El juez Julio de Diego reclamó el expediente de 2,3 millones de dólares gastados por el ex presidente José María Aznar para una condecoración del Congreso estadounidense, reveló ayer un juzgado madrileño. Según esa instancia, el magistrado, perteneciente al juzgado de instrucción 23 capitalino, rechazó la petición de archivar las diligencias sobre las gestiones realizadas […]
El juez Julio de Diego reclamó el expediente de 2,3 millones de dólares gastados por el ex presidente José María Aznar para una condecoración del Congreso estadounidense, reveló ayer un juzgado madrileño.
Según esa instancia, el magistrado, perteneciente al juzgado de instrucción 23 capitalino, rechazó la petición de archivar las diligencias sobre las gestiones realizadas para que Estados Unidos concediese una medalla de oro del Congreso a Aznar.
Por el contrario, De Diego lo que hizo fue reclamar a la Presidencia del Gobierno el expediente completo de aprobación del gasto a fin de tener los suficientes elementos de juicio para determinar una actuación ulterior.
Medios judiciales confirman que el pasado día 13, el juez pidió a Presidencia que remitiese al juzgado toda la documentación relacionada con el escandaloso caso conocido en su momento en España como «la compra de la medalla estadounidense a Aznar».
El letrado pide «el expediente íntegro iniciado tras el acuerdo del Consejo de Ministros de 2003 y aprobación del gasto de 2,3 millones de euros por el procedimiento de imperiosa urgencia, con todas las actuaciones administrativas habidas en el mismo» .
Las informaciones aseguran que el juez inició diligencias a raíz de una denuncia presentada por el abogado José Luis Mazón en julio de 2005 sobre el supuesto desvío de fondos públicos para gestionar la concesión de la medalla, y ordenó que tradujeran unos documentos.
Según ese denunciante, el expediente para las gestiones para la concesión de la medalla a Aznar -que no le llegó a ser concedida- se hizo «para vanagloria personal y de su partido».
Lo grotesco e ilegal, señala, es que ese gasto, que debería haber sido personal del funcionario o de su grupo político, fue pagado con fondos del presupuesto público.