Comunicado del Área Federal de Educación de Izquierda Unida
Rajoy ha designado como nuevo ministro de Educación a Iñigo Méndez de Vigo y Montojo, hasta ese momento Secretario de Estado para la Unión Europea y un ferviente seguidor de las corrientes más conservadoras de la Iglesia Católica. Su única relación con la educación es haber sido profesor de universidades privadas y presidente de consejos de administración de centros privados. Esto demuestra que el interés del Partido Popular por la educación es como causa ideológica o como moneda de cambio entregándola a alguien, para que sea su responsable, en pago por los servicios prestados.
El curso que viene se inicia con un ministerio de Educación en descomposición. Un ministerio que ha impuesto una contrarreforma educativa a sangre y fuego y que la ha mantenido contra todos los criterios posibles. Pero que, a escasos meses de las elecciones generales, sus máximos responsables emprenden una huida hacia adelante y abandonan el barco o les obligan a abandonarlo.
Rajoy, en las postrimerías de su mandato, ha decidido poner la Educación en manos del sector ‘ultracatólico’ de su partido. Íñigo Méndez es no sólo exprofesor de universidades privadas, presidente de consejos de administración de centros privados, sino barón de Claret, hijo de la condesa de Areny y hermano de la Secretaria General del CNI, ligado a la democracia cristiana del Marqués Marcelino Oreja y defensor del «valor ecológico del toreo». Si con Wert asistimos a un rosario de recortes, potenciación del sector privado, introducción del sector empresarial en la educación pública, subida de tasas y recorte de becas, segregación y selección de los estudiantes con más dificultades y reintroducción del nacionalcatolicismo en las aulas, cómo no imaginarse cuál será el breve futuro que nos depara este nuevo ministro de aquí a las elecciones generales.
La educación no se merece estos dirigentes. La comunidad educativa no se merece que sea moneda de cambio y de apalancamiento de familias en un gobierno en descomposición. La educación es el futuro de una sociedad. No el futuro productivo, sino el futuro de desarrollo personal, colectivo y de bienestar y felicidad social. El PP está jugando con fuego y lo estamos pagando la sociedad en su conjunto y la comunidad educativa en particular.
Pero las últimas elecciones autonómicas arrojan un resultado claro: derogación de la LOMCE. La población que apoya a los partidos que se han comprometido a derogar la LOMCE es mayoría. Por eso, con el inicio del nuevo curso en septiembre, ya no se trata sólo de paralizar la aplicación de una contrarreforma educativa que atenta contra el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, y que busca seleccionar futuras élites dirigentes segregando y excluyendo a quienes más apoyo necesitan, sino de avanzar en el amplio debate que se está realizando ya con toda la comunidad educativa, los movimientos sociales, los sindicatos, especialistas en educación, partidos políticos y mareas verdes, en la construcción colectiva de una alternativa compartida de modelo educativo y que se plasmará en el denominado ‘Documento de bases para una nueva Ley de Educación, Acuerdo social y político educativo‘. Las Comunidades Autónomas deben sumarse también a esta propuesta que dé, por fin, estabilidad al sistema educativo español.