estas se vuelven muy cercanas al gobierno de ese país, con frecuencia se hallan en sintonía con la política exterior de EE.UU.
Los últimos acontecimientos en América Latina han puesto de manifiesto este problema. El 29 de agosto, el Senado brasileño destituyó a la presidenta electa, Dilma Rousseff, a pesar de que el fiscal federal asignado al caso resolviera que las gestiones de contabilidad por las que se le había acusado, no constituían delito alguno. Por otra parte, se filtraron las transcripciones de llamadas telefónicas entre los líderes políticos que impulsaron la impugnación, las cuales demuestran que buscaban deshacerse de Dilma a modo de protegerse de las investigaciones de corrupción en su propia contra.
Ahora el nuevo gobierno intenta implementar una agenda de derecha ya derrotada en las últimas tres elecciones presidenciales.
Parte de esa agenda de la derecha es crear una alianza cercana con Estados Unidos y su estrategia de guerra fría de «contención» y «retroceso» con respecto a los gobiernos de izquierda en América Latina. Aquí es donde entra Human Rights Watch (HRW), la organización más destacada de derechos humanos en Estados Unidos, en particular su división encargada de las Américas. HRW se abstuvo de presentar la más mínima crítica del proceso de juicio político. Peor aún, el director ejecutivo de la división de las Américas, José Miguel Vivanco, fue citado en los medios brasileños – el día en que el Senado votó para expulsar permanentemente a la Presidenta – declarando que los brasileños «deben estar orgullosos del ejemplo que le están dando al mundo.» También elogió la «independencia del poder judicial» en Brasil. Sergio Moro, el juez que investiga los casos de corrupción política, se aleja mucho de ser independiente, pues tuvo que disculparse en marzo por haber filtrado a la prensa conversaciones intervenidas entre el anterior presidente Lula da Silva y Dilma; entre Lula y su abogado; y entre la esposa de Lula y sus hijos.
Vivanco también parece apoyar la persecución política contra la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, mientras que alaba a su sustituto, el derechista apoyado por EEUU, Mauricio Macri. Fernández, junto con su pasado ministro de Hacienda y anterior director del Banco Central, han sido acusados de llevar a cabo lo que cualquier economista sabe que no es otra cosa sino una operación normal del Banco Central. Se trata evidentemente de un intento de eliminar de la política a una ex mandataria de izquierda que, junto con su antecesor y difunto marido, Néstor Kirchner, presidió un aumento enorme en la calidad de vida de los argentinos a lo largo de 12 años.
Por supuesto, toda esta conducta se alinea estrechamente con la política exterior de Estados Unidos en la región; por ejemplo, la gestión Obama ha demostrado con claridad su apoyo al golpe de Estado brasileño. El 5 de agosto, el secretario de Estado John Kerry se reunió con el canciller interino de Brasil y celebró una conferencia de prensa conjunta con este para anunciar el «futuro positivo» de las relaciones entre EE.UU. y Brasil. Al hacer estas declaraciones conjuntas y actuar como si ya se tratara del verdadero gobierno de Brasil, cuando el Senado brasileño aún no había decidido el destino de la presidenta electa, Kerry dejó claro dónde estaba parado el Gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Estado ya había enviado una señal similar en mayo, tres días después de que la cámara baja brasileña votara a favor de la impugnación de Dilma.
Por su parte, el presidente Obama no dejó dudas acerca de su preferencia por el nuevo gobierno de derecha de Argentina, cuando su gestión levantó su oposición a los préstamos por parte de organismos multilaterales que había impuesto durante el gobierno de izquierda anterior, y que por supuesto contribuyó a los problemas del país con su balanza de pagos.
Cuando el ejército hondureño derrocó al presidente Zelaya en 2009, la división de las Américas de Human Rights Watch hizo muy poco. Publicaron unas declaraciones en su sitio web en los meses siguientes al golpe de Estado, pero en gran parte no eran más que un saludo a la bandera. HRW cuenta con acceso a los medios de opinión y noticias más importantes de Estados Unidos. Sin embargo, en los meses después del golpe de Estado hondureño, HRW estuvo ausente en los medios. Por otra parte, Human Rights Watch, a diferencia de la OEA, la ONU y el resto del mundo, nunca pidió la restitución del presidente democráticamente electo. Durante este tiempo, la secretaria de Estado Hillary Clinton trabajó con éxito para evitar que Zelaya regresara a su cargo (lo cual admitió en su libro de 2014).
Aunque a ratos denuncia violaciones de derechos humanos por parte de gobiernos pro-estadounidenses, la división de las Américas de HRW también a menudo ignora o presta poca atención a los terribles crímenes que se cometen en colaboración con el Gobierno de Estados Unidos en este hemisferio. Uno de los peores ejemplos fue el derrocamiento del gobierno electo de Haití en 2004, después de lo cual hubo una matanza de miles de personas y encarcelamiento de funcionarios del gobierno constitucional.
La OEA también tiene una historia accidentada con respecto a los derechos humanos, incluso jugó un papel importante en el derrocamiento del Presidente electo de Haití en 2004 y revirtió los resultados de las elecciones de 2010 en ese país, por solicitud de Washington. No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió un comunicado en septiembre expresando su preocupación por la destitución de Dilma, y el Secretario General de la OEA, un aliado firme de Estados Unidos, emitió una denuncia detallada, en términos mucho más contundentes, cuando se inició el proceso de destitución. Todo lo anterior contrasta marcadamente con las declaraciones de Vivanco en representación de la división de las Américas de Human Rights Watch.
Repetida y sistemáticamente, HRW ha descartado o ignorado las críticas sinceras y bien documentadas en torno a sus conflictos de intereses. Estos incluyen cartas por parte de premios Nobel, antiguos altos funcionarios de la ONU y eruditos que instan a HRW a que «excluya del personal de HRW, de sus asesores o de miembros de la junta a quienes hayan elaborado o ejecutado la política exterior norteamericana», o incluso a que «quienes tengan responsabilidad directa en torno a las violaciones de derechos humanos» sean excluidos de participar en las juntas directivas de organizaciones independientes de derechos humanos como Human Rights Watch.
Los gobiernos que cometen violaciones de los derechos humanos – lo cual incluye a casi todos los gobiernos del mundo – a menudo atacan a las organizaciones occidentales de derechos humanos o a sus aliados internos (a veces financiados por EE.UU.) por ser herramientas de los gobiernos occidentales. Por lo tanto es de vital importancia que las organizaciones de derechos humanos se apeguen a sus principios declarados y defiendan los derechos humanos, apartadas de los objetivos de la política exterior de Estados Unidos.
Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C. y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del nuevo libro «Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía global» (2016, Akal, Madrid).