Joan Herrera, diputado de IU-ICV. Nacido en Barcelona hace 34 años, Joan Herrera es licenciado en Derecho y está especializado en urbanismo y medio ambiente. Activista desde muy joven en movimientos como el 0,7% (en favor de la cooperación con los países no desarrollados) y Attac (antibélico), es actualmente miembro del grupo parlamentario formado por […]
Joan Herrera, diputado de IU-ICV. Nacido en Barcelona hace 34 años, Joan Herrera es licenciado en Derecho y está especializado en urbanismo y medio ambiente. Activista desde muy joven en movimientos como el 0,7% (en favor de la cooperación con los países no desarrollados) y Attac (antibélico), es actualmente miembro del grupo parlamentario formado por Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), formación esta última de la que forma parte.
El diputado de IU-ICV Joan Herrera está detrás de muchas preguntas sobre Canarias relacionadas con el impacto medioambiental del puerto industrial de Granadilla, los daños ecológicos de las maniobras militares de la OTAN o las prácticas ilegales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en suelo insular. La última pregunta, el pasado martes, tiene que ver con la presencia en Tenerife y Gran Canaria de centros de escucha de la CIA.
– ¿Qué persigue su grupo con la pregunta sobre si existen en Canarias, como en otros puntos de España, Centros de Inteligencia Contraterroristas (CTIC)?
– Queremos saber de forma oficial si estos centros de escuchas existen. A nosotros no nos ha respondido el Gobierno pese a que nos hemos interesado por este asunto. Hemos consultado con responsables de los ministerios de Asuntos Exteriores e Interior, entre otros. Lo que queremos son datos, que el Gobierno asegure si estos centros operan o no en territorio español. Creemos que puede haber algunos operando en Canarias, Baleares y algún otro sitio.
– ¿Tiene constancia de su existencia?
– Tenemos noticias de que existen en Canarias y Baleares. Pero no hay una confirmación del Gobierno central. En las otras preguntas ni afirmaron ni negaron estos hechos las fuentes gubernamentales, preguntas para en el fondo saber si los servicios de espionaje estadounidenses actúan con impunidad en nuestro territorio. Queremos que haya investigaciones a nivel nacional y europeo. Ningún convenio puede amparar un secuestro o unos centros de escuchas. Ningún convenio puede amparar actividades ilegales como las de la CIA en Canarias.
– Su grupo parlamentario está sacando muchas iniciativas para que se aclaren estas actividades irregulares. ¿Por qué?
– Nos interesan mucho estos asuntos primordialmente porque creemos que la cuestión de los derechos humanos no es negociable. España retiró las tropas de Irak, pero después de ese gesto, que muchos celebramos, ha habido una actitud permisiva en torno a determinadas actividades de Estados Unidos. Ante estas situaciones, lo que hacemos es exigir información al Gobierno español y que no mire hacia otro lado sobre derechos humanos. No puede ser que tengamos una Audiencia Nacional que es exigente con los derechos humanos con asesinos y criminales de guerra de la antigua Yugoslavia y, en cambio, ante situaciones de impunidad legal y de serias infracciones por parte de Estados Unidos se responda como si fueran normales.
– Sucede que Canarias aparece en muchas de estas iniciativas…
– … es que lo que pasa con Canarias es que hemos detectado allí muchas actividades de este tipo. Por ejemplo, las escalas de los vuelos o de los barcos que abastecieron de armas a los conflictos de Irak y Afganistán.
– ¿Cuáles son las connotaciones ecologistas en estas reivindicaciones?
– Hay otros casos como los protagonizados por las maniobras militares de la OTAN frente a Lanzarote y Fuerteventura, con un serio perjuicio sobre los cetáceos. Es que no sólo es un problema de legalidad, seguridad y derechos humanos, sino también medioambiental. España no tiene que asumir estos riesgos, no tiene que recibir buques de abastecimiento de armas bajo amenaza de ataques terroristas, ni tiene que permitir, por mucho poder que tenga tal o cual estado, que se use su territorio para operaciones que contravienen la Convención contra la Tortura, que precisamente España acaba de ratificar hace poco.
– ¿El Gobierno central colabora?
– Nosotros esperamos que responda. Hace poco, en una investigación en el Parlamento Europeo, se pidió la comparecencia del director del CNI [servicio de espionaje español]. Se negó a comparecer. Fue insólito. Tiene que haber un cambio de actitud por parte del Gobierno de Zapatero. Por muy incómodo que sea, las normativas legales están por encima de cualquier situación, y por muy incómodo que le resulte, el Gobierno de Zapatero tiene que impedir determinadas acciones irregulares en su suelo.
– ¿Han pedido cambios en el convenio de defensa hispano-estadounidense?
– Pedimos la revisión de este convenio para evitar abusos por parte de la administración estadounidense.
«El Gobierno evita que EE UU se enfade»
Son la prensa y grupos políticos los que impulsan el esclarecimiento de los operativos de la CIA. ¿Qué opina al respecto?
– Esta maraña se ha ido desvelando gracias a la combinación de un sector exigente del periodismo, de unos gobiernos que han hecho más que el español y de las exigencia de una serie de grupos parlamentarios, digamos pequeños, como el nuestro. Son actores que hacen lo que en realidad debería hacer por sí solo un gobierno.
Cuando empezó a salir en la prensa española lo de las escalas de los vuelos de la CIA, pedimos la comparecencia de Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores. El Ejecutivo dijo entonces que no, que no pasaba nada. Se ha demostrado que tenía importancia, y mucha. Ahí están todas las investigaciones en curso, todas las denuncias y la gran gravedad de los hechos descubiertos.
Y es que, en realidad, tampoco se pide nada excepcional. Parece como que hay cosas que no se pueden tocar, aunque se sepa que no están nada bien; que no nos atrevemos a hacer. Yo creo que el Gobierno español es reacio a hacer gestos que puedan ser recibidos con hostilidad por el Gobierno estadounidense, a partir precisamente de la retirada de las tropas de Irak.
La política exterior por ejemplo en Afganistán ha supuesto un contrapeso. El Gobierno lo quiere que EE UU se enfade más. Y, claro, con una administración como la de Bush no se puede ser muy condescendiente.