La Universidad de California es el sistema público de universidades más grande de Estados Unidos y probablemente uno de los más grandes del mundo. En la actualidad la Universidad cuenta con 10 campus, los más antiguos como el de Berkeley fundados en el siglo XIX, el más nuevo, el de Merced, fundado en el 2005. […]
La Universidad de California es el sistema público de universidades más grande de Estados Unidos y probablemente uno de los más grandes del mundo. En la actualidad la Universidad cuenta con 10 campus, los más antiguos como el de Berkeley fundados en el siglo XIX, el más nuevo, el de Merced, fundado en el 2005. La Universidad de California cuenta con 191.000 estudiantes y más de 13.000 profesores de planta. En los campus de la Universidad de California se han hecho algunos de los descubrimientos científicos más importantes y también algunos de los más infames como el desarrollo de la bomba atómica. El sistema de la Universidad de California fue diseñado en los años sesenta como parte de un «Master Plan» que incluía la construcción y desarrollo de un sistema público de tres vías (community college, Cal State, and University of California) que, si bien puede ser tildado de elitista, garantizaba un acceso casi universal (muchas minorías seguían y siguen sin tener acceso) a una educación publica de calidad para los californianos y californianas.
Un sistema público de universidades, sumamente eficiente e históricamente bastante barato, especialmente si se compara con el precio de la educación en general en Estados Unidos, es en primer lugar un mal ejemplo para un país en el que todo lo que no tiene una tasa de beneficio como objetivo final se mira con malos ojos y, sobre todo, como una oportunidad perdida para cercar parcelas de conocimiento y venderlas al mejor postor. Por eso, desde principios de los años noventa e incluso antes, el Estado de California ha ido retirando progresivamente la financiación no sólo a la Universidad de California sino a todas las escuelas y universidades públicas del Estado que dependen de su apoyo financiero. En respuesta a estos cortes los administradores de la Universidad de California han recurrido progresiva y simultáneamente a depreciar los salarios de los trabajadores, subir el precio de la matricula y atraer fondos privados.
El pasado 24 de septiembre y ante la amenaza de privatizar totalmente la Universidad de California para que no dependa más del dinero publico, una coalición de estudiantes, trabajadores y profesores salió a la calle para protestar por el desmantelamiento de un sistema público de educación que ha permitido a generaciones de californianos recibir una educación de calidad a precios razonables. En los diez campus de la Universidad de California, estudiantes, profesores y trabajadores suspendieron clases y actividades laborales, marcharon juntos e incluso ocuparon edificios de la universidad en protesta. En Berkeley, donde las clases empiezan un mes antes que en los demás campus, más de 5.000 manifestantes se congregaron en Sproul Plaza (uno de los enclaves históricos de las protestas de los años sesenta) para defender la educación pública en California. Después de congregarse en Sproul Plaza los manifestantes, marcharon por el campus para después salir al centro de la ciudad, desbordar a la policia y cortar el tráfico con una sentada que duró más de dos horas. Los activistas más veteranos del lugar afirman que es la protesta más grande que se recuerda en más de dos décadas. El ambiente festivo y el entusiasmo de los manifestantes en todos los campus puede ser el preludio de una ola de protestas sostenida en todo el sistema.
El origen del problema que generó las protestas se remonta principios de junio, momento en el que el gobernador del Estado de California, Arnold Schwarzenegger, retiró 753 millones de dólares de la aportación del Estado a la Universidad de California. A mediados de julio el presidente de la Universidad de California, Mark Yudof, pidió a los representantes estatales del gobierno de Sacramento poderes para declarar una situación de emergencia financiera que le permitiera lidiar con la crisis sin interferencias de profesores, estudiantes, trabajadores y otros miembros de la comunidad universitaria. La primera medida de Yudof, por supuesto, fue anunciar un plan de reducción laboral forzoso, es decir, a los profesores y trabajadores se les obliga a trabajar menos para evitar los despidos masivos y a cambio se les reduce el salario. La medida en principio parece equitativa y hasta solidaria, pero en la práctica, como muchos miembros de la comunidad universitaria han mostrado, no lo es.
La coalición de sindicatos de la universidad rápidamente propuso un plan alternativo que pedía que los cortes salariales fueran sólo para los ejecutivos mejor pagados, el presidente y los cancilleres de cada campus. Para dar una idea de la justeza de esta medida baste decir que Yudof gana 828.000 dólares y vive en una mansión pagada por la universidad, mientras que el salario de un bedel a tiempo completo es 15.000 dólares. No es lo mismo cortar el 10% de 15.000 que cortarlo de 828.000. Además de evitar los cortes, los sindicatos pedían que la universidad mostrara abiertamente el presupuesto y utilizara parte de sus ahorros y de los beneficios que generan los hospitales y otras instituciones para evitar los ajustes. La coalición de profesores, más modestamente, pidió que no se le redujera el salario a aquellos que ganan menos de 40.000 dólares, mientras que el claustro de profesores pidió que los días no laborables tuvieran lugar en días lectivos como medida de presión frente al gobierno de Schwarzenegger.
Frente a todas estas reivindicaciones y propuestas alternativas Yudof siempre contestó escudándose en que el problema no era de la universidad, sino de la falta de compromiso del Estado de California con la educación pública. Pero antes de continuar con las excusas de Yudof, cabe preguntarse cómo es posible que uno de los estados más ricos del país (la novena economía del mundo por sí sola) no pueda financiar un sistema de educación público exitoso y eficiente. El origen de los problemas fiscales del Estado de California se remonta a la aprobación de la «Propuesta 13» en 1978. La «Propuesta 13» también conocida como «La iniciativa popular para limitar el impuesto a la propiedad» tenía como noble objetivo evitar que las personas mayores fueran desalojadas de sus casas por no poder pagar el impuesto de la propiedad. En realidad la iniciativa partía de dos hombres de negocios conservadores -Jarvis y Gann- que recogían el malestar de las clases más pudientes, una parte de cuyos impuestos -a diferencia de lo que sucedía en el resto del país- se utilizaba para financiar escuelas de calidad en barrios más pobres. Para evitar esta justa redistribución de la riqueza, la «Proposición 13» prohibía subir los impuestos por encima del 1% después del primer año de adquisición de la propiedad y establecía que cualquier modificación del sistema impositivo tendría que contar con la aprobación de dos tercios del parlamento de California.
En la práctica, quiénes más se han beneficiado de la propuesta son las corporaciones financieras, cuyas propiedades inmobiliarias no cambian de manos tan frecuentemente, y los republicanos, que siendo minoría en el parlamento californiano pueden bloquear cualquier intento de subir los impuestos o reformar el sistema impositivo. Este sistema genera situaciones tan paradójicas como por ejemplo que el propietario de una casa recién adquirida pague más impuestos que el dueño de un Banco en el centro de San Francisco adquirido en 1978 o antes. En suma, si se corrigiera esta política impositiva y se tasara la extracción de petróleo (en California opera la Chevron) se solucionarían muchos, si no todos los problemas de financiación pública del Estado de California.
Sin embargo, estos problemas, aun siendo totalmente reales, no excusan la actitud del presidente de la Universidad. Siguiendo la lógica de las grandes corporaciones financieras como Golden Sach, Yudof pretende pasarle el coste de la crisis a trabajadores y estudiantes y aprovechar la situación para privatizar completamente el sistema. En las últimas semanas del verano Yudof ha subido el sueldo a algunos de los ejecutivos mejor compensados de la universidad con la excusa de que su «valor de mercado» justifica estas acciones para impedir que se vayan a otras instituciones (los mismos que no hicieron nada para evitar esta crisis reciben aumentos de salarios), en los próximos meses Yudof pretende subir la matricula un 30%, lo cual situará la subida total del último decenio en un 250%. La matricula costará entonces más de 10.000 dólares al año. Frente a la petición del claustro universitario de tomar los días de descanso forzado en días lectivos, Yudof ha usado sus poderes especiales para forzar a los profesores a no dejar de enseñar y cortar sus horas de trabajo del tiempo de preparación de clase o investigación, es decir, se trata finalmente de hacer trabajar más horas por menos dinero. A los trabajadores de mantenimiento que chantajeó con las reducciones laborales para no despedir a nadie, les ha contestado con despidos arbitrarios.
Es esperanzador que por primera vez en muchos años trabajadores, estudiantes y profesores no acepten esta lógica, es un principio de reacción en un país en el que la movilización popular es imprescindible para frenar este proceso de privatización de los escasos bienes públicos que han quedado fuera del alcance de las corporaciones. Estudiantes, trabajadores y profesores entienden que de no frenar las políticas de Yudof y Schwarzenegger la universidad se convertirá aún más en un exclusivo country club para aquellos que puedan pagar los desorbitados precios de las matriculas. Si Yudof consigue subir la matricula y aceptar más estudiantes de fuera del Estado (pagan más), la Universidad de California no será para los más cualificados, sino para los más ricos, un aspecto que sin duda dejará fuera a los estudiantes más pobres y a las minorías étnicas históricamente excluidas del sistema universitario. Las y los que hoy luchan contra el Plan Bolonia en Europa, tal vez deberían leer esta historia como una fábula instructiva de lo que puede significar la privatización de la educación pública: se empieza por un edificio, un programa, y se acaba con toda la universidad; el apetito de los capitalistas es, ya lo sabemos, insaciable.