Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Un afable caballero, «Mahmoud», llevó a este observador hasta el Tribunal Popular de Bengasi (Mahkamat al-Sha’b), donde me mostró la recién pintada sala del tribunal donde el 19 de diciembre de 2006, Mustafa Abdul Jalil, actual líder del CNT y desde hacía tiempo favorito de la CIA, ratificó en dos ocasiones las sentencias a muerte con pelotón de fusilamiento contra un doctor palestino, Ashraf al-Hujuj, y cinco enfermeras bulgaras: Kristiyana Valtcheva, Nasya Nenova, Valentina Siropulo, Valya Chevenyashka y Snezhana Dimitrova. Fue el fiscal libio quien había pedido sentencias de muerte en su primera declaración realizada cuatro meses antes, durante la última apelación presentada en la farsa de juicio desarrollada en el caso por infección de SIDA 607/2003, celebrado en la corte penal de Bengasi.
El juez de la apelación en aquel caso no fue otro que el actual jefe del Consejo Nacional de Transición (CNT) instalado por la OTAN, Mustafa Abdul Jalil, cuya educación formal legal consistió en asistir a algunas clases de derecho de la Sharia. Después de la decisión tomada tras la apelación del caso, y por parte de otros servicios rendidos al anterior régimen, Jalil fue recompensado con el puesto de ministro de justicia. Sirvió lealmente en el mismo hasta que los socios estadounidenses animaron a dimitir al inmensamente ambicioso ministro el 24 de febrero de 2011, día en que incorporó como «líder» a la sublevación iniciada en Bengasi.
En el caso de las enfermeras de Bengasi, el «juez» Jalil sabía que las acusadas eran inocentes y que habían sido regular y gravemente torturadas durante los años de estuvieron en la cárcel y obligadas a hacer falsas confesiones de las que más tarde se retractaron. También sabía que las familias de los falsos testigos del gobierno contra los «Seis de Bengasi» habían sido amenazadas de muerte si sus familiares no testificaban que habían sido las acusadas quienes habían infectado de SIDA a 426 niños libios en el hospital Al-Fateh de Bengasi. Jalil conocía asimismo, y la comunidad médica internacional y libia también, que fueron las insalubres condiciones del hospital las que hicieron que se propagara el virus del SIDA que se había originado en Bengasi a partir de trabajadores inmigrantes africanos mucho antes de la llegada del equipo médico humanitario búlgaro y palestino.
Durante su «revisión judicial», Jalil ignoró las normas más elementales de un procedimiento judicial penal y no pareció comprender el hecho de que sin derechos de procedimiento ninguna persona acusada posee derechos sustantivos.
Desde el primer día de las diligencias contra los «Seis de Bengasi», que se extendieron durante más de cinco años, se puso en marcha un ejercicio político. Ese podría ser el caso en la apertura de cualquier juicio a cualquier partidario del anterior régimen, incluidos Saif al Islam, Abdullah al-Senussi, Abu Zeid Dorda, el ex primer ministro libio al-Baghdadi al-Mahmudi, el ex viceministro de asuntos exteriores Jaled Qiam y otros. Si su juicio se celebra en Libia, no es en absoluto seguro que sigan vivos cuando los juicios comiencen. Esto se debe a la actual anarquía y maniobras políticas entre los centros de poder del CNT y la extendida sed de venganza que recorre hoy toda Libia desdeñando las nociones internacionales a favor de juicios justos.
Jalil, quien anunció recientemente que en Libia se les permitiría a los hombres tener cuatro esposas porque la «Nueva Libia» iba a seguir estrictamente la ley de la Sharia y cuatro esposas es lo que permite el Corán, quiere que los juicios se celebren en Libia. Tratará de convencer al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que visita actualmente Libia en nombre de la CPI, que Libia debería ser la sede de los juicios al régimen de Gadafi y no La Haya. Quizá Jalil le diga a Ocampo que no se preocupe acerca de los juicios justos en Libia porque hay un área en particular en la que las leyes libias son contradictorias con la Sharia, que es en la del derecho penal. Los castigos bajo el régimen de Gadafi eran más suaves que los fijados por los castigos tradicionales islámicos disuasorios Hudud, de los cuales se ha informado que Jalil es partidario aunque los funcionarios del actual ministerio de justicia dicen que en los castigos actuales no se aplicará el Hudud.
La tarea de Ocampo será explicar los pasos legales a las autoridades de Trípoli e intentar convencerles que La Haya es la mejor opción para los inminentes juicios. En última instancia, parece que es competencia de los jueces de la CPI, apoyados por la ONU, decidir si transfieren al CNT los casos contra Saif al Islam y Abdullah al-Senussi.
Jalil contará con el apoyo de la Casa Blanca y de la OTAN en esta cuestión. Así es, el 21 de noviembre, la embajadora de EEUU ante las Naciones Unidas, Susan Rice, le ganó por la mano a Ocampo y se presentó en Libia para anunciar pomposamente que EEUU no presionará a Libia para que envíe a Saif al-Islam a la CPI en La Haya, un tribunal penal internacional cuya jurisdicción ha rechazado la administración Obama a pesar de que 119 países sí la reconocen.
Lo que la Casa Blanca y la OTAN quieren es silenciar a antiguos partidarios clave de Gadafi como Seif al-Islam (recuerden el juicio a Sadam, a Osama y Muammar) antes de que puedan revelar los criminales manejos de los dirigentes de los países de la OTAN. Todo apunta a que van a asesinar a los acusados encarcelados a menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que permitió que se destruyera a Libia a través de su Resolución 1973, intervenga en defensa de los principios humanitarios de la ONU.
Volviendo al tema de mi ujier en la sala del tribunal, que trabaja actualmente en Bengasi como oficial de enlace del CNT con algunas de las unidades especiales de la OTAN que siguen activas, me mostró el gran ventanal de la sala adornado al estilo italiano que, como la sala, estaba también recién pintado. Pasando el dedo índice por el borde del ventanal para mostrarme que estaba limpio de polvo, explicó: «Como puede ver en nuestra recién pintada sala del tribunal estamos preparados para traer a esos perros ante la justicia y no queremos ninguna interferencia extranjera en nuestro país. Podemos cuidar de nuestros propios problemas». Al no saber qué decir, me guardé para mí mis pensamientos, entre los que se incluía que si la nueva actitud de mi guía sobre las injerencias extranjeras hubiera prevalecido hace nueve meses, Libia no habría contemplado a decenas de miles de seres asesinados, heridos o con la vida desbaratada, y esto último está afectando a toda la población libia.
Los sucesos anteriores, la farsa de juicio y el hecho de equiparar la pintura de una sala con la disposición para administrar justicia, dejan muy claro a este observador que Libia no está aún preparada para llevar a cabo juicios penales justos, ni para los 16.000 detenidos actuales (aproximadamente 3.000 todavía en prisión del régimen anterior, y casi 13.000 encarcelados por los proclamados como liberadores de Libia). Libia carece en estos momentos de la capacidad y quizá incluso del consenso sobre lo que sería un juicio justo. Pero parece que actualmente no va a poder celebrarse un juicio justo de los partidarios del anterior régimen de alto perfil.
En parte se debe a que hoy la política que prevalece en Libia y el dictado legal no proceden del pequeño Libro Verde de Gadafi, cuyo volumen I se publicó en 1976, o las palabras grabadas en el exterior de la sede de la ONU en Turtle Bay, Nueva York, de Isaías 2:4: «Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Las naciones no levantarán sus espadas contra las naciones ni se adiestrarán nunca más para la guerra». En lugar del clarín, en Libia se anuncia a bombo y platillo una cita del pequeño Libro Rojo de Mao Tse-Tung publicado en 1964 y que es hoy más real de lo que fue nunca: «El poder político nace del cañón de un arma». A pesar de los gazmoños llamamientos de la OTAN a las casi cuatro docenas de milicias, aunque cada vez se crean más, de que entreguen las armas, la mayoría de las cuales suministradas indirectamente por la OTAN, las bandas armadas de Libia se están rearmando, incrementando las cifras de sus filas y ampliando el alcance y la variedad de «sus parámetros de seguridad», todo diseñado para maximizar su poder político en el período de continuadas turbulencias durante las que aparecerán y se vendrán abajo una serie de nuevos y débiles gobiernos.
Grupos importantes de milicias como los Zintanis, que capturaron a Seif, o los de Misrata, que mataron a Muammar, y la mayoría de los grupos organizados que son islamistas, han organizado redes para apoyar sus exigencias de puestos importantes en el nuevo gobierno. El esperado anuncio del primer ministro interino Abdul Rahim al-Keib de un nuevo gobierno interino se considera un punto de partida de estas milicias más fuertes en el proceso de maniobras para conseguir el control total.
Esta ausencia de control sobre las milicias se hace solo demasiado evidente en el trato a los cautivos y ciudades capturados del régimen anterior. Por todas partes se oyen informaciones sobre ajustes de cuentas. Ignorando la proclamada autoridad del CNT, las milicias continúan saqueando las ciudades formalmente leales a Gadafi mientras inflingen sangrientas represalias incluso sobre milicias rivales opuestas al régimen anterior. En lugar de entregar las armas capturadas en los arsenales del gobierno a las autoridades, las milicias las están desviando a sus ciudades natales. Hasta ahora, el gobierno interino ha sido incapaz de ejercer una autoridad real sobre un país inundado de armas y hombres armados.
A este observador se le acercó la pasada semana en el lobby de un hotel de cinco estrellas en Trípoli un hombre de negocios israelí que se quejaba en broma: «¿Por qué esta gente no habla hebreo?» Quizá debería abrir aquí una escuela». Como muchos de sus compatriotas y cientos de los países de la OTAN, los israelíes no encuentran problema alguno para conseguir visado. No ocurre lo mismo con los africanos a los que se mantiene en las fronteras como si fueran ganado hasta ser examinados en grupos de cientos por bien pagados agentes de la construcción y del servicio doméstico que procederán con ellos al estilo libanés: «Guardándose sus pasaportes y pagándoles una miseria», utilizándoles como mano de obra esclavista. Los montones que llegan a Libia para hacer negocios, con algunos de los cuales este observador ha hablado, aceptan cualquier tipo de negocio con tal de que sea atractivo. «Si Dios quiere, haremos de este país otro Dubai», opinó un sujeto cuando le preguntaron si conocía a algún agente inmobiliario que pudiera ayudar a comprar una playa barata frente al Mediterráneo para construir un enclave turístico.
Para disgusto de este observador, incluso amigos de la princesa chadiana que trabaja con la especialista en medicina tradicional sahariana, la Dra. Fatma, quien curó más o menos mi pierna el pasado agosto, y cuyo equipo todavía controla mis necesarias terapias físicas ambulatorias, están metiéndose en el negocio de las armas.
El cuadro actual de Libia es el de un país dividido en letales facciones rivales. Tarak Barkawi, de la Universidad de Cambridge, describe agudamente a Libia como un país «plegado de rivalidades, envidias y deudas de sangre». El mismo CNT es una colección dispar de elementos desertores del régimen anterior, islamistas, expatriados laicos y bereberes, con muchos de ellos desconfiando profundamente del líder del CNT Jalil, que nunca ha explicado adecuadamente su papel en el asesinato cometido en julio de su rival, el ex ministro del interior, el general Younis, después de que éste se uniera a los rebeldes.
Un equipo legal internacional está trabajando en un informe para el Consejo de Seguridad, la Corte Penal Internacional y el Consejo Nacional Transitorio de Libia, preparando los argumentos a utilizar con los ex partidarios del régimen de Gadafi en un esfuerzo por convencer a aquellas entidades de que los hechos y el derecho de este caso exigen que sus juicios se trasladen de Libia a La Haya.
Se espera que el informe se haga público el 15 de diciembre de 2011. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU debe apoyar a la CPI y asegurar que se trasladen a La Haya las farsas de juicio libias a los partidarios del anterior régimen que han sido acusados.
Franklin Lamb se encuentra en estos momentos investigando en Libia. Puede contactarse con él en: [email protected] . Es autor de «The Price We Pay: A Quarter Century of Israel’s use of American Weapon’s against Lebanon» (1978-2006), disponible en Amazon.com.uk, y de«Hizbollah: A Brief Guide for Beginners». Ha participado en las investigaciones de la Comisión Kahan sobre la masacre de Sabra y Shatila. Es miembro de la Fundación que lleva ese mismo nombre y de la Campaña por los Derechos Civiles de Palestina.