Un grupo de abogados de Estados Unidos, dirigidos por William F. Pepper, el veterano abogado de derechos humanos vinculado a la familia de Martin Luther King, ha irrumpido en la causa española sobre Guantánamo y las torturas de la Administración Bush. Pepper ha aportado al proceso un documento de 121 folios en el que defiende […]
Un grupo de abogados de Estados Unidos, dirigidos por William F. Pepper, el veterano abogado de derechos humanos vinculado a la familia de Martin Luther King, ha irrumpido en la causa española sobre Guantánamo y las torturas de la Administración Bush. Pepper ha aportado al proceso un documento de 121 folios en el que defiende el derecho de España a investigar y sugiere que se amplíe el procedimiento y se impute directamente al ex presidente George W. Bush.
Los abogados de EEUU aportan también a la causa 45 documentos algunos, desclasificados recientemente; otros, de dominio público desde hace años que permiten «trazar el proceso de toma de decisiones» que llevó a la aplicación de métodos equivalentes a la tortura a los detenidos de la «guerra contra el terrorismo».
Toda esta documentación ya forma parte de la causa que instruye el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional contra seis abogados que construyeron el «andamiaje jurídico» que llevó a Guantánamo. Y también se se incorporarán al proceso gemelo que instruye Baltasar Garzón, en el que además de la imputación de los abogados se pide también que se actúe contra figuras políticas de la Administración Bush, como el ex jefe del Pentágono Donald Rumsfeld y su asesora de Seguridad Nacional y luego secretaria de Estado, Condoleezza Rice.
El extenso documento de los abogados estadounidenses solicita que la investigación se amplíe a Bush y a su vicepresidente, Dick Cheney. «Sería injusto no perseguir a los que ocupaban la posición última de autoridad. Sería como procesar a Eichmann y hacer la vista gorda con Hitler», escribe Pepper antes de argumentar jurídicamente su posición.
En EEUU se creará una red de apoyo a la causa de la Audiencia Nacional
El abogado, de 71 años y formado en la Columbia University y la London School of Economics, cita al fiscal general español, Cándido Conde-Pumpido, para reforzar su petición de que se investigue también a Bush. Conde-Pumpido cargó muy duramente contra la querella inicial presentada sólo contra los juristas de Bush y la calificó de «fraudulenta» porque se dirigía contra los abogados y no contra sus responsables políticos.
Ahogamiento simulado y otras torturas
La doble investigación de la Audiencia Nacional sobre la legalización de prácticas equivalentes a tortura como el waterboarding (ahogamiento simulado) ya se ha instalado con fuerza en EEUU y no sólo en forma de editoriales de la prensa de referencia.
La Administración de Obama debe responder a una comisión rogatoria enviada por el juez Velasco interesándose por si hay alguna investigación en marcha en este país. Y el fiscal general estadounidense, Eric Holder, ha dejado clara la intención de colaborar con los requerimientos judiciales de otros países, pese a la virulenta campaña encontra emprendida por pesos pesados neocon como John Bolton.
Los abogados en EEUU también se han tomado muy en serio las causas en España. La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), la gran ONG de derechos civiles que ha forzado la desclasificación de los memorandos secretos de la CIA, mandó a Madrid durante tres días al investigador Jameel Jaffer, que ha ofrecido todo el apoyo de la organización a los querellantes para que España siga adelante con el proceso.
Reclutando abogados
El grupo de Pepper está ahora reclutando abogados para ponerlos también a disposición de la causa y creará una red de apoyo que incluya a activistas y ONG. Él mismo ha redactado el informe que ya está a disposición de la justicia española. «Han sido muchas horas de trabajo pero creo que éste es el caso más importante de mi vida en el avance de la ley internacional de derechos humanos», explica a Público desde Washington, su base de operaciones junto a Londres.
El documento analiza la presunta responsabilidad criminal de Bush y su equipo a partir de los 45 textos oficiales aportados desde la declaración de emergencia nacional, el 14 de septiembre de 2001, hasta los memorandos ahora desclasificados, pero se centra en reforzar el derecho de España a aplicar la jurisdicción universal porque no hay ningún proceso en EEUU.
«Los crímenes que se han cometido son una violación clara de la ley internacional. Se han violado no sólo las obligaciones que la mayoría de naciones se imponen a través de tratados, sino las reglas básicas construidas durante siglos», concluye Pepper.